La amenaza creciente contra las personas defensoras indígenas: una llamada a proteger a quienes protegen
Las personas defensoras indígenas enfrentan una amenaza constante y creciente en todo el mundo. El reciente informe 2024-2025 de Front Line Defenders destaca que, aunque los pueblos indígenas representan solo el 6% de la población mundial, constituyen el 17.9% de las personas defensoras de derechos humanos asesinadas. Esta alarmante estadística refleja una crisis sistémica de violencia y criminalización contra quienes protegen sus territorios, culturas y derechos.
Afirman que los gobiernos de todo el mundo utilizan deliberadamente mal el sistema judicial con tal de silenciar a las personas defensoras de los derechos humanos. Más concretamente, los y las defensoras que protegen los derechos sobre la tierray lospueblos indígenasse enfrentan aamenazas específicas cada vez más graves por grupos paramilitaresyempresas.
En Brasil, por ejemplo, las milicias rurales armadas atacaron deliberadamente a las comunidades. En México, estas personas han sido detenidas arbitrariamente de forma sistemática y con penas de prisión prolongadas en un contexto de racismo virulento. Además, las mujeres indígenas, por el hecho de ser mujeres, experimentan violencias específicas, como ocurre en Guatemala, donde es alarmante el número de mujeres indígenas que enfrentaron desalojos y que denuncian agresiones físicas y sexuales, además de ser sometidas a criminalización por parte de las empresas.
Según el informe, América Latina se ha consolidado como la región más letal para las personas defensoras de derechos humanos, especialmente para los pueblos indígenas. Colombia lidera las estadísticas de asesinatos, con 157 líderes sociales y personas defensoras asesinados durante 2024, y 71 líderes sociales asesinados entre enero y mayo de 2025, siendo el departamento del Cauca, Magdalena Medio y otras áreas del suroeste del país las más afectadas. Esta violencia persiste a pesar de los esfuerzos gubernamentales por establecer ceses al fuego y diálogos de paz, evidenciando la falta de protección efectiva y la impunidadque enfrentan estas comunidades.
En México, la situación no es menos preocupante, con casos de detención arbitraria, prisión preventiva prolongada y sentencias desproporcionadas contra personas defensoras indígenas. Un ejemplo es el del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, quien fue asesinado después de celebrar la misa en su barrio en el estado de Chiapas. Marcelo había recibido amenazas por más de 10 años por intentar proteger los derechos de los pueblos indígenas en Chiapas y denunciar la presencia de grupos organizados que contaban con el apoyo de grupos económicos y políticos en Simojovel. Además, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) reportó en 2022 más de 582 agresiones contra defensores y defensoras ambientales, siendo los pueblos indígenas los más afectados, representando el 56% de los casos documentados.
En la región de África resulta igualmente alarmante los riesgos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos que protegen el medio ambientey los derechos de los pueblos indígenas. En zonas como Costa de Marfil o Namibia, estos fueron blanco de amenazas y ataques en los que corre peligro su vida. Asimismo, en Tanzania, unos 500 aldeanos fueron ilegalmente desalojados de sus tierras por el gobierno, sometidos a tortura, destruyeron sus cosechas, alimentos y hogares y sacrificaron sus animales. Junto con todo ello, se reportaron incidentes de violencia sexual y casos de personas desaparecidas.
En Asia, los y las defensoras fueron igualmente atacados utilizando sistemas judiciales opacos y politizados, no cumpliendo sus propias normas. Por ejemplo, en India, las personas que defendían los derechos humanos dality el acceso a la tierra por parte de los pueblos indígenas fueron sistemáticamente difamadas como militantes que apoyaban al prohibido Partido Comunista de la India. De igual manera, en Filipinas hacen uso de la “etiqueta roja” para criminalizarles y marcarles de terroristas o de pertenecer a organizaciones ilegales, siendo esto simplemente el inicio de posteriores ataques graves contra su integridad física.
Las mujeres indígenas defensoras enfrentan una triple amenaza: por su género, su identidad indígena y su activismo. Según el informe de Front Line Defenders, el 13,3% de las personas defensoras asesinadas eran mujeres. Estas mujeres sufren violencia física, psicológica y sexual, además de ser estigmatizadas y criminalizadas por su labor en la defensa de sus territorios y culturas.
A pesar de estas adversidades, muchas lideresas han logrado avances significativos estando en primera línea de los movimientos reivindicativos en 2024. Esto fue particularmente destacado en Bangladesh, donde las jóvenes no solo participaron activamente, sino que también organizaron y lideraron el movimiento de protesta que logró derrocar al régimen autoritario de Sheikh Hasina. En un país que ocupa el puesto 131 de 162 en el Índice de Desigualdad de Género de las Naciones Unidas, la amplia participación femenina en las manifestaciones marcó un hito importante, reflejando el cambio en el rol de las defensoras de derechos humanos dentro del contexto social y político del país.
En definitiva, la alarmante situación de las personas defensoras indígenas requiere acciones inmediatas y concretas. Es fundamental que los gobiernos implementen políticas efectivas de protección, garanticen la justicia y reconozcan el papel vital que desempeñan estas personas en la preservación del medio ambiente y la diversidad cultural. Proteger a quienes protegen es una responsabilidad compartida que no puede esperar.
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Carmen Coleto Martínez, Responsable de proyectos de FIBGAR.
