Observaciones Finales del Comité de Derechos Humanos sobre España
El 18 de julio de 2025, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó las observaciones finales relativas al séptimo informe periódico presentado por España, contenidas en el documento oficial CCPR/C/ESP/CO/7.
El examen del informe se llevó a cabo en sesiones celebradas los días 2 y 3 de julio de 2025, y las observaciones fueron adoptadas en la sesión plenaria del 15 de julio. Este proceso de supervisión es fundamental para evaluar la implementación efectiva de los derechos civiles y políticos en España, señalando los avances alcanzados, así como las deficiencias y retos pendientes.
El Comité, integrado por expertos independientes en derechos humanos, supervisa el cumplimiento del PIDCP por parte de los Estados miembros, promoviendo así la garantía efectiva de derechos fundamentales tales como la libertad de expresión, la libertad de reunión pacífica, el derecho a un juicio justo, la igualdad ante la ley y la prohibición de la tortura, entre otros.
En primer lugar, el Comité abordó la situación relativa a la memoria histórica y las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista. Reconoció avances recientes, como la aprobación en 2022 de la Ley de Memoria Democrática y la creación de figuras institucionales relevantes para el reconocimiento y reparación de las víctimas. Sin embargo, expresó profunda preocupación por la vigencia de la Ley de Amnistía de 1977, que obstaculiza la persecución efectiva de crímenes graves del pasado, y señaló que procesos penales abiertos desde 2010 no han producido actuaciones efectivas contra presuntos responsables. También destacó la persistencia de leyes heredadas de la dictadura que dificultan el acceso a la verdad y la justicia, así como el impacto negativo de ciertas “leyes de concordia” en algunas comunidades autónomas que omiten el reconocimiento de las violaciones sufridas. El Comité valoró esfuerzos para reconocer a víctimas como los niños y niñas sustraídos durante la dictadura, aunque lamentó la lentitud en la aprobación de medidas legislativas específicas.
Entre los otros aspectos más destacados en las observaciones finales se encuentra la prevención y lucha contra la corrupción. En este ámbito, el Comité valoró positivamente la entrada en vigor de la Ley 2/2023 para la protección de denunciantes, sin embargo, advirtió sobre insuficiencias persistentes en materia de transparencia y rendición de cuentas, especialmente en relación con altos cargos públicos y el poder judicial. Asimismo, se enfatizó la necesidad de fortalecer los mecanismos de investigación y sanción para erradicar la corrupción de manera eficaz.
En materia de libertad de expresión y vigilancia, el Comité manifestó preocupación ante las denuncias de vigilancia ilegal dirigida contra activistas, periodistas y representantes políticos, a través de tecnologías como Pegasus. Se lamentó la ausencia de investigaciones oficiales y la falta de una supervisión judicial adecuada sobre estas prácticas. Por ello, se solicitó una revisión normativa que garantice que cualquier medida de vigilancia cumpla estrictamente con los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad.
Respecto a la transparencia y el acceso a la información pública, el Comité observó obstáculos estructurales en la aplicación de la Ley 19/2013, señalando exclusiones significativas y la ausencia de sanciones efectivas. En consecuencia, recomendó fomentar un uso activo, accesible y equitativo de los mecanismos de transparencia por parte de todas las administraciones públicas.
En lo que atañe al derecho de reunión pacífica y asociación, se recomendó la despenalización o al menos una restricción significativa de la penalización de la calumnia e injuria, reservándola para casos graves que afecten derechos fundamentales. Además, se instó a revisar la Ley Orgánica 4/2015 para evitar que sanciones administrativas puedan ser aplicadas de manera desproporcionada, limitando indebidamente el ejercicio legítimo de estos derechos.
Finalmente, el Comité resaltó la necesidad urgente de proteger a defensores de derechos humanos, activistas y periodistas, a fin de que puedan desarrollar su labor sin temor a represalias ni a prácticas de vigilancia indebidas. Para ello, recomendó garantizar la existencia de mecanismos efectivos de protección y reparación ante amenazas o ataques.
Desde FIBGAR valoramos positivamente el rigor y la exhaustividad del informe del Comité de Derechos Humanos, que reafirma la importancia de abordar con profundidad los desafíos pendientes en el respeto y garantía de los derechos civiles y políticos en España. Solo a través de un compromiso colectivo y sostenido se podrá garantizar que las recomendaciones internacionales se traduzcan en acciones concretas, superando la impunidad y fortaleciendo la protección de los derechos humanos para las generaciones presentes y futuras.
