España pone en marcha la Autoridad del Informante: un escudo contra represalias y un paso clave en la lucha contra la corrupción
Desde el 1 de septiembre ha comenzado a funcionar oficialmente la Autoridad Independiente de Protección del Informante (AAI), un nuevo organismo creado por el Gobierno con el objetivo de ofrecer garantías a quienes denuncien irregularidades en el sector público o privado. La puesta en marcha de esta institución responde a la Ley 2/2023, aprobada en febrero del pasado año, que transpone la directiva europea de 2019 sobre protección de alertadores, conocidos como “whistleblowers”.
La creación de la AAI se enmarca en el Plan de Acción por la Democracia, la hoja de ruta gubernamental que incluye 31 medidas orientadas a mejorar la calidad democrática, la transparencia y el acceso a la información. Una de las grandes preocupaciones de la Unión Europea en los últimos años ha sido garantizar que los ciudadanos y ciudadanas, trabajadores y trabajadoras o profesionales que detectan conductas irregulares puedan denunciarlas sin miedo a sufrir represalias.
España se retrasó en transponer esta normativa. La directiva europea de 2019 establecía como fecha límite diciembre de 2021, aunque con un margen excepcional hasta 2023. El retraso llevó a que la Comisión Europea interpusiera un recurso contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en febrero de 2023. No obstante, ese mismo mes se aprobó la normativa nacional, que entró en vigor en marzo de 2023 y que sentó las bases para la creación de la AAI.
La misión principal de la nueva autoridad es proteger a las personas que informen sobre irregularidades en la Administración General del Estado, en las entidades del sector público y en las instituciones constitucionales. También podrá intervenir en denuncias relativas a empresas privadas, siempre que el caso tenga impacto en más de una comunidad autónoma.
La AAI atenderá denuncias que lleguen por múltiples vías: correo postal, medios electrónicos, llamadas telefónicas, mensajería de voz e incluso reuniones presenciales en su sede. Esta flexibilidad pretende garantizar que cualquier ciudadano y ciudadana pueda acceder a la institución de la manera más adecuada a sus circunstancias. Incluso, se hará cargo de la adopción de todas las medidas de protección y apoyo a la persona informante.
Asimismo, la AAI tendrá potestad para el inicio, la instrucción y la resolución de los procedimientos sancionadores e imposición de sanciones llegando a alcanzar los 300.000 euros en el caso de personas físicas, y hasta 1.000.000 euros para personas jurídicas, siempre dependiendo de la infracción cometida.
Entre sus funciones, llevará a cabo labores de difusión, desarrollando circulares y recomendaciones donde establecerá los criterios y prácticas concretos para el correcto funcionamiento de la institución.
Con el objetivo de mejorar su funcionamiento, establecerá relaciones de colaboración y de elaboración de propuestas de actuación con otras autoridades de comunidades autónomas, de la Unión Europea o internacionales. Igualmente, la autoridad facilitará el intercambio de información y la constitución de grupos de trabajo para abordar temas específicos con un interés común.
La AAI asegurará la creación y el fortalecimiento de una cultura de la información como herramienta clave para prevenir y detectar amenazas al interés público.
En esta primera fase, la AAI contará con el respaldo directo del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Desde el 1 de septiembre y hasta el 1 de noviembre, prorrogable si fuera necesario, el ministerio proporcionará recursos humanos, apoyo logístico e infraestructuras para su funcionamiento.
El diseño de esta autoridad pretende generar confianza en la ciudadanía. Durante años, las denuncias internas han sido uno de los grandes vacíos en la lucha contra la corrupción: muchas personas que se planteaban dar el paso desistían por temor a represalias o a la pérdida de empleo.
Este nuevo marco legal abre la puerta a que casos de fraude, corrupción, abusos normativos o prácticas irregulares en empresas y organismos salgan a la luz de una manera más rápida y eficaz. La AAI, además, actuará como garante de que las denuncias recibidas se tramiten con todas las garantías de confidencialidad, evitando filtraciones que puedan comprometer a los alertadores.
Con esta medida, España no solo da cumplimiento a una exigencia europea, sino que refuerza su compromiso con la democracia y la rendición de cuentas. La AAI se presenta, en definitiva, como un instrumento clave para fomentar una cultura de transparencia y responsabilidad, donde la ciudadanía pueda señalar irregularidades sin miedo y con la certeza de que estará protegida por la ley.
