La trata de personas se puede considerar una forma moderna de esclavitud, la cual convierte al ser humano en simple mercancía. Por medio de engaños, amenazas, coacción y violencia, tanto física como psicológica, reduce a las víctimas – sobre todo niñas y mujeres – a condición de objeto presto a la explotación.
Constituye una forma de delincuencia de la mayor gravedad, que proporciona importantes beneficios económicos basados en la utilización de las personas con distintos fines de explotación y que, a través de sus distintas manifestaciones, atenta contra la dignidad del ser humano y vulnera los derechos más básicos como la libertad, la igualdad, la integridad física y psíquica o la vida, sometiendo a las víctimas a condiciones de vida degradantes, inhumanas y crueles, con efectos devastadores.
Según el articulo 3 del Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (el más importante e influyente acuerdo legal internacional en la materia), la trata de personas abarca la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación.
Esa explotación incluye la prostitución u otras formas de explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos.
La trata de personas no solamente adopta muchas formas sino también no conoce fronteras. Cada año, miles de hombres, mujeres, niñas y niños caen en las manos de traficantes, en sus propios países o en el extranjero y prácticamente todos los Estados del mundo están afectados por el tráfico, ya sea como país de origen, tránsito o destino de las víctimas.
A pesar de los esfuerzos a nivel internacional, la trata de personas sigue siendo uno de los tres negocios ilícitos más lucrativos del planeta, junto al tráfico de armas y de drogas, y uno de los crímenes transnacionales con más altos índices de impunidad, favorecida por el mercado ilícito.
A esto se debe añadir que la naturaleza encubierta del crimen a veces no permite identificar a las víctimas, existiendo vacíos de información y en muchos países de África y Asia apenas hay casos registrados. Por tanto, uno de los grandes problemas a la hora de luchar contra este fenómeno es que no se conoce su magnitud real debido a la falta de datos, lo que constituye todo un desafío. La trata de personas es una realidad presente en todo el mundo, pero es apenas visible.
El último Informe Mundial sobre la Trata de Personas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) señala datos dramáticos. En los últimos 15 años ha aumentado el número de víctimas y su perfil ha cambiado. La proporción de mujeres adultas se redujo de más del 70% a menos del 50% en 2018, mientras que la proporción de niños ha aumentado, de alrededor del 10% a más del 30%.
Desafortunadamente, la situación podría empeorar en los próximos años, ya que la trata de personas es un fenómeno que se nutre de las vulnerabilidades ya existentes, como la pobreza, las desigualdades estructurales, la exclusión social, la falta de esperanza y la desesperación, y es probable que la recesión causada por el COVID-19 exponga a más personas al riesgo de ser víctimas de esta práctica.
Por eso, es importante que se renueve el compromiso global para prevenir y combatir esta lacra mundial y potenciar los mecanismos de protección de las víctimas.
Teresa Bueso, colaboradora FIBGAR