Generar riqueza respetando los valores éticos
Selma Gil Díaz. Abogada. Inès Rodríguez. FIBGAR.
Viernes, 12 de diciembre de 2014. La transparencia, los valores éticos, la integridad y la prevención en la lucha contra la corrupción fueron los ejes de la jornada de sensibilización en transparencia en la que estuvo presente FIBGAR, y que se celebró en la Fundación Garrigues, organizada por el Pacto Mundial y Transparencia Internacional España.
La primera mesa redonda del día estuvo enfocada a las estrategias empresariales y las herramientas prácticas para la transparencia en el sector privado. Participaron Accenture, Agbar y el Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya. El debate fue moderado por Vicente Montes, vicepresidente de la Red Española del Pacto Mundial y director de la Fundación Rafael del Pino. Siempre teniendo en cuenta que la responsabilidad de la transparencia es transversal y corresponde a todos los sectores empresariales, pero también a la Administración, se concluyó que la transparencia y la responsabilidad social corporativa deben pasar por el convencimiento interno de los trabajadores y de la empresa, por lo que debe considerarse a los valores éticos como un interés corporativo y una ventaja competitiva. A primera vista puede parecer que la corrupción ayuda al cierre de negocios pero a largo plazo acarrea problemas de competitividad y riesgos reputacionales. Sin embargo, Almudena Rodríguez, Directora de Responsabilidad Empresarial y Medioambiente de Accenture, afirmó que “es posible alcanzar la productividad mediante la integridad”, es decir, generar riqueza respetando los valores éticos.
Nueva Ley de Transparencia
La segunda mesa redonda estuvo centrada en la prevención y lucha contra la corrupción en el sector público y fue moderada por Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional España. Lizcano destacó los principales defectos de la nueva Ley de Transparencia que entró en vigor el pasado 10 de diciembre de 2014. En primer lugar, criticó el silencio administrativo que impone una conducta activa al ciudadano para ejercer su derecho a la información. También señaló la falta de prevención de sanciones a políticos y funcionarios infractores; que la ley no incluya un concepto de transparencia abierto “por defecto” y por tanto deje fuera cuestiones relacionadas con “intereses económicos” y otros conceptos jurídicos difusos que pueden conducir a la arbitrariedad de su aplicación; que la publicación del patrimonio de las Administraciones Publicas se ciña sólo a los bienes inmuebles y por último, que el nuevo Consejo de Transparencia y Buen Gobierno adolezca desde su nacimiento de un déficit de independencia.
Por su parte, Oscar Roca, de la Oficina Anti-Fraude de Cataluña recalcó que los progresos en materia de prevención y lucha contra la corrupción coinciden con la salida a la luz de escándalos que remueven la conciencia ciudadana. Beltrán Gambier, del Comité Ejecutivo de TI-España, calificó a la Ley de Transparencia de defectuosa y coincidió con Lizcano en que impone trabas al ciudadano de a pie para acceder a la información a la que tiene derecho: si la Administración no responde a su petición, su única oportunidad es acudir a los Juzgados Contencioso-Administrativos, en los que se debe pagar a un abogado y las tasas correspondientes. Por último, tuvo lugar la intervención de Ana Revuelta, coordinadora del estudio sobre lobbies de TI-España, que afirmó que en España está instalada la creencia de que “el dinero compra influencia en la política”, algo que no ocurre en los países anglófonos, donde lobby y corrupción no están necesariamente ligados. De hecho, España obtiene un lamentable suspenso en materia de transparencia con respecto a los lobbies, con una nota del 21%.
