La situación económica en Nicaragua bajo el régimen de los Ortega-Murillo y la represión de campesinos y comunidades originarias
Nicaragua cuenta con una variada riqueza de recursos naturales entre las que podemos destacar el oro o la madera, pero también su posición estratégica a nivel geográfico ha incentivado macroproyectos como el Canal de Nicaragua con apoyos extranjeros como es el caso de los grandes inversores chinos y ha servido de filtro o zona de paso entre la migración de América del Sur y el Norte. Pero ¿cómo ha sacado provecho de todo esto el régimen de los Ortega-Murillo?
El uso de la minería es una de las principales fuentes de enriquecimiento y sustento del régimen. Existen dos tipos, una “minería industrial”, controlada directamente por el gobierno, pero también se da una minería “artesanal” o pequeña y mediana. La primera es la responsable de la destrucción y expropiación de los territorios de los pueblos originarios, de hecho el 66% de toda la Reserva de Biósfera Bosawás está concesionada a la minería (1). La segunda se encuentra “fuera del control estatal”, no está regulada por el gobierno y no es legal. No obstante, permite al gobierno realizar una suerte de blanqueamiento de fondos por medio del oro ilegal que se mueve y da riqueza por su actuación paralela al mercado oficial(2), atendiendo ventas nacionales e internacionales de cantidades superiores a las teóricamente posibles y permitidas por la “minería industrial”.
En una publicación de Expediente Público, a raíz de las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el extractivismo ilegal, se evidencia,entre otras cosas, que la extracción del oro ilegal permite ampliar la producción en más de un 30%. Para contrastar lo anterior basta con atender a la sobreexportación del oro que teórica y legalmente produce Nicaragua(3).
El gobierno autorizó, a partir de 2017, un gran número de licencias para la extracción del oro por medio de ENIMINAS (Empresa Nicaragüense de Minas), que ha utilizado como intermediaria para crear empresas “mixtas” que buscan la supuesta eliminación progresiva de las empresas extractivistas “artesanales” o pequeñas, generando unos “acuerdos públicos” con colaboración privada que enfrente ese modelo de minería (según el Plan de desarrollo 2021-2022 del Ministerio de Energía y Minas). Lo que en la práctica se tradujo en una gran cantidad de nuevas licencias de extracción otorgadas tanto a entidades públicas como privadas.
La minería, además, cuenta con unas políticas “colonialistas” pues buscan una sustitución de los habitantes del terreno explotado, indígenas o campesinos(4), por medio de la introducción de colonos afines al régimen que mantienen el control de la zona con duras represiones(5). Estos actúan “paralelamente” al gobierno (aunque estén totalmente localizados e incluso autorizados), de manera que se permiten ignorar tanto las denuncias internacionales como las de los pueblos vecinos a las zonas perjudicadas(6). Los pueblos originarios nicaragüenses agrupados en la Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua denunciaron sobre los colonos en su informe del año 2020(7):
“La posición del Estado de Nicaragua ante la crisis socio-política iniciada en 2018 ha sido similar a la que ha mantenido con respecto de los ataques sistemáticos que colonos con armas de guerra han perpetrado, principalmente desde el años 2015, contra los pueblos indígenas Mískitu y Mayangna en la RACCN; en el sentido de negar categóricamente la ocurrencia de los hechos, culpar a las víctimas, descalificar y criminalizar la labor de los denunciantes, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o defensoras de derechos humanos”.
La gestión de la minería viene de la mano de Laureano Ortega-Murillo (8) –hijo de la pareja presidencial– que controlaría la mayor parte de la gestión comercial con las potencias económicas extranjeras y sus inversores.
Si bien, hoy el oro es la segunda fuente de financiación del estado conforme a los últimos datos del primer trimestre de 2023 convirtiéndose en uno de los principales sustentos del régimen (9), la minería no es la única actividad que menoscaba los territorios de campesinos e indígenas. La industria maderera o la ganadería también se les han ido imponiendo, especialmente en lo que son los territorios de la Costa Caribe(10) nicaragüense. Todo esto acompañado de un contexto de violencia en el que se han denunciado más de 70 asesinatos, dando inicio a un posible delito de Genocidio al dirigirse contra poblaciones concretas como son los pueblos originarios del país en cuanto a su pertenencia a dichos grupos(11). Además, para menoscabo de los recursos de los campesinos, cabe destacar que con las concesiones a empresarios chinos se produjeron numerosas y significativas protestas entre el campesinado ante la expropiación de sus tierras(12).
