América Latina se suma la lucha contra las SLAPPs en búsqueda de establecer nuevos estándares de protección
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y el Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos participaron recientemente de una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para analizar sobre los impactos que ha generado sobre los derechos humanos el accionar de las empresas en la región.
Ambas instituciones instaron a la CIDH a elaborar nuevos estándares para la protección de activistas y personas defensoras de los derechos humanos ante el uso intimidatorio de acciones judiciales por parte de las empresas.
El uso de demandas estratégicas contra la participación pública (Strategic Litigation Against Public Participation – SLAPP) es un fenómeno reciente que tiene como objetivo a los defensores de los derechos humanos, junto con periodistas, medios de comunicación independientes, alertadores, así como a todas aquellas personas implicadas en la construcción de la sociedad civil y que actúan en beneficio del interés público.
En este sentido, las organizaciones subrayaron en su comparecencia ante la CIDH la importancia del deber de los Estados de sancionar a aquellas empresas que utilizan el acoso judicial para silenciar a personas y activistas, solicitando el análisis de las actuales leyes anti SLAPP que se han puesto en marcha en otras partes del mundo, a efectos de construir estándares regionales. Esto ayudaría a establecer igualdad de condiciones para la protección de las personas defensoras y asegurarían la coherencia en los deberes de los Estados en las diferentes jurisdicciones nacionales.
El pasado 27 de febrero el Parlamento Europeo aprobó una Directiva relativa a la protección contra demandas estratégicas contra la participación pública, informalmente conocida como la Ley Daphne, en honor a la periodista independiente Daphne Caruana Galizia, asesinada en Malta en el año 2017.
La Directiva garantiza dos salvaguardias: el sobreseimiento anticipado si el caso es infundado y la posibilidad de pedir al demandante que pague las costas procesales estimadas, incluida la representación legal del demandado, y una indemnización por daños y perjuicios. Si el demandado solicita el sobreseimiento anticipado, corresponderá al demandante demostrar que existen motivos para proseguir el procedimiento. El tribunal también puede imponer otras sanciones a los demandantes, que suelen ser políticos, empresas o grupos de presión, como condenarles a pagar una indemnización por daños y perjuicios.
La aprobación de la nueva Directiva europea fue celebrada por el Consorcio PATFox, liderado por FIBGAR, que nació hace dos años precisamente con el objetivo de abordar y atacar esta realidad, buscando proporcionar a profesionales del derecho que defienden a periodistas y organizaciones de medios de comunicación, ONG y activistas, las herramientas necesarias para identificar y desafiar adecuadamente esta forma de abuso. Puedes ver una guía sobre esta nueva Directiva elaborada por el Consorcio aquí.
La legislación anti-SLAPP ha tenido avances significativos en países como Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, a lo que recientemente se ha sumado la Unión Europea, entre otros pocos países y regiones.
Colombia es el único país latinoamericano que ha promovido formalmente una iniciativa anti-SLAPP. En el año 2021 se presentó un proyecto para la modificación del Código General del Procedimiento y la Ley 906 de 2004, con el fin de erradicar el acoso judicial dirigido a cercenar los derechos a la libertad de expresión, información y asociación. El mismo hasta hoy ha naufragado.
Sin embargo, América Latina y el Caribe es una de las regiones más peligrosas del mundo para defensores y activistas de derechos humanos. Un informe publicado en septiembre de 2023 por el Centro de Información de Empresas y Derechos Humanos reveló 1976 ataques en la región, entre ellos, asesinatos, acoso judicial, amenazas de muerte, desapariciones y otras formas de intimidación. Según este informe, más del 85% de los ataques se produjeron en Honduras, México, Brasil, Colombia, Perú y Guatemala. Los sectores más peligrosos para las personas defensoras en la región son la minería, la agroindustria, las energías renovables, la explotación forestal y la madera, así como el petróleo, el gas y el carbón.
La región concentró el 42% de los ataques registrados a nivel global. Dentro de los registros regionales, el 29% de los casos se sustentaron en el acoso y la intimidación judicial, utilizando el mecanismo de las SLAPPs.
La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) son un terreno fértil para avanzar hacia nuevos estándares de protección, así lo subrayaron las instituciones en la audiencia pública.
En noviembre de 2021 la Corte IDH por primera vez en su historia hizo referencia al concepto SLAPP, en el fallo del caso Palacios Urrutia y otros c. Ecuador. La Corte reconoció que la “recurrencia de funcionarios públicos ante instancias judiciales para presentar demandas por delitos de calumnia o injuria, no con el objetivo de obtener una rectificación, sino de silenciar las críticas realizadas respecto a sus actuaciones en la esfera pública, constituye una amenaza a la libertad de expresión”, afirmando que “Este tipo de procesos, conocidos como “SLAPP” (demanda estratégica contra la participación pública), constituye un uso abusivo de los mecanismos judiciales que debe ser regulado y controlado por los Estados, con el objetivo de permitir el ejercicio efectivo de la libertad de expresión”.
En conclusión, la propuesta de establecer nuevos estándares anti-SLAPP en América Latina emerge como un paso crucial en la protección de periodistas, activistas y personas defensoras de los derechos humanos frente a la intimidación judicial. La audiencia pública ante la CIDH resalta la necesidad de construir estándares regionales que garanticen igualdad de condiciones para aquellas personas y aseguren la coherencia en los deberes estatales en la región.
A través de iniciativas como la reciente Directiva europea y los esfuerzos de organizaciones como el Consorcio PATFox, se vislumbra una perspectiva más alentadora para combatir este fenómeno, especialmente crucial en una región donde los ataques contra personas defensoras de derechos humanos son alarmantemente frecuentes. Es imperativo que los Estados de la región tomen medidas concretas para abordar este desafío y garantizar la seguridad y la libertad de expresión para aquellas personas que trabajan en la defensa de los derechos fundamentales.
