Cinco años de apartheid de género en Afganistán: una prueba para la justicia internacional
Cinco años después de la toma de Kabul por los talibanes, Afganistán continúa enfrentando una de las crisis humanitarias y de derechos humanos más graves del mundo. El país atraviesa una situación marcada por la pobreza extrema, la dependencia de la ayuda internacional, el deterioro de las instituciones públicas y la ausencia de garantías efectivas para el ejercicio de las libertades fundamentales. Millones de personas sufren las consecuencias de un sistema que ha debilitado profundamente el Estado de derecho y ha restringido derechos esenciales de la población afgana.
Dentro de esta crisis existe una realidad especialmente alarmante: la persecución sistemática de las mujeres y las niñas. Desde agosto de 2021, los talibanes han construido un sistema institucionalizado de exclusión basado en el género. A través de más de 160 decretos, directivas y órdenes dirigidos específicamente contra mujeres y niñas, han eliminado progresivamente su acceso a la educación, al empleo, a la participación pública y a espacios esenciales de la vida social. Estas medidas forman parte de un conjunto más amplio de disposiciones que han transformado la discriminación en una política de Estado.
Las restricciones impuestas no son decisiones aisladas ni temporales. Responden a una estrategia deliberada para excluir a las mujeres de la esfera pública y negarles su condición de ciudadanas con plenos derechos.
Estas prohibiciones no constituyen únicamente una vulneración individual de derechos, sino un sistema organizado de segregación y dominación. Esto, en razón de que la desigualdad se encuentra codificada jurídicamente: hombres y mujeres están sometidos a regímenes diferenciados en ámbitos esenciales como la educación, el trabajo, la participación política, la libertad de circulación, el acceso a la justicia y el derecho de familia. Mientras los hombres conservan derechos y capacidades jurídicas que les permiten estudiar, trabajar, participar en la vida pública y desplazarse libremente, las mujeres y niñas enfrentan prohibiciones, restricciones y requisitos específicos por razón de su género. La discriminación no se limita, por tanto, a la aplicación desigual de determinadas normas, sino que atraviesa el propio reconocimiento y ejercicio de derechos fundamentales.
Esta estructura también afecta a la protección frente a la violencia y al acceso a la justicia, estableciendo diferencias en la capacidad de las mujeres para denunciar, acreditar los hechos y obtener protección efectiva. En conjunto, estas normas configuran un sistema en el que la desigualdad no constituye una consecuencia incidental de determinadas políticas, sino un elemento estructural del ordenamiento impuesto por las autoridades talibanes. La segregación jurídica basada en el sexo se convierte así en el eje de un sistema de dominación que limita de manera sistemática la autonomía, la participación y los derechos de las mujeres y niñas afganas.
El derecho penal internacional vigente resulta insuficiente para atender plenamente esta realidad, en tanto permite sancionar determinados actos del régimen talibán —la investigación ante la CPI se sustenta en el crimen de persecución previsto en el artículo 7.1.h del Estatuto de Roma—, pero no permite abordar de manera específica la criminalidad inherente al sistema de dominación y segregación basado en el género.
Por ello, numerosas organizaciones afganas e internacionales reclaman que esta realidad sea reconocida como apartheid de género y que sea incorporada como un crimen autónomo dentro del derecho internacional, como forma de abordar a esta dimensión estructural y abordar la naturaleza sistemática de las políticas de exclusión impuestas contra las mujeres y niñas afganas.
Ante esta situación surgió RAGAA –Rise Against Gender Apartheid in Afghanistan–, una iniciativa impulsada por FIBGAR y People Help, con un triple objetivo: apoyar a las víctimas y a las defensoras de derechos humanos afganas; impulsar cambios jurídicos y políticos que permitan avanzar hacia el reconocimiento del apartheid de género como crimen internacional; y sensibilizar a las instituciones y a la ciudadanía española sobre las consecuencias de normalizar un régimen construido sobre la exclusión de las mujeres.
Porque Afganistán no es únicamente una crisis nacional. Es una prueba para la capacidad de la comunidad internacional de proteger los derechos humanos cuando estos son atacados de manera sistemática.
