¿En qué estado se encuentra la Jurisdicción Universal?
El pasado 21 de abril de 2026 se publicó una nueva edición del Informe Anual sobre Jurisdicción Universal (UJAR 2026), elaborado por TRIAL International en colaboración con diversas organizaciones especializadas en justicia internacional. El informe recoge los principales desarrollos de 2025 en materia de jurisdicción universal y otras formas de jurisdicción extraterritorial, confirmando su creciente relevancia como herramienta clave en la lucha contra la impunidad.
En América Latina, Argentina continuó consolidándose como uno de los foros más activos en la aplicación de este principio. Durante 2025 se registraron avances significativos en el caso del genocidio contra el pueblo rohinyá en Myanmar, donde la Cámara Federal ordenó la emisión de órdenes de arresto contra 25 altos responsables. Asimismo, en la causa sobre crímenes contra la humanidad en Venezuela se mantuvieron vigentes las órdenes de detención internacional, mientras avanzaban las audiencias sobre competencia. En paralelo, la reapertura de la investigación sobre el pueblo uigur en China reforzó el papel de Argentina como jurisdicción clave, evidenciando tanto el dinamismo como las tensiones inherentes a este tipo de procesos.
Al país del cono-sur se le sumó en este 2025 Perú, que incorporó por primera vez la práctica del principio de la jurisdicción universal con la apertura de una investigación contra Adi Karni, presunto miembro del Cuerpo de Ingenieros de Combate del ejército israelí, por posibles crímenes cometidos en Gaza. La denuncia, presentada en nombre de la Fundación Hind Rajab, se basa en su presunta participación en la destrucción de infraestructura civil durante la ofensiva militar israelí entre 2023 y 2024. En junio, la Fiscalía General remitió el caso a su Unidad Especializada en Derechos Humanos, marcando un precedente relevante en la región.
En el ámbito europeo, la actividad fue especialmente relevante. Austria avanzó en la persecución de crímenes cometidos en Siria con la imputación de Khaled H. y Musab A. R., exfuncionarios de inteligencia acusados de tortura y otros delitos graves. En Bélgica, la jurisdicción universal continuó desarrollándose con avances en múltiples frentes: la conclusión de la investigación contra Martina Johnson y su remisión a la Sala de Acusación; la apertura de nuevos casos por el genocidio de Ruanda; la confirmación de la condena de Emmanuel Nkunduwimye a 25 años de prisión; el proceso pendiente contra Ernest Gakwaya; y la remisión a la Corte Penal Internacional de una investigación sobre presuntos crímenes cometidos en Gaza.
En Finlandia, se dictó una de las decisiones más relevantes del año con la condena a cadena perpetua de Yan Petrovsky por crímenes de guerra cometidos en Ucrania, en una sentencia considerada un precedente clave en la rendición de cuentas por este conflicto. En Francia, se combinaron avances y cierres de causas: destaca la condena de Roger Lumbala Tshitenga a 30 años de prisión por crímenes contra la humanidad en la República Democrática del Congo; el avance de la investigación contra Saturday T., con misiones sobre el terreno para recabar pruebas; y la conclusión de la investigación contra Amesys por complicidad en tortura en Libia, pendiente de decisión sobre su eventual juicio. Al mismo tiempo, se archivaron casos como el de Ahmed Hamdane El Aswadi (Irak) y se desestimó la investigación contra Agathe Habyarimana, decisión actualmente apelada.
Alemania continuó consolidándose como una jurisdicción central en este ámbito. En 2025 se produjeron detenciones relevantes, como la de Anwar S., y acusaciones como la de Fahad A., vinculadas a crímenes cometidos en Siria. Entre las decisiones más destacadas, se encuentran las condenas a cadena perpetua del médico Alaa M. y de Ammar A. por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. Asimismo, se inició el juicio contra Jihad A., Mahmoud A., Sameer S., Wael S. y Mazhar J., en un caso que incluye acusaciones por el uso del hambre como método de guerra. Paralelamente, continuaron numerosos procedimientos contra exmiembros de ISIS, con condenas, absoluciones parciales y nuevos juicios, reflejando la amplitud del uso de este principio.
En Lituania, avanzó –por primera vez– un caso vinculado a crímenes de guerra en Ucrania tras la extradición de un militar ruso, actualmente detenido mientras se investiga su presunta participación en torturas y malos tratos. En los Países Bajos, se consolidaron varias decisiones relevantes: la condena firme contra Abu Khuder; avances en los casos de Ahmad al-Y. y Mustafa A., incluyendo el reconocimiento de indemnización a víctimas; y la continuidad de investigaciones, entre ellas un caso pionero por violencia sexual como crimen de lesa humanidad.
Por su parte, en Portugal, el Tribunal de Apelación confirmó las condenas contra Ammar Ameen y Yaser Ameen por crímenes vinculados a ISIS, en un caso que se encuentra ahora ante el Tribunal Supremo. Además, en Suecia, continuó el juicio contra Ian Lundin y Alexander Schneiter por complicidad en crímenes de guerra en Sudán, un proceso emblemático en materia de responsabilidad empresarial por crímenes internacionales.
Asimismo, en Suiza, es dable remarcar la confirmación de la condena del exministro gambiano Ousman Sonko por crímenes de lesa humanidad, mientras continuaron investigaciones sobre el genocidio de Ruanda. El caso contra Rifaat al-Assad –acusado por la masacre de Hama–, por su parte, quedó condicionado por su estado de salud y finalizará tras su fallecimiento en 2026. Por otro lado, Turquía activó la jurisdicción universal al emitir órdenes de detención contra Benjamin Netanyahu y otros 36 altos funcionarios israelíes por presuntos crímenes cometidos en Gaza.
Estos desarrollos reflejan el papel clave de las jurisdicciones nacionales en la rendición de cuentas por crímenes internacionales, especialmente cuando las víctimas no encuentran justicia en sus países de origen. El informe también destaca la incorporación de nuevos Estados y la ampliación del alcance geográfico de estos mecanismos, junto con avances jurisprudenciales relevantes.
Sin embargo, estos progresos conviven con importantes desafíos. En contraste con estos avances mencionados, el Reino Unido archivó una investigación por crímenes en Zimbabue por falta de pruebas.
Asimismo, el informe remarca que durante el año 2025 se registraron ataques sin precedentes contra la Corte Penal Internacional (CPI), así como una creciente falta de cooperación estatal y riesgos de doble rasero en la aplicación del derecho internacional.
En ese contexto, se enfatizó en que, la eficacia de la jurisdicción universal se ve limitada en gran medida por cuestiones de voluntad política, falta de disponibilidad de recursos y la complejidad para investigar a actores con poder. En ese sentido, se subraya la importancia de reforzar la cooperación entre Estados, mecanismos internacionales y sociedad civil, cuyo papel ha sido determinante en la documentación de crímenes y la activación de procedimientos judiciales.
En definitiva, el informe confirma que, en un escenario de debilitamiento de los mecanismos internacionales, la jurisdicción universal se consolida como una herramienta esencial para cerrar brechas de impunidad. Su efectividad futura dependerá de la capacidad de los Estados para aplicarla de manera coherente, equitativa y sostenida, reafirmando que la justicia no debe quedar limitada por las fronteras.
Federica Carnevale, responsable de proyectos de FIBGAR
