Memoria para la Dignidad
Eduardo Ranz. Abogado.
Lunes, 16 de Febrero de 2015. El pasado miércoles 11 de febrero, coincidiendo con el Aniversario de la Iª República Española, se procedió a la presentación de diversos escritos, que pretenden la retirada de 86 símbolos españoles, conmemorativos de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura.
Lo que se pretende con la retirada de la simbología franquista de las calles, en primer lugar, es generar reparación a las víctimas del franquismo, en segundo, regalarnos dignidad como país, como patria, y por último, normalizar el deber de cumplimiento de las autoridades, como el resto de los ciudadanos, de las leyes que emanan del Parlamento.
La simbología reclamada, que es mínima en comparación con toda la que aún existe, radica en los municipios de: Albacete, Alicante, Almería, Aranjuez, Astorga, Ávila, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Burgos, Ceuta, Cáceres, Córdoba, Fuentes de Oñoro, Guadalajara, Las Navas del Marqués, Las Palmas de Gran Canaria, Lugo, Madrid, San Lorenzo de El Escorial, San Martin de la Vega, Medina del Campo, Melilla, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Tarifa, Utrera, Verín, Vigo, Villamuriel de Cerrato, Zamora, Zaragoza; así como de la Embajada de España en Panamá, el Consulado en Tetuán y en Sidi Ifni, y la Casa de España en La Paz (Bolivia).
La fundamentación legal radica en que hasta la fecha, los alcaldes y Ayuntamientos han incumplido lo establecido en los artículos 15.1 (retirada de símbolos) y 15.3 (elaboración de un mapa de vestigios) de la Ley de Memoria Histórica, que recordemos es de 2007, estamos en 2015, ha pasado por tanto el tiempo suficiente, para que los alcaldes y alcaldesas adopten medidas encaminadas a retirar la simbología. No han aplicado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, nacida a raíz de la retirada de la Estatua del General Francisco Franco en los Nuevos Ministerios de Madrid, y han hecho el más omiso de los casos, respecto del Informe del Consejo de Europa de París, y del Informe del Relator Especial de la ONU, Pablo de Greiff, de 22 de julio de 2014.
Por primera vez, denuncia conjunta
Lo diferente de estas acciones, frente a las anteriores, se basa en que por primera vez se presenta un conjunto de escritos denunciando penalmente a los alcaldes y alcaldesas de los municipios y a título particular, en base a un presunto delito de desobediencia contemplado en el artículo 410.1 del Código Penal, y subsidiariamente, de una falta contra el Orden Público; y paralelamente, se ha presentado en el correspondiente Ayuntamiento, Derecho Fundamental de petición, en base a la Constitución Española de 1978, en donde se solicita se proceda a la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetivos o menciones conmemorativas de exaltación de la sublevación militar, y represión de la dictadura, así como se exige al propio Consistorio, la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Todo ello, simultaneado con un escrito de queja al Defensor del Pueblo, y diversas formulaciones de queja, ante el Ministerio de Asuntos Exteriores de España y de las Embajadas de Marruecos, Panamá y Bolivia en Madrid.
Se pide la retirada inmediata de yugos y flechas, de escudos, de pintadas, todo ello no implica mayor gasto que el operario que proceda a la retirada, coste económicamente asumible por cualquier consistorio español. Aunque el Código Penal prevé una inhabilitación especial de hasta dos años para autoridad o cargo público, de lo que se trata no es de quitar al político, sino de retirar la simbología franquista.
Nadie oculta que hubo un dictador, pero lo que no queremos es el exhibicionismo en las calles, de los vencedores, frente a los vencidos. Existen casos sangrantes, como es el Arco de la Victoria en Madrid, la sede del Banco de España en Alicante, la Cruz do Castro en Vigo, o la estatua del caudillo en la Ciudad Autónoma de Melilla. De la misma forma que es impensable que en Alemania, las víctimas del nazismo sufran la humillación de ver esvásticas por la calle, las víctimas del franquismo, que además no pueden exhumar a sus familiares, deben dejar de sufrir tal humillación.
El objetivo del proceso, es seguir trabajando en tener información sobre más vestigios, así como de dar respuesta a los procedimientos que se inicien, y presentar el próximo 14 de abril, nuevas acciones legales encaminadas a la retirada de simbología franquista, expuesta en propiedades de la Iglesia católica y colegios religiosos.
Y por último, recordar que los alcaldes y alcaldesas, son demócratas, elegidos a través de procesos democráticos y por tanto contrarios a cualquier dictadura, y estoy convencido que harán todo lo que esté en sus manos para proceder a la retirada de la simbología franquista de sus municipios, de lo contrario, no serían verdaderos demócratas.
