Es momento de “legislar con integridad y luchar contra la opacidad” en la protección del whistleblower
La lucha contra la corrupción se sustenta sobre numerosos pilares, uno de los cuales es la necesaria e importante protección del denunciante, del whistleblower. Tras dos años de trabajo en el proyecto A Change Of Direction, un grupo de ONGs e instituciones que promueven un nuevo marco para la investigación, la sensibilización y la promoción pública para proteger a los denunciantes en Europa, la Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) presentó los resultados en Turín.
“Siempre es un momento difícil para hacer un cambio, en un contexto que tiende a permanecer congelado con respecto a los cambios políticos e ideológicos”. Bruno Galizzi, del departamento de Proyectos de Fibgar, explicaba los detalles del proyecto el pasado miércoles, 20 de febrero, en Turín, junto al resto de colaboradores como Veronika Nad, de Bluepreent for free Speech, la agencia Latte Creative y representantes de la Universidad de Pavía y de Marsella.
Sin embargo, el nombre del proyecto cobra más importancia que nunca: “Estamos en un cambio de dirección. (…) Debemos proteger a todos los que son lo suficientemente valientes como para luchar contra la corrupción”.
Actuaciones clave en la defensa del alertador
Fibgar ha desarrollado su trabajo en el proyecto A Change Of Direction sobre distintas áreas, siempre en colaboración constante con el resto de proveedores: la ausencia de protección frente a las posibles represalias, la ausencia de canales seguros de divulgación que garanticen el anonimato, la verdadera protección del denunciante y la falta de concienciación ciudadana.
En ellas ha establecido una serie de objetivos y de actuaciones clave. “Hemos realizado conferencias y seminarios, elaborado artículos específicos, difundido el concepto del whistleblower y potenciado su percepción social”. Además, se han desarrollado enmiendas a partidos políticos, se han implementado mejoras en la website y un evento de apoyo de whistleblower en la UE.
La realidad es que los denunciantes deben contar con las herramientas y garantías adecuadas para regular sus acciones y garantizar su seguridad. Sin embargo, proteger a los denunciantes también implica su responsabilidad de llevar a cabo sus acciones de conformidad con directrices basadas en un conjunto de derechos y obligaciones.
¿Objetivo cumplido? “El objetivo general del proyecto se centra en el desarrollo de un marco conceptual, normativo y social que permita a los empleados y ciudadanos informar de manera segura sobre el delito y la corrupción, de conformidad con directrices capaces de aclarar sus derechos y obligaciones.” Y en este sentido, los avances han sido gigantes. En algunos estados como Países Bajos se ha creado un centro de whistleblowers que bien puede servir de guía para otros países. En España, el escenario es muy proclive a una apuesta por la protección del denunciante: según datos de Transparencia Internacional, un 72% de la población se implicaría en la lucha contra la corrupción, y un 92% afirma que denunciaría un caso de corrupción.
