¿Sabes qué pasó en América Latina? Boletín Mensual del Observatorio ALERTA Latam – mayo de 2026
El Sistema Interamericano bajo presión máxima: un récord que es un diagnóstico
El Informe Anual 2025 de la CIDH, presentado ante la OEA en abril, arroja un dato que resume el estado de la región: en 2025 la Comisión recibió 1.969 solicitudes de medidas cautelares, un 40% más que el año anterior, superando el récord de 2018, cuando se registraron 1.618 en el contexto de la represión en Nicaragua. Estas solicitudes se refieren principalmente a personas que enfrentan riesgos a su vida, integridad personal y salud en contextos de privación de libertad, así como a personas desaparecidas, defensoras de derechos humanos y situaciones de movilidad humana.
Los aumentos más pronunciados por país se registran en: El Salvador (+208%), Cuba (+166%), Argentina (+113%) y Estados Unidos (+111%). El récord no es solo estadístico. Es la señal de que los mecanismos de protección nacionales no están funcionando, o no existen, y que cada vez más personas ven en la CIDH su único recurso. En paralelo, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión publicó su Informe Anual 2025 con un diagnóstico sobre el cierre del espacio informativo en las Américas que completa el cuadro.
Colombia: racismo estructural y conflicto, dos crisis que se alimentan en el marco de un complejo panorama electoral
Tras una visita de once días a Bogotá, Quibdó, Cartagena y Cali, el Mecanismo Internacional de Expertos Independientes de la ONU para la Justicia e Igualdad Raciales concluyó que en Colombia persiste un racismo estructural, sistémico e histórico. A pesar del reconocimiento oficial del Estado, el Mecanismo indicó que este racismo continúa generando violencia, exclusión y desconfianza profunda hacia las instituciones entre las comunidades afrodescendientes. Las conclusiones más alarmantes se centran en la interacción de personas afrodescendientes, en particular jóvenes, con las fuerzas del orden: perfilamiento racial y uso excesivo y letal de la fuerza. En las zonas de conflicto armado con alta presencia afrodescendiente, los expertos documentaron desplazamientos, amenazas, reclutamiento forzado y restricciones a la movilidad.
El informe se suma a un contexto que el boletín mensual de abril del Observatorio Alerta Latam ya documentaba: Colombia registraba 48 masacres en lo que iba de 2026 y 34 líderes sociales asesinados solo entre enero y marzo. El racismo estructural no es un problema paralelo al conflicto: es parte de su lógica. Las comunidades más expuestas a la violencia son, de forma consistente, las mismas que el Estado ha abandonado históricamente.
México: la CIDH publica su informe sobre desapariciones
La CIDH acaba de publicar el informe Desaparición de Personas en México, que evalúa las políticas del Estado mexicano desde 2018 e incluye 40 recomendaciones. El documento recoge los esfuerzos de los colectivos de búsqueda, mayoritariamente liderados por mujeres, pero identifica brechas estructurales que persisten. Entre ellas, la falta de coordinación institucional, la ausencia de recursos para la identificación forense y la criminalización de quienes buscan a sus familiares.
El informe llega un mes después de que el Comité de Desapariciones Forzadas (CED) invocara por primera vez el artículo 34 de la Convención para remitir la situación de México a la Asamblea General, un paso sin precedentes en el que se presentaron más de 132.000 casos registrados y una impunidad del 98%.
Ecuador: criminalización de defensores de la naturaleza
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional – CEJIL y la Federación Internacional por los Derechos Humanos – FIDH, junto a otras organizaciones nacionales e internacionales, han pedido a la Corte Nacional de Justicia de Ecuador que garantice el debido proceso a Guilberto Talahua, Fausto Arechua y Wilfrido Escobar, tres líderes comunitarios procesados penalmente por su defensa del territorio y de los derechos de la naturaleza. Expertos independientes de la ONU ya habían alertado sobre este patrón en marzo, advirtiendo que la persecución judicial de líderes indígenas y ambientales responde a una estrategia deliberada de neutralización del activismo comunitario.
