Bebés robados: Una tarea pendiente
Hoy, en ocasión del Día Europeo de las Víctimas del Delito, en que se celebra la adopción de la Directiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos, queremos recordar el sufrimiento que siguen padeciendo las familias de las desapariciones forzadas infantiles en España.
Los “bebés robados” fueron todos aquellos niños y niñas sustraídos de forma ilegal a sus madres desde el comienzo de la Guerra Civil Española, durante toda la dictadura franquista y hasta la mitad de los años noventa. Según cálculos realizados por asociaciones de víctimas, el número total podría ascender a 300.000, aunque no existen datos oficiales sobre ello ni métodos estatales que permitan cuantificar el número de afectados.
De acuerdo con la instrucción penal efectuada por el Juzgado de Instrucción Penal N° 5 de la Audiencia Nacional en 2008, considerando la guerra civil y los primeros años del franquismo hasta 1954, unos 30.960 hijos e hijas de mujeres republicanas detenidas fueron entregadas a familias partidarias del régimen, en el marco de una política estatal que pretendía tanto la represión de la mujer republicana como la educación de niñas y niños en los valores que fundamentaban el régimen franquista, con el objetivo de, tal como establecía la Ley de Registro Civil de 1941, “ser reintegrados física y espiritualmente a la patria” gracias al “comportamiento irreprochable” de las parejas a las que eran entregados. Esto también ocurrió con aquellos niños enviados al extranjero por sus padres durante la Guerra Civil, obligados a volver a España y entregados a centros de Auxilio Social, otorgando la patria potestad al Estado, que procedió a darlos en adopción sin conocimiento ni consentimiento de las familias biológicas.
Sin embargo, el fin del franquismo no supuso también el de estos robos sistemáticos de bebés y niños, que continuaron incluso después del retorno a la democracia y que tenían lugar en centros hospitalarios gracias a la colaboración activa o pasiva de empleados públicos, que comunicaban a la familia biológica la muerte de su hijo recién nacido mientras se lo entregaban a otra.
Desde hace varios años, y frente a la inactividad por parte de las instituciones del Estado con el archivo sistemático de las denuncias presentadas por las víctimas por prescripción o falta de pruebas, la lucha por la búsqueda de estos bebés y niños robados ha recaído, exclusivamente, en las asociaciones de víctimas, formadas por las propias madres, que luchan para sacar a la luz la verdad y encontrar y devolver la identidad a las personas desaparecidas.
Tal como afirma María Bueno, presidenta de ALUMBRA (Asociación por la Lucha de Madres por Bebés Robados de Andalucía) y víctima de estos hechos, a quien arrebataron a su hija en la Nochebuena de 1981, “Sabemos que los hijos que tuvimos no son los que vamos a encontrar, pero al menos que sepan la verdad, que no los abandonamos”.
Teniendo en cuenta que todas estas reclamaciones están amparadas por multitud de normativas nacionales e internacionales, incluso de rango constitucional, que reconocen los derechos de las víctimas de estas sustracciones ilegales, no se entiende la inacción por parte del Estado.
Tanto la Constitución Española en su Artículo 10.1 como la Convención sobre Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por España en 1990, reconocen el derecho a la identidad tanto del niño como de sus padres, entendido como presupuesto necesario para el libre ejercicio de la personalidad y los derechos inherentes a la misma, y calificado por la propia norma constitucional como fundamento del orden democrático de nuestro país.
Por su parte, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (2006), que España ratificó en 2011, establece el derecho a conocer la verdad sobre las circunstancias de una desaparición forzada y la suerte de la persona desaparecida e impone a los Estados parte el deber de tomar las medidas necesarias para prevenir y sancionar penalmente la apropiación en sí misma como la falsificación o destrucción de documentos que prueben la verdadera identidad de los niños.
Así, a pesar de las investigaciones realizadas por estas asociaciones, que descubrieron que sus hijos no entraban en los cementerios, sus partos no figuraban en los libros de registros de partos de los hospitales o constaban datos falsos sobre las fechas de alumbramiento, sus casos llevan años en vía judicial sin que haya transcendido nada.
En FIBGAR hemos acompañado a estas madres y colaboramos con ellas en un arduo proceso de documentación de casos, lo que nos permitió presentar una denuncia conjunta ante la Fiscalía General del Estado en noviembre de 2020, que fue acogida a trámite el 5 de enero de 2021, pero pronto tuvo un resultado lamentable, pues prácticamente todos los casos han sido archivados en menos de un año, sin avances reales en las investigaciones.
Frente a la impunidad de estos crímenes, en 2020 fue registrada en el Congreso de los Diputados, la “Proposición de Ley sobre Bebés Robados”, cuyo objeto fundamental es “proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para el reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas del denominado robo de bebés en el Estado español”.
Sin embargo, a día de hoy, la tramitación de dicha ley sigue en pausa, y aun no se ha dado respuesta al ofrecimiento realizado por las Naciones Unidas sobre colaboración y asistencia para garantizar la aplicación de la misma o las recomendaciones realizadas, en 2014, en materia de establecimiento de medidas en relación con la desaparición de niñas y niños tanto por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas como por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff, quienes lamentan las insuficientes actuaciones llevadas a cabo por el Estado español y le urgen a asumir sus obligaciones internacionales en materia de búsqueda de personas desaparecidas, “fortaleciendo los esfuerzos con miras a buscar e identificar a los niños y niñas que podrían haber sido víctimas de la apropiación y garantizar un Banco Nacional de ADN que integre muestras genéticas de todos los casos denunciados”.
En esta misma línea, es necesario mencionar el Informe de la Misión y Recomendaciones de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo de 2017, elaborado a raíz de la visita de inspección realizada en España, que establece 31 recomendaciones basadas en los ya mencionados derechos a la verdad, la justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas por el robo de bebés, no muy diferentes a las ya formuladas por otros organismos internacionales en esta materia.
Desde FIBGAR, no olvidamos los crímenes cometidos y seguimos luchando junto a las asociaciones de víctimas para avanzar hacia la verdad y reparación de estos crímenes. Por ello, tenemos abierto el buzón bebesrobados@fibgar.org a través del cual las víctimas pueden solicitar información para unirse a la denuncia presentada ante la Fiscalía General del Estado por desaparición forzada infantil y delitos aparejados del 19 de noviembre de 2020.
Paula Almendros, colaboradora de FIBGAR.
