¡Basta ya! Son personas, no mercancías
La explotación de niños y adultos para diversos fines como tráfico de órganos, trabajos forzados y explotación sexual, ha sido una práctica constante en la historia de la humanidad; sin embargo, no fue sino hasta el 23 de septiembre de 1913 que se promulgó por primera vez en el mundo una ley contra la prostitución infantil. Esta fue emitida en Argentina, bajo la denominación de la Ley 9.143, conocida como la “Ley Palacios” porque fue redactada e impulsada por el diputado Alfredo Palacios.
Este precedente legislativo representó un cambio de paradigma, porque se prohibió la cosificación de los cuerpos de niñas, niños y mujeres, dando un gran paso en el reconocimiento de sus derechos. Por esto, se estableció la fecha de promulgación de la Ley Palacios como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, en la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres de 1999, que tuvo lugar en Dhaka de Bangladés.
No obstante, la lucha contra estos repudiables hechos delictivos no ha terminado. Según el Informe Global sobre Trata de Personas 2020 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en los últimos 15 años se triplicó el número de niños y niñas víctimas de explotación y trata de personas en todo el mundo y se ha registrado la existencia de 534 flujos de trata de seres humanos a nivel mundial, de acuerdo con los datos recopilados de 148 países; siendo la explotación sexual la principal finalidad para la trata.
En Europa occidental y meridional se registró la mayor proporción de víctimas masculinas en todo el mundo, tanto hombres como niños, esto es, el 49% del total. Además, esta subregión registró un incremento de 10 puntos porcentuales en las víctimas infantiles detectadas de 2016 a 2018 (del 25% al 35%). Mientras que el Centro y Sur de Europa del Este continúa siendo un origen importante de la trata de personas para Europa occidental y meridional.
La situación de pobreza acrecentada por la COVID19 y la crisis migratoria mundial vienen siendo aprovechadas por las redes delictivas. Precisamente la mayoría de las víctimas de trata son inmigrantes en situación de irregularidad, representando el 65% en Europa occidental y meridional, el 60% en Oriente Medio, el 55% en Asia Oriental y el Pacífico, el 50% en Asia Central, siendo los niños, niñas y mujeres los más expuestos a los traficantes, tanto a lo largo de la ruta migratoria como a su llegada a los países de tránsito y destino.
Los Estados han asumido un compromiso de protección de las víctimas y la erradicación de la trata de personas, al aprobar y ratificar la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Convención de Palermo), así como el Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, como también el Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire. Estos compromisos son importantes, pero claramente insuficientes.
Es necesario que todos los Estados revisen su legislación interna y adopten mecanismos de prevención, persecución y sanción de todas las formas de trata de personas en su territorio y, a su vez, redoblen esfuerzos de manera conjunta para identificar a los grupos delictivos en la rutas migratorias y en los puntos críticos, como bien subraya la reciente Resolución del Parlamento Europeo, de 10 de febrero de 2021, sobre la aplicación de la Directiva 2011/36/UE relativa a la prevención y lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas.
Por lo tanto, hoy no solamente conmemoramos el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas, sino que también pedimos a la comunidad internacional que no baje la guardia y se mantenga vigilante, buscando nuevas y mejores estrategias para proteger a las víctimas y sancionar a sus agresores.
Jackeline Payé Salazar, colaboradora FIBGAR.
