Demandas estratégicas contra la participación pública: el SLAPP en España
Acuñado por los profesores norteamericanos Canan y George W. Pring de la Universidad de Denver en la década de 1980, el término SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation) es un acrónimo inglés con el cual se identifica a las demandas estratégicas contra la participación pública.
Se trata de demandas abusivas interpuestas contra personas u organizaciones – en la mayoría de los casos contra periodistas, activistas o alertadores – que han denunciado prácticas sospechosas, con el único objetivo de intimidar y, en última instancia, silenciar.
Estas tácticas judiciales – tanto civiles como penales – ejercidas por poderes políticos y empresariales se basan en estrategias de desgaste e intimidación que pueden durar años. Así, se concretizan en abusos de derecho que implican altos costes procesales, económicos y personales para quienes las sufren. Asimismo, pueden conducir a la autocensura ya que, por temor a sufrir represalias, otras voces críticas pueden decidir no hacer valer su derecho a investigar e informar sobre cuestiones de interés público.
Como destaca el informe recién publicado por la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho de 2021, a pesar de ser relativamente recientes, estas formas de abusos judiciales representan un creciente motivo de preocupación en varios Estados.
Sin duda, el caso más emblemático y trágico es el de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, conocida por sus investigaciones sobre relevantes casos de corrupción, a través de las cuales desenterró la parte maltesa de los Panama Papers, y por haber sido asesinada por un coche bomba, después de haber recibido numerosas amenazas e innumerables demandas por difamación.
En Alemania, la empresa del carbón RWE demandó a un activista climático que había llamado a la desobediencia civil contra la crisis climática. En Polonia, el profesor de Derecho Wojciech Sadurski se ha enfrentado a tres demandas civiles y penales por difamación, por haber publicado tuits que criticaban al partido en el Gobierno. En Portugal, la empresa productora de pulpa de eucalipto Celtejo demandó al activista Arlindo Marquês por publicar vídeos en redes sociales que acusaban a la empresa de contaminación del río Tajo.
En Francia, las compañías de aceite de palma asociadas al Grupo Bolloré han presentado más de veinte demandas contra periodistas y varias ONG que investigan presuntos abusos de derechos humanos en el continente africano. En Reino Unido, el empresario Banks demandó a Carole Cadwalladr, una periodista de investigación por un millón de libras.
En Italia solo en 2017 se presentaron más de 9000 demandas por difamación contra periodistas.
¿Y en España?
Tampoco España escapa a estas “demandas mordaza”, como demuestra el caso del agricultor y activista de la comarca de Limia en Ourense, Manuel García, y del grupo Coren, dedicado fundamentalmente a la producción cárnica de ave, porcino y vacuno.
Después de haber criticado en un programa de televisión al grupo Coren, acusándolo de realizar vertidos de purines, en 2020 el ecologista gallego recibió una demanda por un millón de euros en concepto de daños y perjuicios por estas declaraciones.
El caso Manuel García v. Coren no es el único. Según lo que denuncia Greenpeace, otros activistas de la zona han recibido cartas amenazantes por sus posicionamientos contra los intereses de la ganadería por parte de la Asociación de Empresarios, Gandeiros e Agricultores da Limia (ADEGAL), que tiene fuertes vínculos con Coren.
En 2021, el empresario de la comunicación Jaume Roures, fundador del grupo Mediapro, interpuso una querella por injurias y calumnias contra Pere Rusiñol, periodista de la revista Mongolia por unas declaraciones que hizo sobre el cierre del periódico Público en una entrevista publicada en el diario catalán Regió 7.
Se trata claramente solo de algunos ejemplos.
Frente a estas crecientes amenazas que sacuden nuestras democracias, las instituciones europeas ya han mostrado su preocupación. El debate se acrecentó, a raíz de la muerte de Caruana Galizia.
Por su parte, a finales de 2021, el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría un informe titulado Protección para periodistas, ONG y la sociedad civil frente a pleitos abusivos, redactado por Tiemo Wölken y Roberta Metsola, ahora Presidenta del Parlamento Europeo.
Por otra parte, la Comisión Europea acaba de cerrar una consulta pública que tenía el objetivo de recopilar opiniones de ciudadanos, periodistas, Estados miembros, ONG, sociedad civil, jueces, profesionales del Derecho y otras partes interesadas en relación con las demandas SLAPP y con las medidas que deberían tomarse para abordar el fenómeno en los Estados miembros.
Dentro de poco la Comisión debería entregar su propuesta de Directiva “Acción de la UE frente a los litigios abusivos (SLAPP) contra periodistas y defensores de los derechos humanos” al Parlamento europeo.
Ha llegado el momento de que los países europeos -y entre ellos España- hagan un esfuerzo para proteger su espacio cívico y, con ello, las democracias de todo el mundo.
Ahora que el espacio público se encuentra cada vez más amenazado por el creciente uso indebido que hacen las empresas y gobiernos del sistema legal y judicial para acosar a las voces críticas, se necesitan marcos legales adecuados para proteger a las personas defensoras de los derechos humanos del acoso judicial.
Alessia Schiavon, responsable del Departamento Legal de FIBGAR.
Madrid, 07 de abril de 2022.
