Hambre Cero: el derecho a la seguridad alimentaria
La Agenda para el Desarrollo Sostenible es una herramienta para conseguir prosperidad, la erradicación de la pobreza y la paz global. Para ello, uno de los elementos esenciales es acabar con el hambre, conseguir seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición, así como promover la agricultura sostenible. Este es el segundo objetivo de la Agenda 2030, Hambre Cero.
La FAO establece que la seguridad alimentaria se da cuando “todas las personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades energéticas diarias y preferencias alimentarias para llevar una vida activa y sana”.
El derecho a la seguridad alimentaria está recogido en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Sin embargo, de acuerdo con los datos estadísticos oficiales de Naciones Unidas en 2019, el 25,9% de la población mundial – aproximadamente, 2 billones de personas – se encontraban en situación de inseguridad alimentaria moderada o severa. Esto significaba un incremento del 22,4% desde 2014. El mismo año, se habían registrado 690 millones de personas con malnutrición, 60 millones más que en 2014. Geográficamente, el hambre es uno de los problemas más extendidos ya que las regiones de Europa y Norteamérica y Asia del Este y del Sudeste son las únicas con una tasa de prevalencia de inseguridad alimentaria por debajo de la media mundial.
Esta situación es un grave problema, especialmente para niños. De acuerdo con Naciones Unidas alrededor de 144 millones de niños menores de 5 años sufren retraso del crecimiento y 47 millones, emaciación o delgadez mórbida debido a la inseguridad alimentaria que sufren. Además de problemas de crecimiento, la malnutrición tiene efectos a largo plazo en la salud tanto de niños como adultos: la propensión a la obesidad, que a su vez puede ser un factor de riesgo y causa de enfermedades crónicas, y el aumento en la incidencia de enfermedades no-contagiosas.
Los conflictos y shocks climáticos son algunos de los problemas que más amenazan la seguridad alimentaria, a ellos el 2019 se le sumaron la plaga de langostas y la pandemia del COVID-19, debido a que han reducido la capacidad de compra y de producción y distribución de alimentos.
Estos últimos años, la degradación de la tierra y la escasez de recursos naturales ha puesto en evidencia la necesidad de proteger y conservar los terrenos y recursos necesarios para el desarrollo y funcionamiento de sistemas agrícolas para poder satisfacer las necesidades alimentarias presentes y futuras. La solución debe pasar por promover la agricultura sostenible a través de pequeños agricultores y productores, para poder incrementar su ingreso, lo que tendría un impacto directo en la reducción de la pobreza. Al haber sido uno de los sectores económicos más afectados, ahora más que nunca es necesario que se invierta capital público. Esto no solo estimularía la economía familiar, dando autonomía a los pequeños productores, sino que también incrementaría la productividad y atraería capital privado.
Con el empeoramiento de la inseguridad alimentaria y el hambre este último año, es importante que se aúnen los esfuerzos internacionales para poder cumplir con el objetivo Hambre Cero y poder universalizar el acceso a alimentación suficiente y saludable a las generaciones presentes y futuras.
Maria Barrachina Ortega, colaboradora FIBGAR
