La Pachamama, víctima de ecocidio
No cabe duda que el 2019 marcará una etapa histórica hacia una nueva conciencia global sobre la emergencia climática que vivimos.
Por primera vez millones de personas, en su mayoría jóvenes, han llenado las calles de todo el mundo así como las distintas redes sociales exigiendo medidas concretas y efectivas para defender la naturaleza y el futuro del planeta. Un impresionante movimiento liderado por la adolescente sueca Greta Thunberg, ha conseguido hacerse oír por los poderes políticos y económicos que gobiernan la Tierra.
El mensaje es contundente: esta es la crisis más importante que la humanidad ha enfrentado jamás y nuestro planeta, nuestra querida Pachamama, está en peligro y con ella nuestra propia supervivencia.
Su corazón – o mejor dicho su pulmón –, la Amazonía, está desapareciendo a un ritmo alarmante en detrimento de su extraordinaria importancia para el funcionamiento de los ciclos biogeofísicos mundiales. A pesar de esto, algunos países en los que reside una parte del territorio amazónico siguen percibiendo esta destrucción como la manera más eficaz para añadir riqueza a su sistema económico. Un caso emblemático lo protagoniza el gobierno del Presidente brasileño Jair Bolsonaro.
Pero, limitar la explotación económica del medioambiente a la Amazonía sería quedarse en la superficie del problema. Cada rincón del planeta está afectado por esta llaga, desde la masiva extracción de crudo en el delta del río Níger, pasando por “los pueblos del cáncer en China” y los masivos vertederos ilegales de Somalia, por nombrar solo unos pocos ejemplos.
A lo largo de los años, estos desastres causados por la mano de Estados y grandes corporaciones han dejado un rastro de enfermedades y muertes, incluidos asesinatos. De hecho, el continuo aumento del número de defensores del medio ambiente silenciados de forma violenta, como la ecologista hondureña Berta Cáceres, está alcanzando dimensiones alarmantes.
Así, queda claro que cada vez que se realizan actos destructivos de los ecosistemas sus habitantes, así como la naturaleza, siempre pagan un alto precio que se traduce en una amenaza constante para la paz, la seguridad y el bienestar de la humanidad.
Son crímenes medioambientales que se han reconocido bajo el nombre de ecocidio.
Acuñado en los años Setenta por el biólogo estadounidense Arthur Galston, el término cobró importancia a nivel internacional por primera vez en la Conferencia de Estocolmo de 1972 en relación con lo acontecido durante la Guerra de Vietnam.
Con el tiempo se ha ido ganando terreno a consecuencia del creciente desarrollo de una conciencia de valores ecológicos, llegando a ser introducido en los códigos penales de algunos países.
Aunque hay leyes en vigor que penalizan el ecocidio a nivel nacional, en lo internacional este objetivo no ha sido alcanzado.
En realidad, ya en 1996 la criminalización de la destrucción ambiental a gran escala figuró como crimen contra la paz y seguridad de la humanidad en los trabajos preliminares de lo que después se convertiría en el Estatuto de Roma, la carta fundamental de la Corte Penal Internacional. Sin embargo, el ecocidio despareció del texto final debido al veto de Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Holanda.
Esto significa que la Corte Penal Internacional tiene prácticamente las manos atadas. Los daños ambientales ocasionales pueden ser objeto de juzgamiento por parte de la Corte sólo si están relacionados con la comisión de crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio, todos ellos de competencia de la Corte.
Por ello, difícilmente los casos de ecocidio encuentran encaje en instancias internacionales y, por eso, suelen dirimirse ante los tribunales nacionales.
Sin embargo, se vislumbran algunas señales de esperanza. En 2016 la Fiscalía de la Corte Penal Internacional señaló en un documento de trabajo su interés en otorgar especial prioridad a la persecución de crímenes en los que esté envuelta la destrucción ambiental. Pero, el poder de la Fiscalía se limita a eso, a dar prioridad a unos casos sobre otros y no puede extender la jurisdicción de la Corte.
Para lograr este objetivo, los Estados signatarios deberían proponer y respaldar una enmienda del Estatuto de Roma que expanda el mandato de la Corte al crimen de ecocidio. Un paso que requiere un compromiso muy grande, pero que constituye una pieza fundamental en la lucha contra la impunidad y la sobrevivencia de la humanidad.
Por eso, “la tierra necesita un buen abogado”, como dijera la activista y abogada inglesa Polly Higgins, una de las figuras más inspiradoras del Movimiento Verde. Se requiere en realidad de un ejército de abogados capaces de lograr el reconocimiento del sistema terrestre como bien común global supremo y, por tanto, sujeto de derecho de imprescindible protección.
Estamos hablando de un enorme desafío en materia de gobernanza que supone alinear nuestros sistemas legales, políticos y económicos con los ciclos que sostienen la vida. Urge una toma de posición de la comunidad internacional, así como de toda la sociedad civil.
Si queremos garantizar un futuro sostenible para las generaciones venideras, no podemos permitirnos el lujo de ser meros espectadores o cómplices pasivos. Hay que actuar ¡ya! o llegaremos tarde.
Por nuestra parte, en FIBGAR seguimos trabajando para que estos ataques a nuestra Madre Tierra, la Pachamama, no queden impunes.