El caso encaja en una lógica regional: la criminalización no busca condenas, busca el agotamiento. Años de procesos judiciales, estigmatización y costos económicos que desincentivan la organización comunitaria y aíslan a los líderes de sus bases. En Ecuador, el patrón se agrava por la securitización: un Estado que ha respondido a la crisis de seguridad con mano dura que, en la práctica, también aplica contra quienes defienden el medio ambiente y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.
Argentina: la universidad pública como campo de batalla
El 13 de mayo, cientos de miles de personas salieron a las calles en Buenos Aires y otras ciudades de Argentina para exigir el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. El gobierno de Milei no solo no aplicó la ley: apenas fue aprobada, vetó la legislación y tras el rechazo del veto con mayorías agravadas por las Cámaras, el presidente intentó nuevamente derogar la ley en el presupuesto 2026, pero otra vez el Parlamento votó en contra. Aun así, no se cumplió la norma: con un decreto, se declaró “suspendida su ejecución hasta tanto el Congreso de la Nación determine las fuentes de su financiamiento”.
Ante el incumplimiento reiterado del Gobierno, las universidades recurrieron a fines de 2025 a la justicia. En primera y en segunda instancia, los tribunales dictaron medidas cautelares para que, mientras se dirime la cuestión de fondo, el Ejecutivo comience a pagar los aumentos previstos en la ley para salarios de profesores y empleados, así como para las becas estudiantiles. Pero recientemente el gobierno ratificó públicamente que no lo hará, trasladando la decisión a la Corte Suprema. Desde las universidades, el diagnóstico de la crisis universitaria es contundente: sin presupuesto –con una caída acumulada del 45,6% desde 2023 y el nivel más bajo documentado desde 1989–, sin insumos, y con docentes que abandonan el sistema a un ritmo de uno cada dos días por la pérdida de más de un tercio de su poder adquisitivo.
El recorte a la educación pública no es una medida aislada. La lógica es consistente: desfinanciar lo público, y criminalizar a quienes lo defienden. Lo que está en juego no es solo el presupuesto universitario, sino el modelo de Estado que Argentina quiere ser.
Nicaragua: ocho años después, la misma represión
A ocho años del inicio de las protestas de 2018, la CIDH constata que la crisis de derechos humanos en Nicaragua no ha cesado. El organismo condena las violaciones continuas, exige la liberación inmediata de todas las personas detenidas por motivos políticos y urge al Estado a restablecer el Estado de derecho y cesar la impunidad generalizada. Cuba, Venezuela y Nicaragua siguen siendo los tres casos bajo monitoreo especial, países a los que la CIDH no puede acceder por razones políticas.
Lo que hace especialmente grave la situación nicaragüense es su duración. No es una crisis aguda con un pico y una resolución: es una represión sostenida, institucionalizada, que lleva casi una década sin que haya consecuencias reales para el régimen de Ortega. Cada aniversario de las protestas de 2018 renueva los comunicados internacionales. Ninguno ha cambiado la situación sobre el terreno.
Venezuela: Informe Anual PROVEA 2025
El 14 de mayo, PROVEA presentó su Informe Anual 2025 sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, el análisis más sistemático disponible desde la sociedad civil venezolana sobre un año marcado por la crisis política poselectoral. El informe documenta un contexto de represión selectiva, restricción del espacio cívico y deterioro de los derechos económicos y sociales que el colapso de los servicios básicos ha agravado de forma sostenida.
Venezuela, como Nicaragua y Cuba, está bajo monitoreo especial de la CIDH, que no puede realizar visitas al país. Esa imposibilidad de acceso no es un detalle técnico: es en sí misma un indicador del estado de las libertades. Que sean precisamente las organizaciones de la sociedad civil venezolana, como PROVEA, quienes sostienen la documentación de las violaciones en condiciones de riesgo, dice todo sobre dónde está el Estado y dónde están sus ciudadanos.
