La cuenta atrás.
Hoy comienza la cuenta atrás: un año para la transposición de la Directiva de protección de alertadores.
En 2019 el Parlamento Europeo consiguió aprobar la Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, marcando un hito en la lucha contra la corrupción y otras ilegalidades y, en definitiva, dando un paso importante hacia la promoción de los valores democráticos y del Estado de Derecho.
Tras una larga demanda social y varios escándalos, como Luxleaks, los papeles de Panamá y el caso Cambridge Analytica, entre otros, la Unión Europea se vio obligada a reconocer la necesidad de dotar los alertadores de una protección jurídica adecuada.
Finalmente, por primera vez el legislador europeo concedió un paraguas jurídico bajo el cual se definen las normas mínimas a nivel europeo que abarcan una amplia gama de relaciones laborales y de áreas de intervención, exigen canales de denuncia seguros, prohíben cualquier forma de represalia y otorgan medidas de protección para los alertadores.
De esta manera, si bien con algunas limitaciones, la Unión Europea ha establecido un marco de referencia para quienes reportan mediante canales internos, externos o de revelación publica aquellas infracciones de la legislación de la Unión Europea ocurridas en un contexto laboral, tanto dentro de las organizaciones privadas como en el seno de las públicas.
Al introducir este sistema de protección garantista, la Directiva exige una armonización normativa en el ámbito europeo que marca un antes y un después en una materia caracterizada hasta entonces por la presencia de regulaciones nacionales carentes y fragmentarias.
Sin embargo, las directivas se caracterizan por ser aquellos actos legislativos que, si bien establecen objetivos que todos los Estados de la Unión Europea deben cumplir, dejan a cada país elaborar sus propias leyes sobre cómo alcanzar esos objetivos. Y, a tal respecto, la Directiva 2019/1937 además deja explícitamente ciertas cuestiones a la decisión de los gobiernos nacionales.
Por lo tanto, una vez adoptada a nivel comunitario, la Directiva debe transponerse al ordenamiento jurídico de cada Estado Miembro, dentro del plazo fijado, que, en este caso, es el 17 de diciembre de 2021.
Actualmente, un año después de su entrada en vigor, el proceso de transposición a la legislación nacional se ha puesto en marcha solamente en 15 Estados miembros.
Entre estos países se encuentra España donde, sin embargo, aún queda mucho por hacer para llegar a una transposición de la Directiva a la altura de las expectativas dado que el ordenamiento jurídico español carece de una norma que regule tales cuestiones con un carácter integral y exhaustivo.
No cabe duda de que se trata de un proceso complejo y desafiante que implica la adecuación del marco normativo existente a una nueva figura jurídica. Por ello, es necesario que en los 365 días que nos separan de la fecha limite impuesta por la Unión Europea se valore el aporte de las organizaciones civiles que trabajan contra la corrupción y para la protección de los alertadores.
A tal respeto, el proyecto Expanding Anonymous Tipping (EAT), coordinado por FIBGAR, se presenta como una experiencia confiable puesto que, a través la implementación de buzones de reporte seguros en instituciones públicas y empresas privadas de 10 países de la Unión Europea, promueve una protección efectiva de los alertadores.
Gracias a su experiencia y compromiso las organizaciones civiles pueden desempeñar un papel fundamental señalando rutas para el reconocimiento y atención de los problemas, al igual que para la búsqueda de soluciones.
A tal respeto, el pasado mes de julio, en correspondencia de la constitución del Grupo de Trabajo de la Comisión General de codificación, ordenado por el Ministerio de Justicia, FIBGAR, junto a otras organizaciones, ha constituido la Coalición ABRE para reclamar e impulsar un proceso participativo, abierto y transparente.
Es incuestionable que el proceso de transposición será más ambicioso, horizontal y responsable si autoridades y organizaciones sociales caminan de la mano.