En el año 2007, tras el regreso de Ortega en el año 2006, el poder ejecutivo nicaragüense llega a una serie de acuerdos con el gobierno venezolano, entre los que se encuentra uno que llevará a la principal empresa pública nicaragüense de crudo, Petronic, a triplicar sus ingresos. Estas decisiones han sido denunciadas y sancionadas por el Departamento del Tesoro de los EEUU en el año 2020 por su uso para el blanqueo y lavado de dinero por parte del gobierno (más en concreto por la familia presidencial). El acuerdo se realizó con una empresa venezolana con participaciones nicaragüenses “Albanisa”(13) también conocida como “Alba”, que, a pesar de sus muchas actuaciones, ha sido evidente su uso para buscar el único beneficio directo de la familia Ortega-Murillo, siendo ingresos que han mantenido sus medidas políticas pero no figurando como ingresos de las arcas del estado sino “privados” apadrinando la actuación del régimen familiar(14).
Otro de los macroproyectos, anteriormente mencionados, fue el Canal de Nicaragua. Este proyecto pretendía hacerle competencia al Canal de Panamá. La actuación principal fue la entrega de concesiones a inversores extranjeros que apostaban por la financiación del mismo para llevar la obra a cabo a cambio de los beneficios que traería consigo la construcción. Wang Jing, el principal inversor, obtuvo las principales licencias. Con posterioridad, a pesar de las promesas del presidente Ortega y ante el escaso avance y la final paralización del proyecto, se pudo saber que la idea de este principal inversor era la de subcontratar o revender las licencias que se le habían otorgado a inversores y empresarios menores que diversificaran las funciones en la construcción. Esta idea fracasó hasta el punto de que se ha estimado que Wang ha perdido en torno a dos terceras partes de su patrimonio(15). El gobierno por su parte puso millones de inversión en el proyecto que prometía durar un lustro para acabar una década después sin resultados reales(16). Sin embargo, las licencias se mantienen concedidas y los innumerables perjudicados (campesinos e indígenas, principalmente) continúan siendo desatendidos y perseguidos.
Con todo lo anterior, de acuerdo con el informe GHREN (2024) la persecución contra los pueblos indígenas y el movimiento campesino no se debe a una sucesión de hechos aislados, sino a una estrategia sistemática de represión estatal orientada a eliminar liderazgos, restringir la organización colectiva y consolidar el control político y económico del Gobierno, especialmente en los territorios habitados por estos grupos, a ocupar sus tierras.
Para ello se documentan detenciones arbitrarias (como es el caso del recientemente fallecido Brooklyn Rivera, líder indígena del partido YATAMA detenido desde el año 2023 y fallecido en el pasado mes de mayo bajo custodia del régimen), criminalización, tortura, desplazamiento forzado, exilio, confiscación de bienes, cancelación de organizaciones, restricciones a la movilidad, vulneración de derechos territoriales y ausencia de acceso a la justicia, todo ello en un contexto de impunidad estructural que, según el Grupo de Expertos, puede constituir parte de un patrón de crímenes de lesa humanidad por persecución política.
En definitiva, el control de los recursos y la represión de los colectivos asentados en los territorios que los contienen han sido claves para sustento material de la familia Ortega-Murillo en el gobierno del ejecutivo nacional.
Por Pedro María Pinilla Rodriguez, graduado en Derecho, Ciencias Políticas y de la Administración Pública y magíster en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid.
Este artículo fue seleccionado en la convocatoria de artículos (Call for Papers) del Observatorio ALERTA Latam de FIBGAR, dirigida al alumnado del Máster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Madrid. Agradecemos al autor su valiosa contribución a este espacio de análisis y reflexión crítica sobre los desafíos que enfrenta América Latina, y su compromiso con la promoción de los derechos humanos, la justicia y la democracia en la región.
