30 de agosto: Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Una deuda con las víctimas que sigue abierta
Cada 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas nos obliga a detenernos y mirar de frente una de las formas de violencia más crueles que existen: la de arrebatar a una persona, borrar su rastro y negar después cualquier información sobre su paradero. Este año, la fecha coincide con un aniversario especialmente significativo: se cumplen veinte años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptara, el 20 de diciembre de 2006, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
Aquel texto supuso un hito histórico. Por primera vez, la comunidad internacional reconocía la desaparición forzada como un delito autónomo, con una definición propia recogida en su artículo 2: el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad cometida por agentes del Estado, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida. Esta definición no es una cuestión meramente técnica: es la que permite que, mientras no se conozca el destino de la víctima, el delito se considere continuado, y que la búsqueda de la verdad no prescriba con el paso del tiempo.
La Convención introdujo además un elemento decisivo para el trabajo de FIBGAR: el reconocimiento explícito, en su artículo 24, del derecho de las familias a conocer la verdad sobre las circunstancias de la desaparición, la suerte de la persona desaparecida y el resultado de las investigaciones. Este derecho a la verdad, unido a los derechos a la justicia y a la reparación, constituye el marco sobre el que construimos buena parte de nuestra labor en materia de memoria democrática.
Veinte años después de su adopción, sin embargo, la Convención sigue siendo una promesa incompleta. Numerosos Estados aún no la han ratificado, y en muchos de los que sí lo han hecho, los mecanismos de búsqueda, identificación y reparación siguen siendo insuficientes o directamente inexistentes. España es un ejemplo elocuente: pese a los avances introducidos por la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, miles de familias continúan buscando a sus seres queridos, y un capítulo especialmente doloroso —el de las desapariciones forzadas infantiles, conocidas como “bebés robados”— permanece todavía en gran medida sin resolver.
Precisamente por eso, desde FIBGAR llevamos meses trabajando en un proyecto dedicado a visibilizar y documentar las desapariciones forzadas infantiles en España durante el franquismo y los primeros años de la democracia: Desapariciones Forzadas Infantiles: Diálogo por la Justicia y el Cambio Legislativo. A través de una campaña de contenidos en redes sociales, entrevistas a víctimas y la producción de materiales audiovisuales, buscamos dar espacios a las madres, hermanas y hermanos, e hijas e hijos que durante décadas han buscado respuestas sin encontrar más que silencio institucional.
Este trabajo se apoya también en el conocimiento experto que hemos recogido en distintas actividades, como el encuentro celebrado el 3 de junio en la Asociación de la Prensa de Madrid que reunió a víctimas, especialistas en identificación genética y en el acompañamiento a víctimas, y que nos ha permitido entender mejor tanto los avances técnicos como las enormes barreras administrativas y judiciales que las familias siguen encontrando.
El 30 de agosto no puede ser una fecha simbólica más en el calendario. Es una oportunidad para recordar que la desaparición forzada no es un fenómeno del pasado, sino una herida abierta que sigue produciendo víctimas y que exige respuestas activas por parte de los Estados. Veinte años después de la Convención, el reto ya no es normativo, sino de voluntad política y de recursos: garantizar búsquedas efectivas, bancos de ADN accesibles, procesos judiciales ágiles y, sobre todo, el reconocimiento pleno del derecho de las familias a la verdad.
Desde FIBGAR seguiremos trabajando para que ese derecho deje de ser una aspiración y se convierta en una realidad para todas las personas que continúan buscando a quienes les fueron arrebatados.
