El Senado aprueba con enmiendas la Ley de protección de alertadores
Hoy, el Senado ha aprobado, con enmiendas, el “Proyecto de Ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción”, con 147 votos a favor.
El texto supone la transposición al Derecho español la Directiva 2019/1937 del Parlamento y del Consejo Europeo, relativa a la “Protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión”.
Al proponer estándares mínimos de protección, la Directiva ha dado un paso importante hacia la promoción de los valores democráticos y del Estado de Derecho, dejando a los Estados miembros de la UE un margen discrecional para aumentar la protección para alcanzar esos objetivos garantistas contenidos en la propia Directiva.
Como han alertado varios expertos en las últimas semanas, entre ellos la organización WIN (Whistleblowing International Network) el texto presentado al Senado mostraba graves deficiencias. Por ello, WIN ha dirigido una carta con carácter de urgencia a la Comisión Europea definiendo el proyecto de ley «disfuncional» y «poco claro» en aspectos sensibles y no del todo consistente con los mínimos estándares que obliga la directiva europea.
La aprobación del proyecto de ley llega más de un año después del cumplimiento del plazo fijado por la Unión Europea para la trasposición de la directiva y ante la amenaza de sanciones por parte de la Comisión Europea. Cinco meses después, el 14 de julio de 2022, España recibió un dictamen motivado por parte de la Comisión Europea que concedía a las autoridades españolas un plazo de 2 meses para tomar las medidas necesarias para la trasposición de la Directiva, bajo la amenaza de llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en caso de incumplimiento.
El 13 de Septiembre de 2022 el Consejo de Ministros aprobó en segunda vuelta el Proyecto de Ley que regula la protección de las personas que informen sobre infracciones que vulneren el ordenamiento jurídico europeo y nacional y, en consecuencia, que contribuyan a la lucha contra la corrupción.
Al haber incorporado algunas enmiendas, el texto ahora probado al Senado tendrá que volver al Congreso de los Diputados para su aprobación definitiva.
Madrid, 09 de febrero de 2023.
