Conseguido un acuerdo provisional entre Organismos Europeos para una mayor protección de los Alertadores
FIBGAR acoge con satisfacción el acuerdo provisional alcanzado el 12 de marzo de 2019 entre el Parlamento Europeo, El Consejo de Europa y la Comisión Europea en aras a brindar una mejor protección a las personas denunciantes de infracciones en toda la UE.
Este acuerdo desarrolla normas, que establecen estándares de protección para los denunciantes en la Unión Europea que fueron propuestas por primera vez por la Comisión Europea en abril de 2018. Estas nuevas normas, abarcan distintos ámbitos del derecho de la UE como lucha contra el blanqueo de capitales y la fiscalidad de las empresas, la protección de datos, la protección de los intereses financieros de la Unión, la seguridad de los alimentos y de los productos, la protección del medio ambiente y la seguridad nuclear. Esta lista no es taxativa, y los Estados Miembros podrán ampliar la aplicación de estas normas a otros ámbitos.
Destacamos que, frente a versiones y discusiones previas, se ha eliminado el reporte interno obligatorio, lo que significa que un trabajador puede informar directamente a las autoridades competentes. Tal y como expresó Martin Jefflén, presidente de Eurocadres, fundador de WhistleblowerProtection.EU: “es necesario garantizar el derecho a la protección también cuando se informa a un gerente o a la policía”. De la misma manera el acuerdo provisional prevé la obligación de las empresas de más de 50 empleados/as de implementar buzones de reporte interno.
Detrás de la firma de este acuerdo está el trabajo de muchas organizaciones y alertadores como María Garrido, Jonathan Sugarman o Briggitte Heinischi que se han movilizado para la protección de sus derechos, su integridad física y moral así como su honor e imagen pública. El acuerdo llega 10 días después de que FIBGAR junto Riparte il Futuro, BluePrint for The Free Speech hiciera entrega de las firmas, recogidas a través de la campaña “voices for justice”, a la representante electa del Parlamento Europeo, Virginia Rozier, portavoz de esta institución y persona elegida para discutir la protección de los alentadores en las negociaciones con la Comisión y con el Consejo de Europa. Estas firmas son la expresión de 181.950 ciudadanas/os de la Unión Europea instando a la Unión Europea a que apruebe una Directiva que proteja a las/os alertadores, que ahora sufren represalias por denunciar el fraude y la corrupción.
Este avance es un paso fundamental y una clara muestra de cómo el trabajo constante y coordinado desde de la sociedad civil sirve para avanzar en la lucha contra la corrupción, la veeduría ciudadana en la lucha contra la corrupción, la defensa fundamental de los derechos humanos y el estado derecho. Como explicábamos en un comunicado anterior no hay que olvidar que la corrupción socava la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones, desvía recursos que deberían haberse destinado a la protección de los derechos humanos y tiene un impacto desproporcionado en determinados sectores de la población como las personas enfermas, desempleadas, migrantes o refugiadas. Igualmente tienen un claro impacto en las mujeres los/as niños/as y las personas que viven en condiciones de pobreza.
Como expresó el vicepresidente primero de la Comisión Europea Frans Timmermans, en declaraciones vertidas en el comunicado de prensa de la propia Comisión Europea «Debemos proteger a los denunciantes para que no sean penalizados, despedidos, degradados o demandados ante los tribunales por actuar correctamente en beneficio de la sociedad. Esta es precisamente la función de las nuevas normas de protección de los denunciantes a escala de la UE, que garantizarán que estos últimos puedan informar de manera segura sobre las infracciones del Derecho de la UE en diversos ámbitos. Así se contribuirá a combatir el fraude, la corrupción, la elusión del impuesto de sociedades y los daños a la salud de las personas y al medio ambiente. Animamos a los Estados miembros a que establezcan amplias estructuras para la protección de los denunciantes basadas en los mismos principios».
En este mismo comunicado, V.Jourová, comisaria de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género, asimismo explica que: «Las revelaciones del Dieselgate, los Papeles de Panamá y de Cambridge Analytica nos han hecho tomar conciencia de hasta qué punto los denunciantes contribuyen al descubrimiento de actividades ilegales que amenazan tanto el interés público como nuestro bienestar general. Debemos apoyar y proteger a estas personas valientes que sacan a la luz actividades ilegales. Me siento satisfecha de que hayamos logrado un sistema equilibrado que alienta a los empresarios a resolver problemas a nivel interno, pero que también permite que los denunciantes se dirijan a las autoridades públicas sin temor a represalias».
Este acuerdo, ha sido ya avalado por el Comité de Representantes Permanentes de los Gobiernos de los Estados miembros (COREPER). El COREPER, ocupa un lugar central en el sistema de toma de decisiones comunitario. Es al mismo tiempo, el órgano de diálogo de los representantes permanentes con cada uno de sus países y de control político a través de la orientacón y supervisión de los trabajos de los grupos de expertos. Este es un paso muy positivo hacia la consolidación de este acuerdo.
Son buenas noticias y tenemos la seguridad de que este es el buen camino. El paso siguiente es que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo aprueben formalmente este acuerdo provisional. Desde FIBGAR, instamos a la UE a que proteja a las/los alertadores y formalice el acuerdo. Por nuestra parte, seguiremos trabajando en coordinación con organizaciones de la sociedad civil de Europa para que este acuerdo sea definitivo y se convierta en un aporte fundamental para la efectiva protección de las y los alertadores.
