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Bring Ahmad Home

“We know too well that our freedom is incomplete without the freedom of the Palestinians”.

Nelson Mandela

“We are now confronted with the task of assisting our sisters and brothers in Palestine as they battle against Israeli apartheid today.”

Angela Davis

En estos tiempos en los cuales ciudadanos del mundo entero levantan el puño al aire y asientan la rodilla al suelo gritando “déjennos respirar”, elevamos ese mismo puño para acompañar el rugido inagotable para la libertad de nuestras hermanas y hermanos palestinos, que luchan con sus existencias diarias desde más de 50 años, por el derecho a vivir y ser libres. Y, más en particular, desde el 23 de junio, nuestras marchas acompañan el duelo de la familia de Ahmad Erafat, joven de 28 años, ejecutado, desangrado por la única razón de haber respirado, de haber existido, de haber nacido palestino.

La conciencia creciente sobre las consecuencias y causas bélicas del racismo nos tendría que llevar per se a aunarnos a la lucha palestina, entendiendo las similitudes del apartheid actual palestino al de Sudáfrica en su momento, del colonialismo europeo al colonialismo israelí, empatizando frente a la misma injusticia de poder ser asesinado, ejecutado, asfixiado en total impunidad por el sólo hecho de pertenecer a la raza, la cultura o país supuestamente equivocado.

            Ahmad Erekat ha sido ejecutado por las fuerzas de ocupación israelí (IOF) en el check-point militar “container” que divide el sudeste de Jerusalén-Este ocupado de Belém. Después de haber perdido el control de su coche, salió de ese mismo con las manos al aire, en señal de paz. Las fuerzas israelís no dudaron más de algunos segundos para abrir fuego y disparar al joven Ahmad, que cayó enseguida al suelo. Algunos segundos de inadvertencia que resultaron en una hora y media de desangramiento, espectáculo de horror al cual asistieron los paramédicos y la ambulancia, impedidos de dar asistencia médica por órdenes de las fuerzas de ocupación. No pudiendo explicar esta barbarie, las autoridades se defendieron acusando a Ahmad de atacar voluntariamente a las autoridades e intentar escaparse de una oficial; como prueba ofrecieron el video de seguridad donde se ve efectivamente el coche perdiendo el control, pero en lugar de ver a Ahmad saliendo del vehículo desarmado y manos al aire, se ve una nube borrosa. Solamente después de la presión de la familia y organizaciones civiles el video original fue publicado, desmantelando de esta manera el argumentario israelí.  Sin embargo, a pesar de la indiscutible, innecesaria, injusta e ilegal violencia mortal, el acto sigue sin ser condenado y la familia lleva 27 días sin poder velar el cuerpo, que todavía sigue retenido por las autoridades israelíes. 

            Esta es la historia de Ahmad Erekat y de su familia, pero es también la historia de Palestina, una historia representativa del infierno que se sigue viviendo a diario, en medio de un cómplice silencio internacional abismal. Para entenderlo, se debe analizar cada uno de los hechos enunciados a través de una perspectiva sistémica y no individual, aunque siempre recordando la humanidad detrás de estos hechos.

            Los sistemas de “check-points” (puntos de control) se implementaron en 1967, cuando Israel ocupó ilegalmente territorios palestinos y adoptó una política de restricción de movimiento como herramienta de dominación y control moderno para someter los cuerpos y mentes de una población humillada. La relación de dominación que ejerce el poder israelí sobre la población palestina por medio de los puntos de control, ya no sólo es usada para regular la circulación, sino que simboliza una clasificación civil y social impuesta, constante recordatorio de la colonización. 

            Los “check-points”, más de 600 en todo el territorio, han sido considerados como herramienta de castigo colectivo por Human Rights Watch en 2005, violando por ende el artículo 33 del IV Convenio de Ginebra, que declara “prohibidos los castigos colectivos, así como toda medida de intimidación o de terrorismo”.

Los hechos ocurrieron en un puesto de control interno y permanente, que divide West Bank en Abu Dis, territorio sometido al control palestino. Este punto es conocido por ser el escenario de varias ejecuciones extrajudiciales. A diferencia de otros, ya no tiene como fin controlar y diferenciar las salidas y entradas de territorios bajo administración palestina o israelí sino imponer una clasificación y control colonial en el centro mismo de un territorio bajo control palestino.

Además de la violencia simbólica y la restricción de movimiento, en esos espacios el derecho a la vida de la población palestina queda entregado a la discrecionalidad de las fuerzas armadas israelíes, que pueden “disparar-a-matar” con total impunidad, incluso antes de determinar si la persona representa una real amenaza inmediata, porque el fin no es disuadir a los “sospechosos”, sino aterrorizar a la población palestina. 

Hablamos de estrategia porque no se trata de actos individuales, de una mala decisión o de un error puntual de ciertos soldados, sino que es fruto de un discurso político y militar asumido públicamente, que se enmarca en una política definida, tal como nos lo demuestra por ejemplo el reporte realizado por Human Rights Watch en 2017, en el cual se analizan los discursos políticos del gobierno y de las fuerzas militares que incitan positiva y directamente a “disparar-a-matar”, violando así los «Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley», de Naciones Unidas.

