España: Transparencia y lucha contra la corrupción tras la sentencia de la Audiencia Nacional y las evaluaciones del GRECO
El 2 de junio de 2025, la Audiencia Nacional dictó una sentencia trascendental para la transparencia y el acceso a la información en España. Dictaminó que el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación procedió indebidamente al negarse a la reclamación de Acces Info de los documentos de autoevaluación elaborados por España en el marco de la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC).
En concreto, Access Info solicitó al Ministerio el acceso a las autoevaluaciones de los dos ciclos de revisión de la UNCAC. Cada país debe rellenar un cuestionario de autoevaluación y España se encuentra en el segundo ciclo de revisión. Aunque solo se publican los resúmenes ejecutivos, cada vez más países divulgan también los cuestionarios y los informes completos. A pesar de que Acces Info solicitó la información de ambos ciclos, el Ministerio solo entregó parte de los documentos del primer ciclo y denegó los del segundo, alegando confidencialidad según la Ley de Transparencia española y el propio UNCAC.
En 2022 Access info presentó un recurso frente al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) que resolvió a su favor argumentando que las cláusulas de confidencialidad del UNCAC solo se aplican a los Estados que llevan a cabo la revisión, pero no al Estado que está siendo evaluado. El Ministerio recurrió esta decisión, pero la Audiencia Nacional confirmó esta interpretación en 2025, señalando que la confidencialidad no se extiende a la información generada con anterioridad al inicio del proceso de revisión, como sería la fase de autoevaluación.
Este fallo establece un precedente clave para el derecho de acceso a la información en España en materia de lucha contra la corrupción. Access Info ha vuelto a solicitar formalmente los documentos al Ministerio, dado que este no ha recurrido la sentencia.
La decisión de la Audiencia Nacional coincide con la reciente publicación de dos informes del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, que evalúan el progreso de España en la implementación de sus recomendaciones anticorrupción. Aunque el GRECO reconoce ciertos avances, como la creación de un Sistema de Integridad para la Administración General del Estado y algunas mejoras en la transparencia parlamentaria, sus informes también destacan problemas persistentes: en el informe de seguimiento de 2024 España solo había aplicado plenamente siete recomendaciones y parcialmente 3; además, una recomendación sobre el sistema de selección del Consejo General del Poder Judicial directamente no se había aplicado.
Ente algunas de las mejoras, Greco destaca la falta de atención a la situación de las altas funciones ejecutivas del gobierno central, incluyendo a sus asesores y asesoras políticas, y en las áreas donde existe un riesgo de conflicto de interés y corrupción. Asimismo, GRECO solicitó mejoras en la divulgación de información financiera, en la regulación de los grupos de presión, en las puertas giratorias y en el sistema de responsabilidad penal de los miembros del gobierno (conocido como “aforamiento). Igualmente, subrayó limitados avances relativos en la prevención de la corrupción en las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y en sus normas éticas, así como la necesidad de una mejora en la politización del Poder Judicial, entre otras.
Estos informes del GRECO y la sentencia de la Audiencia Nacional convergen en un mismo mensaje: la transparencia y la rendición de cuentas son pilares esenciales para prevenir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana. La negativa del Ministerio a divulgar la autoevaluación se sitúa en contra de los estándares internacionales y de los principios que España ha ratificado en convenios internacionales.
En suma, estos acontecimientos recientes constituyen una llamada de atención para el Gobierno español: la transparencia no es una opción, sino una obligación legal e internacional. La publicación de los cuestionarios de autoevaluación del UNCAC no solo permitirá a la sociedad civil evaluar los progresos y las carencias de la lucha contra la corrupción en España, sino que también reforzará el compromiso del país con la integridad y la buena gobernanza.
Carmen Coleto Martínez, Responsable de Proyectos de FIBGAR
