¿Sabes qué pasó? Boletín Mensual de Derechos Humanos – Abril 2026
Posible reintegro de Hungría a la Corte Penal Internacional tras la derrota de Vikctor Orbán
Tras ganar las elecciones, Péter Magyar, líder del partido Tisa, anunció que buscará reintegrar a Hungría en laCorte Penal Internacional, mediante una nueva solicitud de adhesión, ya que la retirada previa no puede revertirse directamente.
El gobierno de Viktor Orbán decidió retirar a Hungría de la Corte Penal Internacional en 2025 tras una orden de arresto contra Benjamin Netanyahu.
Ahora, Péter Magyar propone reingresar al país en la CPI, buscando mejorar su reputación internacional, fortalecer la cooperación con instituciones democráticas y mantener relaciones pragmáticas con Israel, con énfasis en el rechazo al antisemitismo. Esta medida también refleja un intento de alejarse de políticas de aislamiento y de la influencia rusa.
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Migrantes afganos en Polonia enfrentan riesgo de deportación por suspensión del asilo
Migrantes afganos en Polonia enfrentan riesgo de deportaciones forzadas tras la suspensión parcial del derecho de asilo en 2025, mientras organizaciones de derechos humanos advierten abusos y los afectados temen represalias de los talibanes si son devueltos a Afganistán.
Los migrantes denuncian que las autoridades Polacas no quieren estudiar sus solicitudes de asilo. Polonia justifica estas medidas diciendo que está desbordada y que Rusia y Bielorrusia están usando la migración para desestabilizar la región. Aunque la ley dice que la suspensión del asilo es temporal, en la práctica se ha extendido varias veces y lleva más de un año aplicándose.
Expertos como el Defensor del Pueblo polaco y el ACNUR han criticado a Polonia por suspender el derecho de asilo, señalando que esta medida va en contra del derecho internacional y de los Convenios de Ginebra, que obligan a evaluar cada caso individualmente. Aunque el primer ministro Donald Tusk defiende la decisión por razones de seguridad en la frontera con Bielorrusia, dentro de la Unión Europea persiste la obligación de garantizar al menos derechos básicos a los solicitantes de asilo, incluso en situaciones de crisis.
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Lafarge condenada por financiar el terrorismo: un veredicto histórico para la responsabilidad corporativa
El 13 de abril de 2026, el Tribunal Penal de París emitió una sentencia histórica en materia de responsabilidad corporativa. La empresa francesa Lafarge y ocho personas, entre ellas cuatro ex altos directivos, fueron declaradas culpables de financiar organizaciones terroristas y violar sanciones internacionales. El tribunal determinó que Lafarge realizó pagos por un total de 5,5 millones de euros a varios grupos terroristas entre 2013 y 2014 con el fin de mantener operativa su planta de cemento en Siria en plena guerra civil. La empresa fue condenada a la multa máxima de 1,125 millones de euros, mientras que los ex ejecutivos recibieron penas de prisión de entre tres y seis años.
El tribunal concluyó que Lafarge había establecido un «sistema organizado y opaco» para efectuar pagos a grupos como Ahrar al-Sham, Jabhat al-Nosra y el Estado Islámico, siendo plenamente consciente de que dichos fondos serían destinados, en todo o en parte, a la comisión de actos terroristas. Asimismo, rechazó el argumento de la defensa de que la empresa matriz no podía ser responsable de los actos de su filial siria, al considerar que Lafarge ejercía un control efectivo sobre dicha filial tanto a nivel operativo como funcional, perforando así el velo corporativo del grupo.
Este caso, aunque escandaloso, no es un hecho aislado. Los hechos salieron a la luz gracias a los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil y periodistas sirios, sin cuya labor esta actividad criminal probablemente nunca habría sido descubierta. La batalla judicial continúa: Lafarge sigue siendo investigada por complicidad en crímenes de lesa humanidad, un cargo que va más allá de la financiación del terrorismo y que aborda la participación de la empresa en las más graves violaciones del derecho internacional cometidas durante el conflicto sirio.
Puedes leer la noticia completa: https://www.business-humanrights.org/en/blog/an-unprecedented-verdict-french-company-lafarge-and-top-executives-convicted-of-financing-terrorism/
La UE aprueba una nueva ley para combatir la corrupción con sanciones armonizadas en todos los estados miembros
El Consejo de la UE ha aprobado una nueva directiva que armoniza la definición de corrupción en todos los estados miembros y establece un nivel común de sanciones para estos delitos. La norma sustituye a dos leyes anteriores: una del año 2003 sobre corrupción en el sector privado y un convenio de 1997 relativo a la corrupción de funcionarios de la UE. Con esta legislación, la Unión Europea refuerza su lucha contra la corrupción tanto en el ámbito público como en el privado, incorporando además medidas de prevención y normas para fortalecer la investigación y el enjuiciamiento de estos delitos.
La directiva establece que los estados miembros deben prever niveles mínimos comunes de penas para los delitos de corrupción, incluyendo soborno, malversación, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y enriquecimiento ilícito. Las personas físicas podrán enfrentarse a penas de prisión de entre tres y cinco años según el delito cometido, mientras que las empresas podrán ser sancionadas con multas de entre el 3% y el 5% de su facturación mundial o de entre 24 y 40 millones de euros. Asimismo, los estados miembros deberán crear organismos especializados en la prevención de la corrupción y en la sensibilización ciudadana, fomentando una cultura de integridad.
La nueva directiva actualiza el marco legislativo europeo incorporando los estándares internacionales vinculantes para la UE, como los recogidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), el instrumento jurídico internacional más completo en este ámbito. En cuanto a su aplicación, la directiva entrará en vigor a los 20 días de su publicación en el Diario Oficial de la UE, y los estados miembros dispondrán de 24 meses para transponerla a su legislación nacional, con un plazo ampliado de 36 meses para las disposiciones relativas a evaluaciones de riesgo y estrategias nacionales.
Puedes leer la noticia completa: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/04/21/council-adopts-new-eu-wide-law-to-combat-corruption/