Cinco años después de la toma del poder por los talibanes, Afganistán representa uno de los mayores desafíos para la justicia internacional. El caso afgano revela las limitaciones actuales del sistema jurídico internacional para responder ante nuevas formas de persecución. Mientras el apartheid racial está reconocido como un crimen internacional, todavía no existe una figura jurídica autónoma que permita abordar adecuadamente la segregación y exclusión institucionalizada de las mujeres por razón de género.
Este vacío jurídico tiene consecuencias profundas. Si el régimen que ha institucionalizado el apartheid de género no enfrenta ninguna consecuencia jurídica, se envía el mensaje de que este tipo de persecución puede tener un coste político bajo o incluso inexistente. Sin un marco legal claro que reconozca el apartheid de género como crimen autónomo, las víctimas encuentran mayores obstáculos para acceder a la justicia y exigir responsabilidades a quienes diseñan y ejecutan estas políticas.
La falta de rendición de cuentas no solo afecta a Afganistán. Debilita la arquitectura internacional de derechos humanos y abre la puerta a que otros actores entiendan que la exclusión sistemática de las mujeres puede imponerse sin consecuencias proporcionales.
Esta situación adquiere una dimensión aún más preocupante en un momento de retroceso global en materia de igualdad de género. El debilitamiento de los compromisos internacionales, la reducción de la financiación destinada a la defensa de los derechos de las mujeres y el cuestionamiento creciente de los principios de igualdad han creado un contexto en el que los avances logrados durante décadas están siendo puestos en cuestión.
Afganistán representa la expresión más extrema de esta tendencia. Muestra qué ocurre cuando la discriminación deja de ser una práctica aislada y pasa a convertirse en una política oficial de un Estado. Lo que la comunidad internacional permita en Afganistán puede convertirse en un precedente para cualquier gobierno que considere que los derechos de las mujeres pueden restringirse sin afrontar consecuencias.
La respuesta de la Unión Europea resulta especialmente relevante en este contexto. En los últimos meses, las instituciones europeas han mantenido contactos con representantes de las autoridades de facto afganas para abordar cuestiones relacionadas con la migración, y las deportaciones.
Estas decisiones plantean una cuestión fundamental: ¿cómo puede la Unión Europea defender el Estado de derecho, la igualdad y los derechos humanos como principios centrales de su acción exterior mientras mantiene relaciones institucionales con un régimen cuya política consiste en excluir sistemáticamente a las mujeres de la educación, el empleo y la vida pública?
Cuando el compromiso diplomático avanza sin condiciones claras en materia de derechos humanos, sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas y sin exigencias vinculadas a la protección de las libertades fundamentales, deja de ser una cuestión exclusivamente práctica y adquiere un significado político. La normalización de las relaciones con un régimen que institucionaliza la discriminación de género transmite un mensaje preocupante: que la persecución de la mitad de una población puede ser compatible con la vida diplomática internacional.
Esta contradicción no solo afecta a la respuesta frente a Afganistán. También pone en cuestión la credibilidad de los valores democráticos que la Unión Europea afirma defender a nivel global.
Detrás de cada decreto talibán hay historias concretas. Hay niñas privadas de su derecho a aprender, estudiantes que han perdido su futuro, profesionales expulsadas de sus puestos de trabajo, juezas y defensoras de derechos humanos obligadas a abandonar su labor y millones de mujeres cuya autonomía ha sido deliberadamente limitada.
Cualquier respuesta internacional debe comenzar por ellas. Afganistán no puede reducirse a una cuestión de seguridad, migración o estabilidad regional. Es, ante todo, una cuestión de dignidad humana, justicia y responsabilidad internacional.
Cinco años después de la toma de Kabul, la pregunta ya no es únicamente cómo los talibanes lograron consolidar un sistema de apartheid de género. La verdadera pregunta es qué está dispuesta a hacer la comunidad internacional para impedir que esta forma de persecución se convierta en un modelo tolerable.
Reconocer el apartheid de género como crimen internacional no es solo una reivindicación jurídica. Es un paso necesario para garantizar justicia a las víctimas, fortalecer la lucha contra la impunidad y reafirmar un principio fundamental: ningún Estado puede institucionalizar la exclusión de la mitad de su población sin consecuencias.
Lo que hoy se tolere en Afganistán definirá los límites de lo que mañana será aceptable en cualquier otro lugar del mundo.
