LA ASAMBLEA DEL CONSEJO DE EUROPA ADOPTA UNA RESOLUCIÓN PARA CODIFICAR EL ECOCIDIO
El pasado miércoles, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE) adoptó por abrumadora mayoría la Resolución 2477/2023 y la Recomendación 2246/2023 sobre el Impacto medioambiental de los conflictos armados.
Ambas se basan en un informe recientemente publicado por su Comisión de Asuntos Sociales, Salud y Desarrollo Sostenible sobre el Impacto medioambiental de los conflictos armados, que expone que los daños medioambientales «polifacéticos, graves, duraderos y en su mayoría irreversibles» causados en los conflictos armados afectan «no sólo a los ecosistemas, sino también a la salud humana más allá de la zona de conflicto y mucho después de que éste haya terminado. Se socavan así los derechos humanos a la vida y a un medio ambiente sano«.
Este verano el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) alertó sobre los impactos significativos de la guerra en los entornos urbanos y rurales de Ucrania que podrían dejar al país y la región con una tóxica herencia ambiental para las futuras generaciones.
A través de un sistema de vigilancia remota del impacto ambiental, se han identificado miles de posibles incidentes de contaminación del aire, el agua y la tierra, así como incidentes de degradación de los ecosistemas, incluidos los riesgos para los países vecinos.
Todo esto hace que el medioambiente sea con frecuencia la víctima olvidada en guerras y conflictos: pozos de agua contaminados, cultivos quemados, bosques talados, suelos envenenados y animales sacrificados.
Ya en 2001, la Asamblea General de Naciones Unidas declaró el 6 de noviembre como Día Internacional para la prevención de la explotación del medio ambiente en la guerra y los conflictos armados en su resolución 56/4 .
Tanto entonces como hoy en día, la relación entre los conflictos y el medio ambiente es, además de bidireccional, inseparable. Según el PNUMA, casi la mitad de conflictos internos en las últimas seis décadas se han visto motivados por la búsqueda de recursos y espacios naturales, ya sea por su valor comercial (es el caso del oro y los metales preciosos, los diamantes, los minerales o el petróleo) como por su escasez (como son el agua o la propia tierra fértil). Además, la degradación del medioambiente eleva la probabilidad de que se produzcan las guerras por motivos naturales. De hecho, el riesgo de recaída en conflictos por los recursos naturales de subsistencia cada vez más escasos se duplica con respecto a otros casos.
En 2016, la Asamblea de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (UNEA), el principal órgano de toma de decisiones ambientales del mundo creada en 2012 por los 193 Estados Miembros de las Naciones Unidas, aprobó la resolución UNEP/EA.2/Res.15, que afirma que unos ecosistemas saludables y unos recursos naturales gestionados de manera sostenible reducen el riesgo de conflicto armado.
Un informe del PNUMA de octubre de 2022 señala que «Ucrania, ya lastrada por una serie de retos medioambientales heredados, se enfrenta ahora a una crisis medioambiental agravada y multidimensional que ha exacerbado los problemas existentes o añadido otros nuevos […] asociados a los productos químicos, las municiones y los equipos militares, la presencia de una serie de contaminantes que siguen liberándose durante la fase activa del conflicto, los daños infligidos a las instalaciones de almacenamiento de combustible, las infraestructuras industriales, las infraestructuras clave como los sistemas de gestión del agua, la energía y los residuos, las zonas urbanas y las zonas agrícolas y naturales. La evaluación de estos daños requerirá una multitud de métodos complejos para establecer los impactos y planificar las actividades de recuperación.»
La Resolución recién adoptada por el Consejo de Europa destaca «las importantes lagunas [que] subsisten en la protección del medio ambiente en el contexto de los conflictos armados y sus secuelas. Los instrumentos jurídicos existentes carecen de universalidad en cuanto a ratificaciones, precisión de los términos utilizados (como para calificar los «efectos generalizados, duraderos o graves»), una cobertura exhaustiva de los delitos y un ámbito de aplicación suficientemente amplio. Además, también falta un mecanismo internacional permanente que controle las infracciones legales y atienda las reclamaciones de indemnización por daños medioambientales.»
Por todo ello, la resolución pide a los Estados miembros del Consejo que «construyan y consoliden un marco jurídico para mejorar la protección del medio ambiente en los conflictos armados a nivel nacional, europeo e internacional», entre otras cosas, «actualizando su arsenal jurídico para tipificar el ecocidio como crimen y enjuiciarlo eficazmente, y tomando medidas concretas para enmendar el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional a fin de añadir el ecocidio como nuevo crimen».
La destrucción o el deterioro graves de la naturaleza que podrían calificarse de ecocidio pueden producirse en tiempos de paz o de guerra. Es necesario codificar esta noción tanto en la legislación nacional, según proceda, como en el derecho internacional.»
Por lo tanto, la Resolución establece claramente el apoyo de la Asamblea del Consejo de Europa a la codificación del ecocidio como delito a nivel nacional e internacional, dando un paso adelante en la protección de nuestra madre tierra.
Madrid, 01 de febrero de 2023.
