El papel de las empresas transnacionales y Derechos Humanos, a debate en los cursos de Torres
Madrid, 23 de julio. La responsabilidad de las empresas en el cumplimiento de los Derechos Humanos y la necesidad de entender como crímenes contra la humanidad los delitos económicos y las agresiones al medio ambiente fueron los ejes sobre los que transcurrió el curso El papel de las empresas transnacionales y los Derechos Humanos en la localidad jiennense de Torres. Un total de 50 personas entre universitarios, egresados universitarios y profesionales del Derecho tuvieron la ocasión de participar como alumnos en este foro.
Juan Gómez Ortega, rector de la Universidad de Jaén; Juan Cano Bueso, presidente del Consejo Consultivo de Andalucía; Francisco Reyes Martínez, presidente de la Diputación de Jaén; Diego Montesinos Moya, alcalde de Torres y Baltasar Garzón Real, presidente de FIBGAR, inauguraron los cursos. A partir del día 23 de julio, continuarían las jornadas Vida ciudadana en Andalucía: XXXV años de desarrollo político, económico y social, a cargo del Consejo Consultivo Social de Andalucía.
«Vivimos cerca del 5% donde se respetan los Derechos Humanos, pero fuera de ese pequeño espacio todo es barbarie». Emilio de Llera, lo expuso así en el acto de apertura destacó la importancia de este debate que reúne a los mejores expertos venidos de diferentes partes del mundo para este foro: «El riesgo hoy es que algunas empresas e intereses económicos ponen en peligro los Derechos Humanos. Así nos lo hacen ver personas notables como la activista del Congo y premio Nobel Caddy Adzuba». Se refería el consejero a la denuncia sobre lo que supone para la población congoleña la explotación del coltán. Este tema se trataría en los cursos de Torres en un juicio simulado entre profesores y alumnos.
Por su parte, Baltasar Garzón lanzó un mensaje de esperanza: «cada vez más en la Responsabilidad Social Corporativa Empresarial está presente, no solo la lucha contra el blanqueo, sino el cumplimiento de los Derechos Humanos».
El papel de la empresa y su importancia en el respeto a los Derechos Humanos: estándares internacionales fue el título de la primera mesa redonda moderada por Victor Práxedes Saavedra abogado de FIBGAR. Participaron Juan Manuel de Faramiñán Gilbert, Catedrático de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén; Carlos Fernández-Liesa, catedrático de la Universidad Carlos III de Madrid y Aitor Martínez Jiménez, director de proyectos de FIBGAR.
Fue Fernández Liesa quien realmente centró el debate que se mantendría durante los días siguientes con esta carga de profundidad: «Si los DDHH entran conflicto con intereses económicos, se imponen los intereses económicos».
Empresas que venden armas
A continuación tuvo lugar la ponencia magistral de Alfred de Zayas, quien desde el año 2012 ocupa el puesto de experto independiente del Consejo de Derechos Humanos para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo de Naciones Unidas. Adelantó el contenido de su nuevo informe ante el alto organismo. «Entre otras cosas discuto la responsabilidad civil y penal de las empresas y de los empresarios por daños a la salud pública y al medio ambiente. Las actividades económicas de las empresas pueden constituir crímenes bajo el derecho penal internacional, asuntos de interés incluso para la Corte Penal Internacional».
Para el relator, entre las empresas que deben ser sancionadas figuran en primer lugar aquellas que comercian con armas y que con todo conocimiento las venden a mercenarios y terroristas. También hay que castigar a los empresarios», consideró.
Cito una serie de casos de empresas que afectaron al medio ambiente, en diferentes países, condenados en unos casos, en otros no. «Algunos Estados han pedido que las empresas reparen el daño y ante la negativa de estas, han intentado rescindir los contratos con lo que han entrado en una dinámica judicial que arruina a los países. Estas empresas deberían ser juzgadas en los países en que han causado el daño al medio ambiente, pero también esa acción legal debería realizarse internacionalmente», añadió refiriéndose a la Jurisdicción Universal.
La empresa y los derechos laborales: nuevas conquistas y deudas pendientes: la explotación infantil y el trabajo forzado fue el título de la siguiente mesa redonda moderada por Carmen Márquez Carrasco, catedrática de la Universidad de Sevilla. Entre los participantes figuraba, Pedro Núñez Morgades, ex Defensor del Menor de Madrid; Luz Rodríguez, secretaria de Empleo del PSOE y Cándido Méndez, secretario general de UGT.
