Eduardo Barcesat sugiere incorporar los derechos económicos, sociales y culturales al principio de Jurisdicción Universal
Eduardo Barcesat, titular de la Cátedra de Teoría General y Filosofía del Derecho de la UBA aseguró este miércoles, durante la según da jornada de los Cursos de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) y la UMET, que el principio de Jurisdicción Universal debe “dar un paso más en su evolución e incluir la tutela efectiva de los derechos económicos, culturales y sociales de los pueblos”. El prestigioso jurista, quién comentó que “la independencia económica de un pueblo es un asunto vital para poder hablar de ejercicio de la autodeterminación” y, en este sentido, señaló que “debe protegerse la titularidad de los recursos naturales de las naciones para evitar expolios”.
El catedrático de la UBA hizo referencia a que, mientras existe la obligatoriedad de actuar contra los crímenes que atentan contra los Derechos Humanos, la protección de la vertiente social, cultural y económica de los mismos “solo cuenta con una oficina de información” en el seno de los organismos internacionales. “El Estado debe tutelar la protección de la riqueza de las naciones, porque el genocidio silencioso del hambre es también un crimen contra la Humanidad. A nadie parece importarle que, durante el siglo XX, haya más muertos por condiciones indignas de vida que víctimas de la Segunda Guerra Mundial”.
En ese sentido, Barcesat habló de las guerras que se han promocionado desde “las grandes potencias” para “usurpar las riquezas de los países”. “Bush debería estar sentado en el banquillo de los acusados, pero la realidad es que los únicos que se sientan ante el juez son los dirigentes políticos caídos en desgracia o los que han sido despojados del poder”.
Lastres políticos y económicos
En esta misma línea se manifestó Fernando Andreu, magistrado del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional española, quien recordó que el principio de Justicia Universal está amenazado constantemente por intereses políticos y económicos. Así, recordó el caso de España que ha “abolido completamente” el principio de Jurisdicción Universal de su ordenamiento jurídico por presiones de China ante la investigación de presuntos crímenes de Lesa Humanidad en el Tíbet. “En España se ha hecho una auténtica chapuza. Es este contexto de crisis, el gobierno chino ha amenazado al español con no seguir comprando deuda y al final se ha acabado por modificar la norma de forma totalmente chapucera”. En este sentido, el jurista español recordó otros casos como el de Gaza, la muerte de José Couso o Guantánamo que siguen empantanados.
Andreu hizo un recorrido por la evolución histórica del principio de Jurisdicción Universal y destacó que la evolución hacia la consecución de un marco de actuación válido para luchar contra la impunidad se ha visto frenada en lugares como España o Bélgica.
Una consecuencia de la globalización
Por su parte, Horacio Ravenna, covicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, manifestó que la historia reciente de Latinoamérica es un ejemplo a tener en cuenta a la hora de entender la extensión de la aplicación del principio de Jurisdicción Universal, un fenómeno que el jurista vinculó con “el proceso de globalización”. “La base y justificación de este concepto tiene que ver con la asunción de una agenda clara de lucha contra la impunidad y con el avance del derecho internacional en materia de Derechos Humanos. Y eso es una consecuencia de la globalización; los procesos de Madrid iniciados por Baltasar Garzón supusieron un punto de inflexión para el trabajo de los juristas, no sólo de Argentina y Chile, sino de toda Latinoamérica”, señaló Ravenna.
Según el covicepresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la incidencia de las causas abiertas desde la Audiencia Nacional demuestran que la Jurisdicción Universal es útil cuando “no se puede garantizar el juzgamiento de este tipo de crímenes con plena libertad en los países donde se producen; si esto no es así, creo que es mejor hacerlo desde la jurisdicción nacional, porque es un síntoma de que los Derechos Humanos se aplican en plenitud y que la impunidad ha sido derrotada por el afianzamiento de las instituciones democráticas”.