            Como extensión del ejercicio de poder sobre la vida y la muerte de los palestinos está la imposición de una semántica y una narrativa. Se usan terminologías imprecisas, como “terrorista”, que se definen de una forma enunciativa, más propia de un ejercicio de poder y una condena ideológica[1] que de una realidad contrastada, con el fin de deshumanizar al adversario y justificar así el despojo del derecho a la vida. La imprecisión terminológica es clave, ya que permite una interpretación discrecional, inevitablemente acompañada de arbitrariedad. Así, lo que determina la posibilidad de justicia o la eterna impunidad depende de la mera sospecha de ser un «terrorista». Fue exactamente eso lo que se intentó hacer con la publicación del video con la imagen borrosa de Ahmad, despojarlo de su humanidad para justificar su muerte inhumana por desangramiento a la vista de todos, así como la retención de su cuerpo, castigando a su familia, imposibilitándola de hacer el duelo a través de los rituales funerarios.

            La retención de los cuerpos es un castigo colectivo, no solamente desde un punto de vista legal, sino tradicional, espiritual y religioso. En el islam, todas las etapas importantes de la vida son celebradas y acompañadas por los familiares y los seres queridos. Tal como se acompaña el nacimiento dando la bienvenida con comida, bendición, sacrificio, debe haber un acompañamiento durante la muerte. No poder acompañar al difunto y realizar esos ritos es de una violencia extrema para la familia que le impide encontrar la paz, la serenidad y cerrar el duelo. Hoy en día, esta situación afecta a 63 familias palestinas. Son 63 cuerpos desaparecidos, retenidos como simples mercancías o monedas de cambio para una eventual negociación.

            La Corte Suprema de Israel ha validado a la ley que permite la retención de cuerpos sin vida de «terroristas» palestinos, con el fin de usarlos como moneda de cambio durante los procesos de negociaciones. La autoridad de determinar si el cuerpo se devolverá o no a la familia pertenece a los comandantes de policía. Nuevamente, el poder se ejerce de manera arbitraria sobre una base de imprecisión semántica. Según la presidenta de la Corte Suprema, Esther Hayut, esta ley no iría en contra de las recomendaciones internacionales, ya que no hay una prohibición explícita sobre la retención de cuerpos con fines de negociaciones. Sin embargo, esta interpretación deliberadamente olvida que el artículo 34 del IV Convenio de Ginebra de 1949 prohíbe la toma de rehenes. Además, el artículo 33 de la misma Convención y el artículo 50 del Reglamento de La Haya prohíben los castigos colectivos. 

Esta ley no sólo viola los derechos humanos y la legislación internacional sino también los propios principios establecidos por el Tribunal Supremo Israelí, que restringe las facultades del comandante militar dentro del territorio ocupado, exigiendo que las acciones del comandante beneficien a la población local y protegen sus intereses y derechos.[2]

            Pedir justicia para Ahmad es pedir justicia para el pueblo palestino, es pedir el fin de la ocupación israelí. Y es exactamente lo que la familia de Ahmad ha hecho, apoyados por 83 organizaciones palestinas, regionales e internacionales de la sociedad civil de 16 países, al presentar una acción urgente ante cinco Relatores Especiales de Naciones Unidas[3] por el asesinato intencional de Ahmad Mustafa Erekat.[4] En esa acción se proclama que denegar a Ahmad el derecho a vivir es un crimen de guerra, que denegar a Ahmad el Derecho a la Salud es una forma de discriminación racial, y que la retención del cuerpo de Ahmad asciende a un castigo colectivo.

Las principales peticiones a Naciones Unidas son:

1. Condenar públicamente el asesinato de Ahmad Erekat por ser un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad de apartheid.

2. Ordenar la liberación incondicional del cuerpo de Ahmad, así como de todos los demás cuerpos de palestinos retenidos, además de la condena de esa práctica como castigo colectivo ilegal, equivalente a un acto de tortura hacia la familia de la víctima.

3. Condenar la política de “disparar-a-matar” por su contribución al mantenimiento del régimen de apartheid israelí, de opresión y dominación racial sistémico hacia el pueblo Palestino.

4. Instar a los Estados Miembros de Naciones Unidas a respetar sus obligaciones como terceros Estados, absteniéndose de reconocer como legítima la situación ilegal establecida y mantenida en territorio palestino ocupado por Israel, dejar de prestar ayuda o asistencia para su mantenimiento, y más bien cooperar con Palestina a través de medios legales, entre ellos sanciones y embargos de armas, afín de llevar esta situación ilegal a su fin.

5. Animar a todos los Estados Miembros de Naciones Unidad a abordar las causas fundamentales que prolongan la opresión palestina, entre otras cosas, poniendo fin a la ocupación prolongada y anexión ilegal de Jerusalén por parte de Israel, levantando el cierre de Gaza con efecto inmediato y desmantelando el régimen de apartheid de Israel sobre el pueblo palestino en su conjunto.

Ahora, nos toca a nosotros como comunidad internacional pedir justicia para Ahmad, para el pueblo palestino. No fallemos en nuestra responsabilidad como sociedad civil, no nos dejemos tentar por el silencio cómplice, no permitamos que el pueblo palestino se siga desangrando.

Ines Branco López


[1]Como Angela Davis lo recuerda en su libro Freedom is a Constant Struggle,

[2] Para más información sobre la regulación 133(3), referirse al  articulo: https://www.btselem.org/routine_founded_on_

violence/20191022_hcj_greenlights_holding_palestinian_bodies_as_bargaining_chips

[3] Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967; Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales sumarias o arbitrarias; Relator Especial sobre el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental; Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; Relator Especial sobre las formas contemporáneas del racismo. 

[4]Para ver la acción en Inglés: http://mezan.org/en/uploads/files/15947128341821.pdf