El Comité de Derechos Humanos insta a España a reforzar la lucha contra la corrupción para proteger la democracia y los derechos fundamentales
En julio, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó su séptimo informe periódico sobre España, en el que evaluó el cumplimiento del país con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Entre las numerosas recomendaciones, el Comité destacó la urgente necesidad de intensificar los esfuerzos para prevenir y combatir la corrupción en todos los niveles del Estado.
El Comité valoró positivamente algunas iniciativas recientes del Estado español, en particular la aprobación de la Ley 2/2023, de protección de las personas informantes (whistleblowers) y la creación de la Autoridad Independiente de Protección del Informante, mecanismos clave para detectar y denunciar conductas corruptas.
No obstante, el Comité expresó su preocupación por la falta de avances significativos en la prevención de la corrupción en sectores clave como las altas funciones ejecutivas del gobierno central, las fuerzas y cuerpos de seguridad, los parlamentarios, jueces y fiscales. Además, señaló que la implementación de la Ley 19/2013, de transparencia y buen gobierno, sigue siendo incompleta, y que el régimen disciplinario de las fuerzas y cuerpos de seguridad requiere una revisión urgente para mejorar la rendición de cuentas.
Para fortalecer la integridad pública, el Comité exhorta al Estado español a investigar y procesar de manera rápida, independiente e imparcial todos los casos de corrupción, especialmente aquellos vinculados a altos cargos, aplicando sanciones proporcionales a la gravedad del delito. Asimismo, debe garantizar la independencia, efectividad, transparencia y rendición de cuentas de todos los órganos y entidades anticorrupción. También recomienda implementar campañas de formación y sensibilización dirigidas a funcionarios públicos, políticos, empresarios y ciudadanía para concienciar sobre los costos sociales y económicos de la corrupción, y difundir los mecanismos disponibles para combatirla.
La corrupción socava la confianza en las instituciones y debilita el respeto a los derechos humanos. Por ello, el Comité subraya la necesidad de que España refuerce su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas para garantizar un ejercicio del poder público conforme a los principios democráticos y los derechos fundamentales.
Desde FIBGAR reiteramos la importancia de que España avance con decisión en la implementación de estas recomendaciones para fortalecer una democracia íntegra y proteger los derechos fundamentales. La lucha contra la corrupción es clave para garantizar instituciones sólidas y la confianza de la ciudadanía en el sistema democrático.
