El precio de la indiferencia
Desde la década de los ochenta, España viene enfrentándose al problema del consumo de droga y el narcotráfico, un flagelo social que se llevó por delante a miles de jóvenes. La Operación Nécora representó el primero de los grandes operativos antidrogas realizados en nuestro país, que fue posible gracias al esfuerzo colectivo de múltiples policías, fiscales y funcionarios. Fue sin duda de enorme trascendencia para los habitantes de Galicia, entonces puerta de entrada de la Droga a España y Europa.
Casi veinte años más tardeaúnhay mucho por hacer para acabar con este flagelo de dimensiones globales que impacta a la sociedad desde distintos ámbitos, incluida la corrupción de las instituciones democráticas y el padecimiento de quienes son auténticas víctimas de uno de los negocios ilícitos más rentables y a la vez más destructivos de la sociedad y el individuo.
Por su situación geográfica España es un país estratégico en la ruta para el ingreso de drogas en toda Europa. De acuerdo con el Informe Europeo sobre Drogas 2019 España encabeza, junto con Francia y Reino Unido, el mayor numero de incautaciones de drogas ilegales, las cuales en conjunto suman más de dos tercios de las incautaciones en toda la Unión Europea. El informe señala que el 72% de resina de cannabis que se incauta corresponde a España y considerando la incautación de la cocaína, nuestro país encabeza el segundo lugar en el continente, únicamente después de Bélgica.
De acuerdo con el último informe disponible (2018) del Observatorio Español de las Drogas y las Adicciones (OEDA), en el año anterior (2017) se registraron un total de 20.422 detenciones por tráfico de drogas ilícitas a nivel nacional. A su vez, la delegación para el Plan Nacional de Drogas indicó en su último informe (2018) que al menos un tercio de la población adulta en España ha admitido haber consumido alguna sustancia ilegal, registrándose 392.900 infracciones por consumo o tenencia de alguna droga y 12.448 por su venta. Entre estos datos cabe resaltar que 8 de cada 10 casos de infracciones dicen relación con el cannabis.
Hoy pareciera que la semilla de esta hiedra venenosa ha vuelto a germinar, esta vez en la Línea de la Concepción y el Estrecho de Gibraltar, aunque con matices y particularidades propias, y puede ir a peor tras el Brexit, con o sin acuerdo.
La declarada guerra contra el narcotráfico basada exclusivamente en la represión no sólo es ineficaz, sino que ha incrementado los índices de violencia, librándose en algunos países una batalla sin cuartel que nada tiene que envidiar a un auténtico conflicto armado. Estas conllevan solamente a miles de muertos, desaparecidos y cárceles llenas de pequeños traficantes, mientras con mucha dificultad y desigualdad algunas administraciones adoptan tímidos programas de rehabilitación y tratamiento de la adicción. Que la sola represión no da resultado, lo ratifica la actual situación de diferentes países, como México, donde más de 250.000 personas han sido asesinadas por la susodicha “Guerra contra el narcotráfico”.
Basta voltear a ver las necesidades de quienes más han sufrido el ingreso de las bandas de narcotraficantes, como la Línea de la Concepción, cuya población supera el 30.15% de paro. Son demasiados los abandonados a su suerte sin apoyos estatales efectivos para salir adelante, lo cual los vuelve presas fáciles de bandas organizadas, las que se aprovechan de la necesidad de hombres, mujeres, niños y hasta personas mayores, envolviéndolos en una tóxica dinámica de lealtades, donde incluso en ocasiones un bien tan básico como la comida es intercambiado por colaboración o pactos de silencio. Todo ello con la pasividad, la indiferencia e incluso a veces la complicidad del Estado, que se muestra temeroso e impotente a la hora de perseguir a los máximos responsables.
Está demostrado que las políticas basadas exclusivamente en la represión constituyen un auténtico fracaso. Esta opinión fue expuesta por Baltasar Garzón en un ya lejano 1993 ante la Asamblea General de Naciones Unidas. Desde entonces, estas organizaciones criminales siguen lucrando con la desgracia ajena mientras los gobiernos justifican sus mecanismos represivos en contra de los eslabones más débiles de la cadena, sin atacar la raíz del problema, permitiendo que existan paraísos fiscales donde blanquean sus incalculables beneficios. Aumentar la vigilancia y la persecución del delito es necesario, pero completamente inútil si no se apunta a la cabeza de las mafias.
Hace falta, además, poner los derechos de las personas en el centro del debate y, a partir de ahí, diseñar e implementar un plan integral de intervención, con programas de rehabilitación eficientes y personalizados. También hay que promover alternativas de negocio y desarrollo para evitar que los marginados por la sociedad caigan en estas redes, asegurando y tratando de mantener empleos dignos y estables, y poniendo el acento en la prevención y especialmente en la educación. Asimismo, debemos pensar en alternativas que los debiliten y hagan que este negocio deje de ser tan lucrativo. Un claro ejemplo de esto es la despenalización del uso recreativo de cannabis, lo que ya ha ocurrido en Canadá, Uruguay y mucho antes en Los Países Bajos.
Para llevar a cabo este plan integral debe existir un auténtico pacto de Estado con carácter transversal, un plan que además debe estar dotado de recursos económicos, los que deben ser considerados no como un gasto sino como una inversión en lo más valioso que tiene nuestro país, nuestras niñas, niños y adolescentes, quienes se merecen un futuro mejor del que les estamos heredando. La lucha integral contra el narcotráfico es urgente y necesaria. Invertir en ello tiene un costo, pero bien sabemos que de no hacerlo serán nuevamente nuestros jóvenes quienes acabarán pagando el precio de nuestra indiferencia.
