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Las esperanzas de la energía sostenible

Energía asequible y no contaminante es el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7 de la Agenda 2030. Más específicamente, se configura con el fin de asegurar el acceso universal a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas, impulsar la proporción de energía renovable, mejorar la eficiencia energética, incrementar la cooperación internacional con el fin de fomentar la investigación en esta materia, y ofrecer ayuda a los países en desarrollo, a las islas, y a los países en desarrollo sin litoral.

La importancia de este objetivo radica especialmente en el siguiente porcentaje: la energía supone el 60% de todas las emisiones globales de gases de efecto invernadero, y, por tanto, contribuye definitivamente al cambio climático. Estas emisiones proceden de los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas.

Por otro lado, el consumo de electricidad crece vertiginosamente en numerosas partes del globo. Actualmente, esta energía ilumina edificios, pone en marcha electrodomésticos, y activa procesos industriales y medios de transporte en todo el mundo. Sin embargo, hacemos frente a la paradoja de que una de cada cinco personas – más de 1.200 millones –, particularmente en África y Asia, no tienen acceso a la electricidad. Y lo malo de los datos es que a veces se quedan precisamente en eso, en cifras. Quizás esta realidad se haga más comprensible al mencionar que, sin esa energía, decenas de países hoy no pueden almacenar vacunas, sus niños y niñas no pueden hacer los deberes, o las temperaturas extremas se sufren especialmente.

Y si bien muchos objetivos de la Agenda 2030 parecen a priori asequibles, si no ya alcanzados en España, estos últimos meses hemos visto multitud de titulares sobre la falta de suministro de luz en la madrileña Cañada Real, afectando a los derechos de los niños, la educación, la salud o el cuidado de los mayores o, en definitiva, a múltiples de los objetivos de la Agenda 2030.

Asimismo, otros 3.000 millones de personas producen energía para cocinar y calentar la comida gracias al carbón vegetal, la leña o el estiércol, provocando unas 4 millones de muertes prematuras por la contaminación del aire en espacios cerrados. Cabe destacar también el grave impacto medioambiental y a la salud humana de los diferentes accidentes nucleares a nivel mundial, como el de Chernóbil de 1986 en Ucrania, o el de Fukushima de 2011 en Japón.

No obstante, hay datos positivos, con un 17,5% de consumo global de energías renovables en 2015. Pero para continuar en esta línea, es preciso que los Estados tripliquen su inversión anual, hasta alcanzar 1,25 billones de dólares en 2030.

Otra vía es la de la llamada fiscalidad energética, la ordenación de impuestos sobre carburantes y el carbono con el fin de que se opte por fuentes de energía menos contaminantes, imputando los costes ambientales a quienes los generan. Este conocido principio de “quien contamina, paga”, fue impulsado por la OCDE ya en 1972 con su Recomendación sobre “Los principios directores relativos a los aspectos económicos de las políticas de medio ambiente en el plano internacional”.

A continuación, la Declaración de Río de Janeiro de 1992 sobre Medio Ambiente y Desarrollo indicó el deber de “fomentar la internalización de los costes ambientales”. Y la Unión Europea, por su parte, introdujo este concepto a través del Acta Única Europea de 1987, actualmente recogido en el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en la Directiva 2004/35.

Más recientemente, el Consejo de la UE ha pedido una actualización del marco jurídico para la neutralidad climática, solicitándole a la Comisión el impulso de los biocombustible y de nuevos productos y tecnologías energéticos, así como una mayor atención al sector de la aviación, o a los procedimientos y normas sobre ayudas estatales.

Con todo esto, puede parecer que la responsabilidad cae simplemente en manos de los Estados y de las organizaciones internacionales. Pero en el marco de este ODS 7 de energía asequible y no contaminante, los ciudadanos de a pie tenemos mucho que contribuir. Desde desenchufar el cargador del móvil o del ordenador cuando ya no lo necesitamos, o reducir el uso de los coches, hasta la simple tarea de hablar con nuestro entorno sobre este objetivo. Cada esfuerzo supone un alivio para la tierra, y un paso más hacia la consecución de la Agenda 2030.

Cristina Molina Campos, colaboradora FIBGAR