Hoy, más que nunca, ha quedado en evidencia la importancia de la salud. Debido a la pandemia del virus Covid-19 que ha obligado a los gobiernos a tomar medidas de confinamiento de la población, nuestra salud y la de quienes están a nuestro lado es motivo de preocupación. La salud es un bien básico para el desarrollo de la vida y la personalidad de los individuos. Es por ello que es un derecho.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Salud no es sólo “la ausencia de afecciones y enfermedades” sino que es, antes que todo, «un estado de completo bienestar físico, mental y social”. Sin la salud, los demás derechos e incluso el resto de las condiciones de la vida se ven afectadas o inutilizadas.

El primer instrumento internacional que se refirió a la salud como un derecho fue la carta fundacional de la OMS, de 1946, que señala: «el goce del grado máximo de salud que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, sin distinción de raza, religión, ideología política o condición económica o social.»

En esta misma línea, dos años más tarde la Declaración Universal de Derechos Humanos recogió el derecho a la salud en el artículo 25, es decir, dentro del derecho a un nivel de vida adecuado, declarando que la salud y el bienestar son garantías de la dignidad humana.

Hoy 7 de abril se conmemora el Día Internacional del Derecho a la Salud proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948 en conmemoración de la fundación de la OMS.

Este derecho ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, de la mano de los progresos científicos y sociales, hasta el punto de que hoy las constituciones nacionales lo recogen como un derecho básico para el desarrollo de la vida de todas las personas.

Por ello, su actual contenido es muy extenso y abarca una multitud de derechos específicos como el derecho a medicamentos, a que se tomen medidas de prevención, a  un sistema de protección de la salud igualitario para todos, al tratamiento de las enfermedades y lucha contra ellas, el derecho a la salud infantil, materna y reproductiva, el acceso a servicios de salud básicos sin restricciones, el derecho de acceso e información a cuestiones de salud y el derecho a la participación de las personas en la toma de decisiones sobre salud. Igualmente, incluye una serie de libertades en relación con la necesidad de un consentimiento libre e informado por parte de los pacientes para elegir médico o ser sometido a tratamientos.

El Estado está llamado a respetar el derecho a la salud en todas sus declinaciones y a proporcionar las mejores instalaciones y servicios de salud a sus ciudadanos para que estos puedan gozar del mejor nivel posible de vida y salud.

No se trata solamente de construir hospitales o recibir asistencia médica. El derecho a la salud es mucho más y posee características bien definidas:

Primero, es inclusivo porque comprende no solamente una atención médica apropiada, sino también otros factores como por ejemplo el acceso al agua potable y segura y al saneamiento adecuado, el acceso a medicamentos básicos teniendo en cuenta el nivel de ingresos de cada familia, las condiciones laborales saludables, el acceso a la educación e información relativa a la salud, incluida la salud sexual y reproductiva y el enfoque de género en las prestaciones sanitarias.

Segundo, se trata de un derecho completo que contempla también el derecho a la información, ya que una persona tiene derecho a conocer su estado de salud y sus opciones y a no ser sometido a tratamiento sin su consentimiento.

Tercero, se trata de un derecho universal y no discriminatorio, por lo que todas las instalaciones médicas deben estar abiertas y ser accesibles para todos sin ningún tipo de discriminación. Desafortunadamente, hay determinados grupos que por una u otra razón se encuentran discriminados en su disfrute del derecho a la salud.

Se trata de las mujeres, que a menudo sufren la falta de libertad y calidad de los servicios sanitarios con respecto a su vida sexual y reproductiva, y de los niños, que en los países más pobres no pueden acceder a servicios sanitarios.

Así ocurre también con los migrantes, que en algunos países no tienen ni siquiera reconocido el derecho a una asistencia sanitaria básica o primaria, lo que les deja en una situación desesperada, sin recursos ni opciones de acceder siquiera a medicamentos o curas sencillas.

Otros colectivos de especial preocupación son las personas con discapacidad, que a menudo se consideran objeto de tratamiento y no sujeto de derechos, y también de los pacientes que sufren alguna enfermedad estigmatizada socialmente, que viven en una situación de rechazo permanente que extrema su vulnerabilidad.

No debemos perder de vista que los Estados tienen una serie de obligaciones para con sus ciudadanas y ciudadanos que, además, como estamos viendo en estos días difíciles, requieren de la solidaridad internacional y la necesidad de cooperación entre ellos a través de la transferencia de recursos, personal y experiencias, como forma de crecimiento general en la garantía del derecho a la salud.

Sólo si permanecemos unidos y cooperamos entre todas y todos, a nivel interno, pero especialmente a nivel internacional, podremos superar esta pandemia, que no distingue fronteras y que en tiempo récord se ha expandido por toda la tierra. Superaremos esta emergencia sólo una vez que hayamos exterminado a este virus desde el último rincón del planeta y estemos seguros de su erradicación definitiva, una tarea que nos concierne a todas y todos.

La experiencia que estamos viviendo hoy, más que nunca nos recuerda que necesitamos una sanidad pública bien dotada, preparada y dispuesta para reaccionar frente esta y a otras posibles amenazas venideras, no sólo en España sino en todo el mundo. Que esta crisis nos deje como lección que somos una misma especie y que a pesar de las distancias estamos todas y todos conectados y que, por ello, debemos permanecer unidos en la adversidad.