El curso La Justicia Transicional: ¿Una solución para las víctimas? Finaliza con gran éxito
Torres, 22 de julio. El juez Baltasar Garzón dirige la novena edición de los Cursos Universitarios de Verano de Torres (Jaén), una cita académica que, entre los días 21 y 25 de julio, permite a los alumnos de la Universidad de Jaén, y todo aquél interesado, conocer la situación actual de la justicia en España.De este modo, la ciudad natal del magistrado se convierte un año más en el lugar perfecto para localizar estos cursos estivales, centrados en la defensa y la promoción de la Justicia y con los que FIBGAR se compromete anualmente mediante la elaboración de algunos de sus contenidos.En esta ocasión, la Fundación Internacional Baltasar Garzón continúa esta 9ª edición mediante la celebración del curso “Justicia Transicional: ¿una solución para las víctimas?”, que reúne, los días 21 y 22 de julio, a numerosos expertos como el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de los Diputados de Argentina Remo Carlotto o los magistrados de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y José Ricardo de Prada. Taller: “Comisión de la Verdad, un caso práctico”Carlos Villán Durán, presidente de la Asociación Española de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ha presentado a sus dos compañeros de mesa.Jorge Rodríguez Rodríguez, abogado y miembro de la Asociación Española de Derecho Internacional de los Derechos Humanos, habló acerca de los aspectos que debería tener una Comisión de la Verdad en España. Entre ellos, “el sustento jurídico que debería tener este mecanismo es el derecho a la verdad colectiva”. “Toda la sociedad española tenemos el derecho a saber qué ha pasado durante el periodo represivo, tanto durante la guerra civil como durante el franquismo”, ha agregado Rodríguez. Según el abogado, “la Comisión de la Verdad es el mejor mecanismo para conseguir esa verdad global” aunque “no podría sustituir en ningún caso al proceso penal”. Por otro lado, ha asegurado que es vital que la voluntad política concrete de forma tangible el resultado del informe de la comisión de la verdad y que las víctimas encuentren su reconocimiento como tales. Para el abogado, la Comisión de la Verdad en España debería centrar su estudio entre el periodo 1936-1977 y el tipo de hechos investigados serían aquellos que a la hora en que se cometieron ya constituyeran delitos en derecho internacional.Respecto a los comisionados, es decir, los miembros de la comisión, deberían ser un compendio entre historiadores y juristas, tanto nacional como internacional. Además, es fundamental que “exista un relato con el que no hubiese disparates sobre el franquismo y con el que todos nos sintamos cómodos”.Lorena Ruiz-Huerta García de Viedma, abogada y representante de la Asociación Libre de Abogados, ha acercado a los asistentes a un caso práctico a través del asesinato de Enrique Ruano. Ruano era un estudiante de Derecho de una familia conservadora del barrio de Salamanca, militante antifranquista del Frente de Liberación Popular. Fue detenido al salir de una reunión del Partido, con unos compañeros, acusados de pertenecer al Partido Comunista Revolucionario.Estuvieron detenidos en la Dirección General de Seguridad, sometidos a continuos interrogatorios y supuestamente torturados. Encontraron unas llaves en el bolso de su pareja, Dolores, las cuales pertenecían a un piso en el que se encontraban unos compañeros vascos antifranquistas que habían huido. Los policías hicieron a Enrique acompañarlos al piso, sin embargo, los compañeros vascos ya habían tenido tiempo de escapar. Al día siguiente, apareció en el diario ABC una nota de prensa en la que se hablaba del supuesto suicidio de Enrique, y que justificaba esta idea apoyándose en un diario que él escribía (y que fue encontrado en un registro ilegal que se había realizado en el domicilio del propio Enrique).Comenzaron entonces las protestas por la sospecha de que los medios de comunicación mentían, las cuales fueron disueltas de manera violenta por la policía. Un mes después del asesinato de Ruano, los tres policías recibieron una felicitación por los “servicios prestados”.Inmediatamente después, comenzó el primer proceso judicial, que duró desde el 1969 al 1971. Ya en la carátula del expediente judicial, se especificaba que había sido un caso de suicidio, adoptando la versión oficial. Estos hechos se enjuiciaron a través del proceso ordinario, sin tomar declaración a testigos, ni