España se involucra en la investigación de crímenes en Gaza: la necesidad de reforzar la jurisdicción universal
Este pasado jueves 18 de septiembre, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, autorizó abrir diligencias preprocesales para investigar las acciones del Ejército de Israel en Gaza, a petición de la fiscal de sala de Memoria Democrática, Dolores Delgado.
El decreto firmado faculta al Ministerio Público a colaborar con la investigación que se sigue en la Corte Penal Internacional y en la Corte Internacional de Justicia, cumpliendo así con el principio de cooperación internacional.
España está obligada a cumplir como Estado parte y tiene compromisos claros derivados de tratados internacionales que le imponen prevenir y sancionar los crímenes más graves. Entre ellos se encuentran el Convenio para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, ratificado por España en 1948, que establece la obligación de prevenir y castigar el genocidio, así como las Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales, que obligan a tipificar y sancionar los crímenes de guerra. Además, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, ratificado por España en 2001, impone obligaciones respecto a crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio, incluyendo la cooperación con la Corte y la sanción de estos delitos en la jurisdicción interna si la Corte no actúa.
Estas obligaciones internacionales están reflejadas en el derecho interno español. El Código Penal incorpora los delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, y establece la jurisdicción universal, permitiendo que los tribunales españoles investiguen y juzguen estos crímenes, aunque se hayan cometido fuera de España y sin que haya víctimas españolas. Además, algunos de estos delitos generan obligaciones erga omnes según el derecho internacional consuetudinario, es decir, obligaciones hacia toda la comunidad internacional, que España debe respetar y hacer cumplir.
Aunque el fiscal ha indicado que estará involucrado también el Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, la posibilidad de que este tribunal abra una investigación penal se ve limitada por la reforma de la jurisdicción internacional de 2014.
Durante décadas, España lideró la aplicación de la jurisdicción universal con casos emblemáticos como Pinochet, Scilingo, Guatemala, El Salvador, los vuelos de la CIA o el Tíbet, consolidándose como referente mundial en la protección de los derechos humanos.
Hoy, estas posibilidades se han visto restringidas por las reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial, especialmente las de 2009 y 2014, que introdujeron requisitos de conexión con España y eliminaron la acción popular, herramienta crucial para que colectivos y ONGs pudieran perseguir crímenes internacionales.
Mientras tanto, otros países europeos mantienen investigaciones en virtud de la jurisdicción universal.
En Bélgica se investiga a un ciudadano de doble nacionalidad belga-israelí, presuntamente integrante de la unidad Refaim de francotiradores del Ejército israelí en Gaza, y se evalúa la implicación de otros ciudadanos binacionales con Francia, Alemania, Italia y Sudáfrica.
En el Reino Unido, organizaciones como el Palestinian Centre for Human Rights y el Public Interest Law Centre denunciaron a diez nacionales británicos por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad durante su participación en el ejército israelí en Gaza. En Francia, en 2024, se desestimó una denuncia contra un soldado francés-israelí por tortura y complicidad en tortura como crímenes de guerra.
Alemania, por su parte, recibió en septiembre de 2025 una denuncia presentada por el European Center for Constitutional and Human Rights junto con organizaciones palestinas, señalando a un miembro de las IDF originario de Múnich por su presunta implicación en el asesinato selectivo de civiles desarmados, amparándose en su sólido marco legal de jurisdicción universal, reformado en 2024.
Suecia también ha iniciado investigaciones, aunque no se han detallado implicados ni la naturaleza exacta de los delitos, y su legislación permite perseguir genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra independientemente del lugar de comisión o de la nacionalidad de los involucrados.
Frente a estas barbaridades y crímenes internacionales en curso, España no puede permanecer al margen.
En febrero de 2024, el Congreso aprobó la toma en consideración de la proposición de ley que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial, centrada en la protección de los derechos humanos y la jurisdicción universal.
Esta propone la supresión del apartado 6 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, para recuperar la acción popular y la posibilidad de presentar denuncia ante los tribunales españoles en los delitos para los que se contempla la jurisdicción universal de estos tribunales. Asimismo, plantea modificar también el artículo 23.4 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial para adaptar la persecución de delitos que según las leyes españolas o los tratados internacionales ratificados por el Estado español puedan ser considerados delitos contra la dignidad humana por vulnerar los derechos humanos más básicos. También recupera el acceso a la justicia universal ante tribunales españoles para la persecución y condena de las personas responsables de estos delitos, suprimiendo los condicionantes que lo restringían. Por último, se introduce una disposición transitoria que permite que los procedimientos que fueron archivados por la disposición transitoria única de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, puedan reabrirse para continuar su proceso.
Esto permitiría que España recupere un sistema de justicia internacional que evite la impunidad de graves violaciones de los derechos humanos y garantice justicia a las víctimas.
Desde FIBGAR reiteramos la necesidad de luchar contra la impunidad y de recuperar la jurisdicción universal como instrumento clave de justicia internacional. La apertura de diligencias sobre Gaza es un paso crucial, pero la verdadera protección de los derechos humanos exige que España se comprometa plenamente, que la ley permita a las víctimas acceder a la justicia y que quienes cometen crímenes atroces enfrenten sus responsabilidades.
La jurisdicción universal no puede ser una herramienta limitada; debe ser una garantía efectiva de justicia y reparación para todos, sin excepciones ni retrasos. España tiene la oportunidad y la obligación de liderar nuevamente la lucha contra la impunidad y reafirmar su posición histórica como referente en la defensa de los derechos humanos.
