Decía el filósofo español Julián Marías que la historia del siglo XX no se comprendería sin el concepto de justicia social. Lo cierto es que se trata de un término que ha sido discutido en el ámbito de la filosofía, ha estado muy vinculado a la teoría económica, se ha convertido en la proclama de los últimos movimientos globales y, al mismo tiempo, poco puede decirse sobre su existencia o aplicabilidad real.

El 20 de febrero se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social instaurado en noviembre de 2007 en el sexagésimo periodo de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Pero, ¿qué es la justicia social?

En un primer momento y junto con el desarrollo de la filosofía mercantilista, la justicia social se asociaba con una sociedad ordenada y con alcanzar el máximo beneficio colectivo. Existía una visión económica entendiendo que había mayor justicia social cuanto mayor era el número de personas que se encontraban satisfechas o felices con su estatus y situación. Esta perspectiva perdía de vista la individualidad de cada persona, su dignidad que es el fundamento de los Derechos Humanos, a los colectivos vulnerables y a las minorías.

Quizás, la más valiosa definición la encontramos en la primera referencia histórica al término, la del sacerdote, sociólogo y filósofo  italiano Taparelli al entender que “la justicia social debe igualar de hecho a todos los hombres en lo tocante a los derechos de humanidad.” Actualmente, hablar de justicia social implica relacionar tres cuestiones esenciales: la distribución material de los recursos, la participación en la toma de decisiones y el reconocimiento cultural. Esos son los tres aspectos sobre los que actúa la justicia social.

La cuestión de la distribución ha sido especialmente abordada desde el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) destacando la necesidad de modificar los patrones de consumo, trabajo y producción para asegurar la sostenibilidad, la supervivencia y la mejor distribución de los recursos. En la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, adoptada en junio de 2008, y cuyo objetivo es el de definir el papel tanto de la propia organización como del trabajo y sus condiciones de mejora y perspectivas de desarrollo futuro en el nuevo mundo globalizado, se destacaba la necesidad de un reparto equitativo en los beneficios obtenidos por el trabajo, la necesidad de creación de empleos decentes y sostenibles y el reconocimiento cada vez más amplio de la protección social y los derechos del trabajo. La justicia social es entendida como la intersección o el objetivo a lograr al abordar todos los desafíos que plantea el mundo de hoy: medio ambiente, estado de bienestar, protección laboral, prohibición de trabajo forzado, infantil o esclavitud, aseguramiento de la calidad de vida durante la vejez y lucha contra la pobreza. Objetivos, todos incluidos en la Agenda 2030.

El tema de la participación ciudadana entra de lleno en la idea de democracia como base de la igualdad, al menos en su vertiente formal, ya que este sistema sitúa al individuo en el centro de la decisión política con independencia del resultado mayoritario. Se trata de determinar cuáles son las necesidades básicas que garantizan una vida digna en cada momento y que evolucionan con cada etapa histórica, movimiento político y avances tecnológicos y generar activamente su consecución real.

Por último, el reconocimiento cultural entronca directamente con el desafío a nivel global que plantea la protección y garantía efectiva de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales sin discriminación. Se trata de proteger a los colectivos más vulnerables en el goce de los derechos más básicos, de garantizar una vida digna, condiciones de trabajo dignas, retribuciones sociales ajustadas a las cotizaciones efectuadas, protección frente a los abusos, respeto de las individualidades, identificación de colectivos en riesgo de exclusión y de pobreza como son las minorías, las mujeres, los niños, los ancianos o las personas dependientes. Es una forma de equilibrio social a través del reconocimiento, del respeto, de la protección especializada, del reparto en atención a las necesidades específicas de cada etapa de la vida. Es un respeto intergeneracional ya que pretende retribuir a las generaciones pasadas por sus aportaciones y permitirles tener la misma o mejor calidad de vida en la vejez a través de los sistemas de pensiones y, al mismo tiempo,  asegurar el sostenimiento de las generaciones futuras.

La justicia social es, en esencia, el objetivo a conseguir a través de la integración de los tres elementos; la distribución equitativa de los recursos generados a través de una explotación sostenible, la participación activa de todos los miembros de la sociedad a través del asociacionismo, la manifestación pacífica y el derecho al disenso, y la protección específica de todos los seres humanos y de los colectivos con vistas a eliminar posiciones de desigualdad o discriminación. La realización de la justicia social supone sentar los cimientos de una sociedad futura basada en “la coexistencia pacífica y próspera entre las naciones” y entre los seres humanos.

En FIBGAR apoyamos el desarrollo de políticas y prácticas interseccionales que adopten un enfoque multidisciplinar frente a las situaciones de injusticia social y discriminación del complejo mundo de hoy, que afectan a más de 2000 millones de personas en el mundo, según datos de la OIT, y que inciden con especial crueldad en colectivos vulnerables y vulnerados como jóvenes y niños, mujeres, ancianos, minorías y pueblos indígenas.

Sara Arrazola. Colaboradora de FIBGAR.