La desaparición forzada, un sufrimiento sin fin
La desaparición forzada es tal vez una de las prácticas represivas más atroces de las que se han valido regímenes y organizaciones para imponer su control y su poder.
Se trata del arresto, detención, secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguido de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley (art. 2 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas).
De esta manera se priva al individuo de su libertad, ocultando y negando cualquier información sobre su paradero, violando así sus derechos a la libertad, al reconocimiento de su personalidad jurídica y a la integridad personal, y poniendo en grave riesgo su derecho a la vida. En breve, el ser humano se desvanece sin dejar rastro.
La desaparición forzada es entonces un crimen sin fin, un delito permanente, una continua violación de los derechos humanos que dura hasta que la suerte o el paradero de la víctima se hayan esclarecido, como sin fin es también el sufrimiento de las familias que padecen una intensa angustia ante la desaparición de sus seres queridos.
Ante la ausencia que duele y frustra, la falta de información y de una respuesta cabal desde las instituciones, los familiares de los desaparecidos viven en un limbo, un perenne estado de incertidumbre, todos los días esperando en silencio saber qué pasó con sus seres queridos. Todo esto hace que los familiares se conviertan a su vez en víctimas invisibilizadas.
Esto es lo que le ha pasado y sigue pasando a las cientos de miles de familias españolas, que piden verdad, justicia y reparación para sus familiares desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura.
Se calcula que en aquellos años desaparecieron más de 150.000 personas y más de 30.000 niños fueron robados. Sus familias quieren conocer la verdad y, de acuerdo con las normas internacionales, corresponde al Estado español el deber de garantizar a las víctimas un recurso efectivo que implique la investigación de oficio, seria e imparcial de las desapariciones forzadas a fin de identificar a los presuntos responsables de las mismas e imponerles las sanciones que puedan corresponder.
A pesar de los avances, aun falta mucho por hacer. Así lo hemos señalado en nuestro último informe presentado ante el Comité contra la Desaparición Forzada en el marco del examen de la información complementaria proporcionada el 17 de julio de 2021 por el Estado español en virtud del artículo 29.1 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las personas contra las desapariciones forzadas.
En sus Observaciones de 2013, el Comité instaba a España a cumplir con sus obligaciones con las víctimas de la guerra y la dictadura a través de la promoción de una política de Estado integral, coherente, permanente, cooperativa y colaborativa en el tema de desapariciones forzadas.
Si bien valoramos positivamente el Proyecto de Ley de Memoria Democrática recién aprobado por el Consejo de Ministros, lo cual supone una oportunidad para que España se comprometa a avanzar en materia de memoria histórica, cientos de miles de familias aún siguen esperando que su país cumpla con la obligación de buscar, localizar a los desaparecidos y, en caso de fallecimiento, la obligación de buscar, identificar y restituir los restos mortales a la familia con el debido respeto y asistencia.
Hace falta un verdadero compromiso de las instituciones del Estado, tanto administrativas como judiciales, para que de una vez por todas se salde esta deuda histórica.
Por nuestra parte, seguimos luchando contra el olvido y la impunidad, siempre al lado de las víctimas, para que sean garantizados sus derechos a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición y no se pierda la memoria del pasado.
Alessia Schiavon, Departamento Legal, FIBGAR.