REFERENCIAS
Oakland Institute .“Nicaragua, una revolución fallida”, 2020. Ver en: https://www.oaklandinstitute.org/nicaragua-revolucion-fallida-lucha-indigena-saneamiento. Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN). “Informe sobre la Situación de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua”, 2017. Ver en: https://www.calpi-nicaragua.com/wp-content/uploads/2018/03/Informe-APIAN-Nicaragua-2017-2.pdf
Garnieri, R. (2024) “¿A dónde va Nicaragua?”
Expediente Publico (2023) “Denuncian ante la CIDH que régimen de Nicaragua promueve minería ilegal para financiarse”. https://www.expedientepublico.org/denuncian-ante-la-cidh-que-regimen-de-nicaragua-promueve-mineria-ilegal-para-financiarse/
Quienes en el pasado tuvieran un papel especialmente relevante en la búsqueda de la paz tras la violencia de la caída del somocismo, como fueron las mujeres-madres miskitu (Barbeyto et al, 2021) hoy se encuentran en el punto de mira del régimen al que solo entorpecen en la búsqueda de mejora de sus propios proyectos económicos, sin importarles los derechos que, tanto el propio estado como la comunidad internacional, conceda hoy a los pueblos originarios.
Confidencial (2023) “Colonos obligaron a un niño a ver la masacre de indígenas en Bosawás”. Ver en: https://confidencial.digital/nacion/colonos-obligaron-a-un-nino-a-ver-la-masacre-de-indigenas-en-bosawas/. También ver: Ley N.ª 445 – Ley de régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas.
Informe Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN). “Informe sobre la Situación de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua” (2017)
Informe Alianza de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (APIAN). “Informe sobre la Situación de los Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua”, 2018-2020 (2020).
Las principales empresas mineras del régimen, ENIMINAS y el MEM coordinaron sus acciones con ProNicaragua, agencia de promoción de inversiones y exportaciones de Nicaragua, liderada por Laureano Ortega Murillo
Ministerio de Energía y Minas https://www.mem.gob.ni/?page_id=6911
La Costa Caribe es una región autónoma, multicultural y multiétnica. Ver Ley N.ª 445 – Ley de régimen de propiedad comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas. Se da una relación bastante racista a nivel político respecto de esta región, ubicándose la mayor parte de la población en la costa contraria (Pacífico) (Anexo).
El registro de los indígenas asesinados ha sido cubierto entre otros medios por el Confidencial (2023): “Genocidio en impunidad: 70 indígenas de Nicaragua asesinados en la última década”. Se puede ver en: https://confidencial.digital/nacion/genocido-en-impunidad-70-indigenas-de-nicaragua-asesinados-en-la-ultima-decada/
Cortés Ramos, A. (2019). “El régimen de Ortega. ¿Una nueva dictadura familiar en el continente?” Coordinado por Edmundo Jarquín. Managua: Editorial Pavsa, 2016. Anuario de Estudios Centroamericanos, 45, 667-672.
Albanisa es una empresa petrolera bajo control Nicaragüense (49%) y Venezolano (51%) (Close, D. 2016), su acuerdo para la creación y colaboración con la misma surge en el año 2007, ha mantenido relaciones económicas con diversas empresas nicaragüenses como la Caja Rural Nacional (CARUNA), también sancionada por el Departamento del Tesoro de EEUU hace 4 años. El proyecto más internacional de esta institución o empresa era la consolidación de una red petrolera que suministrara y comerciara en un núcleo común de países latinoamericanos como Nicaragua, Venezuela, Honduras o El Salvador. Su actuación se diversificaba por medio de “subempresas” que sin embargo solo encubrían la actuación de la única y principal y sus transacciones económicas.
Un cálculo aproximado sugiere que los fondos disponibles de tan sólo uno de los varios acuerdos de cooperación con Venezuela “casi iguala la ayuda internacional total de occidente que Nicaragua recibe en un año” (Castillo Argüello, Ricardo. 2008. “La economía política de los petrodólares”. Confidencial, 606, 19 al 25 de octubre, 14)
Libro Nicaragua Investiga 1: “La Megamentira para vender un tercio de Nicaragua”
Wünderich, V. (2014). “El nuevo proyecto del Gran Canal en Nicaragua: más pesadilla que sueño”. Encuentro, (97), 24-35.