Pedro Núñez Morgades se refirió a la necesidad de actuar frente al trabajo infantil y la esclavitud de los niños arrojando cifras que deberían hacer sonrojar al mundo civilizado. Cándido Méndez se refirió como ejemplo de trabajo forzado y de la falta de atención social, la sobreexplotación que sufren los trabajadores que en Qatar están realizando las obras del mundial de futbol del 2022: «Lo que más se discute es la fecha de celebración por el clima y el rendimiento de los futbolistas. Se plantea desplazarlo a febrero, pero, claro, eso rompe el calendario de ligas. Esa es la polémica. Pero nadie dice que ya han fallecido en esas obras 1.200 trabajadores y que incluso puede haber 4.000. No se habla de eso. Y es que se produce un contraste agudo entre los discursos y los negocios».
Luz Rodríguez tras analizar la situación a la que han llevado algunas decisiones del Gobierno prometió: «Vamos a derogar la Ley de Reforma Laboral del PP porque genera pobreza entre los mayores y entre los niños».
Empresa y lucha contra la corrupción fue moderado por Nicolás Berlanga Martínez, embajador de la Unión Europea en Togo y en ella intervinieron Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España; el empresario colombiano Andrés Rebolledo y el magistrado José María Tomás y Tío, presidente de Fundación por la Justicia.
El magistrado Tomás i Tio aseveró: «si se resuelve la corrupción con una multa, nunca acabara la corrupción» Por su parte, Jesus Lizcano resaltó sobre los datos de Transparencia Internacional España: «la mitad de ciudadanos del mundo cree que la corrupción ha aumentado». Andrés Rebolledo narró la experiencia del Ingenio Pichichi dedicado a la producción de azúcar que dirige en Cali y que ha conseguido llegar a una situación de sostenibilidad medio ambiental y armonía social basándose en una política de buenos hábitos.
El día 21, el curso se inició con ponencia magistral Crímenes medioambientales: El fiscal de delitos de medio ambiente a cargo de Antonio Vercher, fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo. «Las empresas que cumplen sus obligaciones aquí, también deben hacerlo en otros países», reclamó Vercher quien expuso el interesante trabajo de la Fiscalía que coordina. La cuestión, y en la ponencia planteó la cuestión de cómo llegar a hacer cumplir esa exigencia de que una empresa actúe obligando a sus filiales a cumplir con los Derechos Humanos.
Justicia frente a barbarie. Instrumentos disponibles y nuevas herramientas: los Nuevos Principios de Jurisdicción Universal fue el título de la mesa redonda q presentada por Baltasar Garzón con la asistencia de José Ricardo de Prada, magistrado de la Audiencia Nacional; Manuel Ollé, abogado experto en Derechos Humanos y Carmen Vallejo Peña, profesora asociada de la Universidad de Jaén.
Atentar contra el Medio Ambiente
«Los atentados contra el medio ambiente y la naturaleza deben ser considerados crímenes económicos contra la humanidad», afirmó de forma contundente Carmen Vallejo Peña. Para Manuel Ollé «Cada vez que se produce un fraude alimentario u otros delitos similares, se atenta contra las personas». Hablaba el abogado de crímenes contra la naturaleza, contra el medio ambiente y crímenes económicos. «Ya era hora de que se dijera alto y claro que hay que elevar a categoría de delito este tipo de conductas, porque se afecta al corazón de los Derechos Humanos. Tan importantes son los derechos civiles, económicos o sociales como cualquier otro».
«La claudicación de España ante el mundo con la Jurisdicción Universal no debería suponer la pérdida de nuestra dignidad con las últimas reformas que se han producido», expuso el magistrado José Ricardo de Prada. Considera que es preciso redefinir el concepto de crímenes de lesa humanidad, ya que ahora llevan implícita la noción de “ataque” pero en su opinión hay que ampliarlos hacia bienes jurídicos de carácter universal abriendo una segunda rama de delitos de lesa humanidad. Aquí entrarían todos los supuestos económicos, medio ambientales y otros que se han ido exponiendo en los cursos.
En su ponencia magistral La empresa y los pueblos indígenas: la consulta previa, Manuel Ramiro Muñoz, director del Centro de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali contó la enriquecedora experiencia que protagonizan un grupo de docentes interrelacionando a las comunidades indígenas, las empresas y las instituciones desde la Universidad como base de encuentro y apoyados por figuras como Baltasar Garzón quien les ha acompañado en este proceso. Puso de manifiesto que « la paz en Colombia tiene que ver con cómo reconstruir las relaciones para construir mejor futuro. Eso supone seguir la línea que nos enseñan las comunidades a los académicos y que se resume en que hay que conjugar palabra y acción en función de conseguir el bien común».
Una simulación de juicio sobre el caso del Congo y el coltán cerró este curso. En palabras de su director académico, Juan Manuel de Faramiñán «los cursos de Torres, suponen un necesario y nuevo tiempo para los Derechos Humanos». Baltasar Garzón lo resumió así: «Hay que pedir justicia, respeto y decisión en la defensa de las víctimas porque existe mucha ideología encaminada a no aplicar las normas de los Derechos Humanos».
