Familiares de las víctimas reclaman por la impunidad ante los crímenes contra la humanidad en Perú
El pasado mes, el gobierno peruano adoptó una Ley que contiene una serie de limitaciones para la persecución de los crímenes contra la humanidad cometidos antes de 2002 y que ha recibido críticas por las Naciones Unidas y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta, a través de la implementación de nuevos plazos de prescripción para los delitos, implicaría el cierre efectivo de cientos de investigaciones sobre presuntos crímenes cometidos durante el conflicto interno entre el gobierno y las guerrillas que perduró entre los años 1980-2000 y se cobró un total aproximado de 69.000 vidas.
La nueva ley había sido vista como una “bendición” para el ex presidente Alberto Fujimori, fallecido hace pocos días con 86 años, quien había pasado 16 años en prisión por masacres cometidas por escuadrones de la muerte del ejército, antes de ser liberado por razones humanitarias, y pretendía presentarse nuevamente a las elecciones presidenciales a pesar de los procesos pendientes que lo involucraban con otras masacres del período.
Ante esta situación, numerosos familiares de las víctimas han exteriorizado su indignación ante esta Ley, que se traduce en la impunidad de los crímenes, las ejecuciones y las masacres cometidas por los escuadrones militares del régimen llevadas adelante contra civiles a quienes vincularon erróneamente con la guerrilla, así como los crímenes cometidos por las guerrillas durante esas décadas. De esa manera, se han manifestado en contra de este olvido judicial, que impide la consolidación de la verdad y la justicia que llevan esperando más de 30 años.
Puedes leer la noticia completa aquí.
La ONU señala sistemáticas violaciones de los derechos humanos y una erosión democrática en Nicaragua
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló el pasado 3 de septiembre, en su último informe anual sobre Nicaragua, que la situación de los derechos humanos y las garantías fundamentales “ha seguido deteriorándose gravemente” y que el Gobierno “ha ampliado e intensificado progresivamente” la persecución de los opositores o de quienes son percibidos como voces disidentes, instrumentalizando el derecho penal para eliminar cualquier oposición.
El informe anual indica que existe un “esfuerzo sistemático” por desmantelar las organizaciones de la sociedad civil, en particular las que defienden los derechos de las mujeres, lo que exacerba la represión de las voces disidentes y la restricción del espacio cívico. Además de la arbitrariedad de las privaciones de libertad, la crueldad de los malos tratos y la tortura, así como el destierro forzado de muchos, se advirtió que el hostigamiento se ha extendido a los familiares de los detenidos, a quienes se les prohíbe hablar sobre los casos, bajo amenazas de perder el derecho a visitas o de encarcelar a otros familiares.
También se constató que hubo detenciones arbitrarias de religiosos, procesos judiciales sin garantías, secuestros de sacerdotes en sus parroquias, expulsiones del país, confiscaciones de bienes y el cierre de 1.103 organizaciones desde 2018, lo que formaría parte de una “persecución religiosa”. Asimismo, se ha evidenciado que los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes sufren continuas violaciones graves de los derechos de libre autodeterminación y de derechos territoriales, con una sistemática persecución por parte del Estado de sus líderes y lideresas y activistas.
Se ha señalado por la oficina la preocupación por el “constante y generalizado retroceso de la situación de derechos humanos en Nicaragua”. En ese sentido, a través del informe se insta al Gobierno nicaragüense a liberar de inmediato a todos los detenidos arbitrariamente, poner fin a los actos de tortura y malos tratos y a restablecer el espacio cívico en el país, lo que incluye el cese de la persecución y la restitución de las organizaciones de la sociedad civil, y garantizar y proteger los derechos humanos de todos los nicaragüenses, dentro y fuera del país. También se solicitó la modificación de la legislación penal para garantizar su plena compatibilidad con el derecho internacional de los derechos humanos y el cumplimiento de los estándares de independencia judicial.
Puedes leer la noticia completa aquí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige el fin del estado de excepción en El Salvador
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha publicado un informe sobre la situación del estado de excepción en El Salvador, donde denuncia abusos sistemáticos del Gobierno de Nayib Bukele durante los más de dos años de este régimen.
Detenciones sistemáticas arbitrarias; uso de criterios discriminatorios basados en características personales o socioeconómicas de las personas -muchas veces contra las mismas comunidades que sufrieron durante dos décadas la violencia de las pandillas-;allanamientos sin orden judicial; personas que, tras ser liberadas por orden judicial, son arrestadas de nuevo al cruzar las puertas del penal; celdas atestadas sin apenas agua y comida; golpizas por los custodios, descargas eléctricas, así como otras torturas y tratos inhumanos en las prisiones; muertes en las cárceles por estrangulamiento; o abortos por falta de atención médica y abusos sexuales, son algunas de las vulneraciones de derechos humanos que describen la política del presidente Nayib Bukele. La CIDH ha considerado este accionar del gobierno como represivo, indiscriminado y contrario a los convenios internacionales, con un sistema de justicia colapsado y deshumanizado, donde se ven suspendidos los derechos y garantías del debido proceso.
El documento, asimismo, ha puesto en evidencia las divisiones internas en la CIDH en torno al debate entre seguridad y derechos humanos. Donde un sector minoritario entiende que el informe denota sesgos en su elaboración, mientras que otro sector mayoritario insiste en la solidez de sus fuentes, así como en la deriva autoritaria del presidente Nayib Bukele, que controla los tres poderes del Estado, ha anulado toda oposición política y se reeligió en febrero pese a que la Constitución salvadoreña lo prohíbe. En ese sentido, el sector mayoritario de la CIDH ha dejado en claro que el estado de excepción prolongado más allá de la estricta atención de la emergencia genera concentración de poder y atenta contra el Estado de derecho, pidiendo de esa manera el cese de éste en el país.
Por su parte, el presidente salvadoreño y su gobierno han atacado y negado la veracidad del informe de la CIDH, poniendo asimismo en duda la legitimidad del órgano interamericano y cuestionando su imparcialidad tanto como su capacidad para proteger los derechos humanos.
Puedes leer la noticia completa aquí.