comprobarse si las armas de los policías fueron disparadas. Tampoco se realizó una reconstrucción de los hechos. El contenido que se encontró en el atestado policial fue únicamente las pruebas judiciales realizadas con motivos de la detención, sin rastro de esa especie de diario que la policía había recogido de forma ilegal en el domicilio de Enrique, así como únicamente la versión de los policías. Se denegó a la familia que su médico escogido realizara la autopsia. De este modo, se cerró el sumario.Un día antes de que prescribiera el caso por asesinato, y siguiendo los consejos de su abogado, la madre de Enrique reabrió el caso. Comenzó un segundo juicio, que duró desde 1989 hasta 1996. Los policías nunca habían estado formalmente acusados, por lo que su defensa consideraba que el delito había prescrito, pero el Tribunal Supremo dio la razón a la acusación particular y estableció que debían investigarse los hechos. Se hizo una reconstrucción de los hechos, tras la cual quedó demostradoque era imposible que Enrique Ruano se hubiera suicidado de la manera en que lo indicaba la versión oficial. El diario de Enrique fue ilícitamente conseguido, por lo que no se podía tener en cuenta como prueba para sostener esta versión. El juez autorizó la exhumación del cadáver, y misteriosamente había desaparecido un trozo de clavícula. Un trozo de piel si aparecía en la autopsia oficial, con una herida cilíndrica. Los nuevos forenses afirmaron que podría tratarse de una herida de bala. Se sentó a los policías en el banquillo, hasta que el 1 de julio de 1996 comenzó el juicio. Se les ofreció la posibilidad de que contaran la verdad y se acogieran a la Ley de Amnistía. Sin embargo, lucharon por su inocencia.El resultado del juicio, a pesar de las numerosas pruebas y de las declaraciones de los testigos, fue la absolución de los tres policías. Dos de los magistrados consideraron probado que Ruano había sufrido tortura, pero tenían dudas razonables de la causa de la muerte. La tercera consideró probado que murió por un disparo, pero no podía probar cuál de los tres policías había sido. Así terminó el segundo juicio del Caso Enrique Ruano, uno más de tantos casos acontecidos durante la Guerra Civil y el franquismo.Conferencia de clausura La conferencia de cierre del curso acerca de Justicia Transicional ha corrido a cargo de Juan Manuel Martín Fresneda, Secretario de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina. Fresneda ha hablado de la necesidad de los pueblos a acceder a la verdad, apoyándose en el caso argentino, y aludiendo en todo momento al español. ”Los tiempos que necesitan los pueblos para procesar las grandes tragedias son difíciles de comprender, porque éstas resultan tan complejas que nos paralizan”, ha comenzado el secretario. Según Martín Fresneda, cuando existe simbiosis entre el proceso de las víctimas y el de la política es cuando se puede avanzar hacia delante. También ha asegurado que una de las necesidades para que se reclame la verdad es que exista una “masa crítica” y que “que se esté a las alturas de capacitación que necesita el pueblo”. También ha destacado el hecho de que “en realidad no existe la reconciliación si no es a través de un proceso que implique la comprensión de la dimensión del horror, no existe la reconciliación sin justicia”, añadiendo que “en ocasiones no hay reconciliación, hay una convivencia”. “En Argentina, el pueblo tardó mucho en pensar que el problema lo que había sucedido no había sido a las Madres de la Plaza de Mayo, fue a la democracia, a la economía… A todo el tejido social en general”, ha remachado. “En España, ha de comprenderse que estas experiencias no sólo implican genocidio y matanza. Implican un desgaste de la democracia”.El secretario de DDHH argentino se ha referido asimismo a la reforma de la Ley de Jurisdicción Universal en España, la cual, a su juicio, “puede hacer que España se llene de genocidas de otros países”. Martín Fresneda, esperanzadoramente, ha reconocido que “Argentina se siente dispuesta a devolver lo que hizo España por el país”, y ha concluido con el pensamiento de que “se van a generar las condiciones para que ésta se regenere y busque la verdad”. Recuerda que mañana dará comienzo el curso “Acciones preventivas de la violencia de género: desde las políticas públicas a la acción ciudadana”, con ponentes como el ex delegado del Gobierno en Violencia de Género Miguel Lorente, la activista Beatriz Gimeno o la diputada socialista Laura Seara.
