España da un paso más a favor de las personas informantes: nace el órgano que supervisará cómo se protege a quien comunica irregularidades
La Autoridad Independiente de Protección del Informante (AIPI) ha marcado un nuevo hito en la consolidación del sistema español de protección de informantes con la constitución de su Comisión Consultiva de Protección del Informante. El órgano quedó constituido con la asistencia de 11 de los 13 vocales designados, junto al presidente de la AIPI y la directora del Departamento de Seguimiento y Régimen Sancionador, que ejercerá la secretaría del órgano.
La AIPI, creada por la Ley 2/2023 en transposición de la Directiva (UE) 2019/1937, nace con especial autonomía técnica para cumplir el mandato europeo de designar autoridades competentes en materia de protección del informante. Su arquitectura institucional se apoya en dos órganos principales: la Presidencia, con rango de Subsecretaría y nombramiento por Real Decreto, y precisamente esta Comisión Consultiva, un órgano colegiado de asesoramiento encargado de emitir informes no vinculantes sobre las cuestiones que le someta la Presidencia y de formular propuestas en materias de su competencia.
Su composición es lo que le da valor real, más allá del trámite administrativo. De los 13 vocales, diez representan a instituciones y organismos con competencias vinculadas a la AIPI, dos son juristas de reconocido prestigio y uno representa a las asociaciones de personas informantes. Trece perfiles muy distintos entre sí, desde el control presupuestario hasta la supervisión financiera, pasando por el ámbito académico y jurídico, llamados a aportar, cada cual desde su ámbito, un criterio técnico que difícilmente podría concentrarse en un solo organismo.
La Comisión ya ha fijado su hoja de ruta inmediata: mientras se elaboran sus normas internas de funcionamiento, celebrará reuniones ordinarias en marzo, antes de la presentación de la Memoria Anual, y en octubre, coincidiendo aproximadamente con la segunda reunión semestral con las comunidades autónomas. El Presidente de la AIPI ya ha anunciado que someterá a la Comisión la Memoria Anual de 2026, el plan de acción de la Autoridad y las futuras Recomendaciones sobre protección del informante y régimen sancionador, antes de su aprobación definitiva.
Las competencias de la AIPI no son menores. Gestiona el canal externo de información para infracciones que afecten a más de una comunidad autónoma, adopta medidas de protección frente a represalias y tiene potestad sancionadora: las multas a personas físicas pueden oscilar entre los 1.001 y los 300.000 euros según la gravedad de la infracción. Eso sí, tiene un límite claro: no puede sustituir a jueces, Ministerio Fiscal o policía judicial, ni investigar directamente los hechos informados.
La constitución de esta Comisión Consultiva no es un hecho aislado en España, sino parte de un proceso más amplio que se está viviendo en toda la Unión Europea desde que la Directiva 2019/1937 obligó a los Estados miembros a dotarse de autoridades competentes en protección de informantes. El ritmo y la solidez institucional con que cada país está desarrollando este mandato varía considerablemente, y ahí es donde entran en juego proyectos como VoiceGuard.
Precisamente en esa línea trabaja VoiceGuard, el proyecto cofinanciado por el programa CERV de la Unión Europea (2025-2027) en el que FIBGAR coordina y participa junto a socios de varios Estados miembros. El proyecto nace precisamente para abordar lo que la constitución de la Comisión Consultiva de la AIPI ilustra: la protección efectiva del informante no depende solo de tener una ley o una autoridad sobre el papel, sino de construir capacidades técnicas, formación y cultura institucional que sostengan ese marco en la práctica.
VoiceGuard trabaja en varios frentes que dialogan directamente con lo que está ocurriendo en España: el desarrollo de un Programa de Formación Profesional dirigido a quienes gestionan canales de alerta y sistemas internos de información, futuros o propios informantes, juristas, académicos, abogados y abogadas, así como cualquier persona con un interés particular. Asimismo, se está desarrollando una formación en línea que recoge las particularidades nacionales de cada Estado miembro sobre el estado real de la protección del informante.
En este sentido, la existencia de órganos como la Comisión Consultiva de la AIPI, capaces de reunir visiones técnicas diversas, refuerza precisamente el tipo de arquitectura institucional robusta que VoiceGuard busca acompañar y fortalecer desde la sociedad civil: canales bien diseñados, autoridades con capacidad real de supervisión y una cultura de la información que proteja a quien alza la voz frente a la corrupción y las irregularidades, sin miedo a represalias.
La AIPI tiene ahora, con este órgano ya operativo, una herramienta adicional para ganar en solidez técnica en un terreno donde el detalle normativo y la pluralidad de miradas resultan determinantes para que la protección del informante deje de ser una promesa legal y se convierta en una garantía efectiva.
Conoce más sobre el proyecto VoiceGuard.
Carmen Coleto Martínez, Responsable de Proyectos de FIBGAR
