PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS: EL MOTOR DEL CAMBIO
Como ciudadanas y ciudadanos con acceso a los medios de comunicación y sus alarmantes “última hora”, estamos acostumbrados a consumir información sobre la guerra, la injusticia, la corrupción y las debilidades institucionales en todo el mundo. Habitualmente miramos hacia abajo, a nuestro continente vecino, o más lejos hacia el este, a un Oriente Medio caótico y en ruinas. A veces, incluso damos la causa por perdida, o nos sentimos tan lejos de aquello que ni siquiera nos planteamos la muerte, el sufrimiento y la destrucción en primera persona.
Como comunidad internacional, uno de nuestros mayores retos es, sin duda, la promoción de sociedades inclusivas y pacíficas, donde todas y todos nos sintamos seguros. Esta es la base para la consecución del resto de la Agenda 2030 y, en términos generales, para el desarrollo sostenible.
Por tanto, el Objetivo 16 plantea la necesidad de garantizar la seguridad y la prosperidad, a través del fomento de instituciones capaces de luchar contra la corrupción, el cohecho y el fraude fiscal, defender los derechos humanos y la gobernabilidad, proteger a los inmigrantes, a los desplazados internos y a los apátridas, promover elecciones seguras y con altas tasas de participación, y asegurar la identidad jurídica, el debido proceso y la tutela judicial efectiva con todas las garantías.
Sin duda, la paz implica primero la ausencia de guerra, un asunto pendiente que requiere una firme voluntad para controlar y reducir la industria armamentística, y la inversión de recursos en educación y ciudadanía resilientes frente a los extremismos políticos.
A la cola de estos logros se encuentran países como Siria, Burkina Faso, Yemen o Afganistán. Estos parecen inevitablemente presos de sistemas débiles como causa de la violencia, la persecución, las violaciones de derechos humanos, o, en general, el conflicto, ya sea religioso o político. En efecto, a finales de 2017, unos 68,5 millones de personas fueron forzosamente desplazadas por alguna de estas razones.
También son impulsores de la debilidad los intereses económicos, la corrupción, el soborno o el robo en múltiples estratos institucionales, que cuestan en torno a 1,26 billones de dólares cada año a los países en desarrollo. Automáticamente, estos derivan en desigualdades sociales y económicas, y en un círculo vicioso de inestabilidad e injustas prerrogativas.
La paradoja es que, mientras los gobiernos de todo el mundo persiguen metas a corto plazo para satisfacer al electorado, la paz, la justicia y la resiliencia y eficiencia institucional requieren esfuerzos globales a largo plazo. El fortalecimiento del Estado de Derecho es esencial para la construcción de nuevas democracias y el propio proceso de consolidación de una nación (en inglés, nation-building), siempre ligado a un poder judicial efectivo, a legislaciones que protejan los derechos y los contratos, a un poder ejecutivo responsable y sin privilegios, y a unos límites y una fiscalización adecuadas de los líderes y los gobiernos.
En el fondo, el Objetivo 16 es a la vez el principio rector de toda la Agenda 2030, y un requisito imprescindible para la consecución de todos los anteriores. Sin alcanzar la paz, la justicia y unas instituciones sólidas, no es posible garantizar una alimentación adecuada, un acceso justo al agua y a la energía, un sistema educativo y sanitario en igualdad de condiciones, un medio ambiente protegido y un modelo de comunidad y unos sistemas de producción y consumo guiados por la sostenibilidad. La relación entre este objetivo y los quince anteriores es inescindible y compleja; no hay Estado de Derecho sin erradicar el hambre en el mundo y no puede haber paz sin igualdad.
En FIBGAR llevamos años trabajando en esta línea, defendiendo los derechos humanos y la jurisdicción universal, y apuntalando la lucha contra la corrupción y la injusticia. Creemos que puede haber instituciones y entidades más limpias y efectivas, por lo que defendemos especialmente la figura del alertador y hemos puesto a disposición de la ciudadanía un buzón anónimo para denunciar malas prácticas durante la gestión del COVID-19. Asimismo, consideramos que toda persona tiene derecho a conocer su historia y poseer su verdadera identidad jurídica, por lo que nos unimos a los esfuerzos de búsqueda de las madres y padres de los bebés robados, víctimas del crimen de desaparición forzada. A través del correo bebesrobados@fibgar.org, las personas afectadas pueden solicitar cualquier tipo de información sobre la denuncia interpuesta ante la Fiscalía General del Estado.
En conclusión, para reducir esas alarmantes cifras de muerte y caos que nos muestran a lo lejos los medios de comunicación, así como los escándalos de corrupción que ocurren tanto dentro como fuera de casa, el Objetivo 16 tiene que encontrarse en el centro de la ecuación de todas las decisiones políticas nacionales e internacionales. Indudablemente, las instituciones y los gobiernos deben estar en constante revisión y búsqueda de mejora, con el fin de forjar los pilares básicos de cualquier sociedad eficaz y resiliente. Así, puede que mañana haya menos titulares morbosos, y más paz, justicia y fortaleza institucional para la defensa de los derechos de todas y todos.
Cristina Molina Campos, colaboradora FIBGAR.
