Desafiar la corrupción desde abajo
“La corrupción dilapida los recursos públicos, socavando el desarrollo inclusivo y sostenible y las sociedades pacíficas.” Estas fueron las primeras palabras pronunciadas por el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, en su discurso de apertura del 19° Conferencia Internacional sobre Anticorrupción, que se celebró la semana pasada en Seúl, y en el que FIBGAR tuvo la oportunidad de participar.
A pesar de los indudables avances conseguidos hasta ahora, la corrupción sigue siendo un reto importante a nivel global. Y, por ello, en el año 2003, con ocasión de la entrada en vigor de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, uno de los principales instrumentos de que disponemos para avanzar en esta lucha, se declaró el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción, con la finalidad de recordarnos que debemos seguir adelante en el combate contra este fenómeno tan complejo y nocivo para nuestras sociedades.
Hoy en día, no cabe duda de que la corrupción no conoce límites políticos ni geográficos, y que atraviesa y arrastra en su vorágine todos los sectores sociales, tanto públicos como privados, insinuándose en aquellas situaciones donde convergen monopolio de poder, discrecionalidad en las decisiones y ausencia de mecanismos de control, manifestándose con diferentes matices y costes relevantes, cuya dimensión a menudo no alcanzamos a percibir.
Esto hace de la corrupción un obstáculo relevante para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues al desviar recursos, perjudica la prosperidad y el crecimiento económico y también al afectar la competitividad empresarial, impide el desarrollo. Asimismo, al alimentar las desigualdades sociales, erosiona la calidad de vida de las personas y al minar la confianza en el Estado y en las instituciones, corroe el tejido social y daña la buena gobernanza.
De esta manera, la corrupción afecta a los derechos humanos en su integralidad –civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales–, debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de derecho y exacerba la desigualdad, como recién ha indicado también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Resolución 1/18 de 2 marzo de 2018.
Por tanto, la lucha contra la corrupción en todas sus formas – sobornos, malversación de fondos, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, entre otros – forma parte de las metas del ODS 16 de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que, empujando hacia la promoción de sociedades pacificas e inclusivas y construir instituciones efectivas, responsables e incluyentes en todos los niveles, hace explícita la importancia de valores fundamentales como la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas.
Si bien el compromiso contra la corrupción remonta ya a los primeros años Noventa, este enfoque sistemático e integral representa sin duda uno de los logros más importantes de las últimas dos décadas durante las cuales ha venido cobrando fuerza la consideración de la corrupción como fenómeno político, económico, social y cultural, estrechamente vinculado al funcionamiento de las instituciones de una sociedad.
De esta manera se han venido progresivamente rompiendo aquellos esquemas que concentraban la atención únicamente en los gobiernos como sujetos corruptivos y corruptibles, y que privilegiaban una fuerte orientación económica al fenómeno, en favor de una mirada más amplia que pone en el centro las personas y que brinda un enfoque de derechos humanos para el diseño y la implementación de políticas de anticorrupción.
A través de este cambio histórico de paradigma se ha tomado conciencia que la corrupción se opone al interés público lesionando los principios básicos de una democracia de igualdad hasta llegar a extremos de debilitamiento institucional que conllevan a la consolidación de una cultura de la impunidad. Y cuando ello ocurre, se genera un círculo vicioso de desconfianza general que engendra aún más corrupción, permitiendo que prosperen la delincuencia organizada, el terrorismo y otras amenazas para la seguridad humana.
Esta toma de conciencia implica que, para romper el círculo, es imperativo poner en marcha esfuerzos colectivos potentes que demanden “desde abajo” la adopción de prácticas y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Desde FIBGAR, a través de nuestras iniciativas como el proyecto europeo EAT, que apunta a promover una cultura de alerta y denuncia de irregularidades, estamos trabajando para empoderar a la ciudadanía y la sociedad civil organizada, para desafiar la corrupción desde abajo.
Alessia Schiavon, departamento legal. Rodrigo Lledó, director. FIBGAR
