FIBGAR Argentina participa en la Jornada de Servicios Públicos organizada por IC Argentina
Buenos Aires, 29 de octubre de 2014. Daniel Galizzi, encargado del Departamento Jurídico de la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) Argentina, señaló que las municipalidades deben ahondar el concepto de defensa de los Derechos Humanos e incluir, en sus políticas, los Derechos Económicos, Sociales y Culturales recordando que, “tal como señala el artículo primero de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de la ONU, el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los Derechos Humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar del él.»
El abogado de FIBGAR Argentina hizo estas declaraciones en el marco de la Jornada de Servicios públicos organizada por IC Argentina que tuvieron lugar el pasado 29 de octubre en la ciudad de Buenos Aires. Galizzi compartió panel con Karina Yarochevsky, subsecretaria de Responsabilidad Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
Según manifestó Galizzi, que participó en una ponencia sobre la aplicación de los Derechos Humanos y la Responsabilidad Social en el ámbito municipal, Argentina se ha convertido en uno de los referentes mundiales en la defensa efectiva de estos derechos, pero incidió en que los gobiernos municipales tienen la oportunidad de “profundizar en la garantía de estos derechos en un sentido más amplio”. El letrado señaló que, de manera tradicional, se identifica a los Derechos Humanos con un catálogo de derechos civiles y políticos y que “el concepto es mucho más amplio”.
“A pesar de los inéditos aportes y avances en materia de derechos que se han observado en nuestro país en la última década, son conocidas las dificultades respecto de la informalidad en el trabajo, el acceso al suelo y a la vivienda, los déficits en el sistema de salud, el acceso al agua o a infraestructura sanitaria básica, son algunas de las cuestiones que en forma visible se encuentran en los municipios de nuestro país. Estas cuestiones requieren que sean abordadas desde nuevas perspectivas como son las de los derechos económicos, sociales y culturales, en las cuales no son ajenas al abordaje de las causas que generan la pobreza”, destacó.
En este sentido afirmó que “es necesario que los Estados no sólo garanticen el respeto y la observancia de los Derechos Humanos; sino que es necesario que los Estados pasen a una etapa de real concreción de esos derechos, como nueva forma de pasar de los reconocimiento y respeto de los derechos individuales a la construcción de un sociedad de derechos, es decir del reconocimiento efectivo de los Derechos Humanos”.
Galizzi destacó que los municipios deben tener en cuenta factores como la multiculturalidad o la diversidad a la hora de diseñar y poner en práctica sus políticas públicas y que “los procesos de inclusión social e integración territorial en los diferentes niveles del Estado, pero en particular en el nivel municipal, requieren de la adopción de esta perspectiva, en tanto suponen un marco de referencia para las políticas locales respecto del efectivo cumplimiento de estos derechos”.
Así, al reconocimiento de derechos ampliamente reconocidos como la libertad de expresión, de conciencia, religiosa o económica hay que incluir, en el catálogo de derechos a defender por las municipalidades, aquellos que garantizan una existencia digna para todos los vecinos y vecinas. “A pesar de los inéditos aportes y avances en materia de derechos que se han observado en nuestro país en la última década, son conocidas las dificultades respecto de la informalidad en el trabajo, el acceso al suelo y a la vivienda, los déficits en el sistema de salud, el acceso al agua o a infraestructura sanitaria básica, son algunas de las cuestiones que en forma visible se encuentran en los municipios de nuestro país”, manifestó.
Responsabilidad Social Corporativa
El director del Departamento Jurídico de FIBGAR Argentina señaló que la responsabilidad de aplicar conductas coherentes con el respeto a los Derechos Humanos no sólo corresponde a las instituciones públicas sino que, también, es un deber para las empresas privadas. “No se puede obviar que la garantía de conductas que respeten la dignidad humana en los centros de trabajo es también un ámbito relacionado con los Derechos Humanos”, señaló Galizzi quién adelantó al auditorio que la fundación trabaja en el establecimiento de una auditoría voluntaria para las empresas que quieran adaptar su funcionamiento a las obligaciones que imponen estos derechos fundamentales.
