La cuenta pendiente de España con la verdad
Cada 24 de marzo se celebra el Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con las Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas, en honor al activista de derechos humanos salvadoreño Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado un día como hoy de 1980. Este día también coincide con el fatídico golpe de Estado de Argentina en 1976, que inauguró una de las dictaduras más feroces de Latinoamérica.
El proceso de construcción de la protección internacional de los derechos humanos ha sido largo y difícil, iniciándose en 1948 con la Declaración Universal, avanzando muy despacio durante la guerra fría, y con avances notables en el último tiempo. Un hito sin duda importante lo podemos encontrar en 2005, a través de los “Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”, aprobados mediante la Resolución 60/47 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
El artículo 22.b) de este documento estima necesaria “la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad”, y el artículo 24 destaca el acceso a información pertinente sobre violaciones y mecanismos de reparación por parte del público en general, y de las víctimas en particular.
A su vez, en 2006 se realizó un estudio sobre el derecho a la verdad en relación con violaciones manifiestas e infracciones graves de derechos humanos realizado por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), que puso de relieve el carácter autónomo e inalienable de este derecho, subrayando también la obligación y el deber del Estado de asegurar la protección de los derechos humanos, así como de investigar y garantizar la reparación.
Posteriormente, ACNUDH, en 2009, publicó otro informe, esta vez centrado en los mecanismos adecuados para el ejercicio efectivo del derecho a la verdad, destacando la importancia que para ello tiene la conservación de los archivos y expedientes de las violaciones, y la creación de programas de protección de testigos.
En toda esta documentación hay algunos aspectos clave que deben ser tenidos en consideración, como el concepto de víctima, que son todas aquellas personas que han sufrido directamente las violaciones en sus derechos fundamentales por acciones y omisiones del Estado (como daños, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, etc.), pero también se considera víctimas a los familiares y personas con relación estrecha con las víctimas directas.
Este reconocimiento para las víctimas y sus familiares supone una afirmación de sus derechos, una corrección de un desequilibrio de poder entre el Estado y la víctima, una expresión de justicia y, esencialmente, una manera de permitir que las víctimas reconstruyan sus vidas.
Otro aspecto relevante es el reconocimiento público institucional por parte del Estado de haber cometido un acto indebido, demostrando respeto y solidaridad, reparando y adoptando mecanismos que aseguren la no repetición de tales actos, con lo que se contribuye a reafirmar la vigencia y el pleno respeto del Estado de derecho.
El derecho a la verdad implica que el agravio perpetrado se nombre, con sus circunstancias y autores especificados. Solo de esta manera se puede restaurar el orden perturbado por la violación, particularmente en períodos de transición tras dictaduras o conflictos armados caracterizados por violaciones graves de derechos humanos.
Como bien es sabido, son cuatro los pilares sobre los cuales se sustenta la Justicia Transicional: verdad, justicia, reparación y, especialmente, garantías de no repetición. Sobre esta base los Estados deben trabajar para dar respuesta a las víctimas, teniendo en consideración que los delitos cometidos son imprescriptibles y que sobre ellos pesa la prohibición de amnistiar, como señaló el Comité de Derechos Humanos a España en 2008. Nuestro país tiene el deber de perseguir penalmente estos crímenes, estableciendo la responsabilidad individual de cada uno de quienes han contribuido a su comisión y ocultación.
Estos deberes han sido reiteradamente recordados a España por parte de Naciones Unidas, a través de organismos como el Comité de Derechos Humanos, el Comité contra las Desapariciones Forzadas, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y los Relatores Especiales sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Pablo de Greiff y, posteriormente, Fabián Salvioli.
En estos diferentes informes se han remarcado las deficiencias de España en relación con el derecho a la verdad y la memoria histórica y se han efectuado recomendaciones claras y precisas sobre las acciones que se deben adoptar para resolver esta deuda pendiente con las víctimas, una deuda que es imprescriptible. De nuestro especial interés y preocupación es la situación que acontece respecto de la desaparición forzada y apropiación y/o sustitución de identidad de niños y niñas (los llamados “bebés robados”) durante la Guerra Civil, la dictadura franquista y hasta bien entrada la democracia.
Durante décadas, las denuncias de las víctimas han sido desoídas, y se ha mantenido la impunidad por estos crímenes, ya sea por retrasos indebidos de los procesos judiciales, o por una investigación insuficiente, descartando tratar los casos de bebés robados como lo que son, desapariciones forzadas, es decir, crímenes de derecho internacional.
En 2018 Naciones Unidas, y concretamente el Relator Especial Fabián Salvioli, celebró limitados pero esperanzadores avances. Así, el actual Proyecto de Ley de Memoria Democrática presenta un plan de exhumación de fosas y de búsqueda de desaparecidos, la creación de un Banco de ADN, una Fiscalía especializada, la nulidad de sentencias de la Guerra Civil y el franquismo y el reconocimiento del derecho inalienable e imprescriptible de las víctimas a la verdad.
Desde los inicios de nuestra fundación en el año 2012, FIBGAR trabaja promoviendo los derechos de las víctimas, no solo de forma individual, sino también junto a las más de cien organizaciones que formamos parte de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, en aras de garantizar la no repetición de los crímenes más atroces que ha conocido la historia reciente de España.
Este es un camino lleno de obstáculos y demoras, cuyos resultados van a llegar mucho más tarde de lo deseado, pero es un camino que como sociedad debemos recorrer, porque solo con la verdad, la justicia y la reparación, España alcanzará una verdadera reconciliación que nos garantice un futuro en paz y libre de cualquier intento de repetición. Hoy 24 de marzo conmemoramos este día internacional del derecho a la verdad, un derecho que es de las víctimas, pero que también es de todas y todos como sociedad. Ha llegado el momento de que España salde su cuenta pendiente con la verdad.
Cristina Molina Campos, colaboradora FIBGAR.
