¿Sabes qué pasó? Boletín Mensual de Derechos Humanos – Julio 2025
La Corte Suprema de EE. UU permite a Trump reactivar las deportaciones de migrantes en situación irregular a terceros países
El tribunal de Estados Unidos, de mayoría conservadora, coincide con el Departamento de Justicia y levanta la suspensión judicial a las deportaciones de migrantes. La decisión no ha sido explicada y las tres juezas liberales se opusieron.
En abril, un juez de distrito había ordenado la suspensión de las deportaciones porque consideraba que los migrantes debían tener derecho a recurrir sus casos. Las deportaciones a terceros países violaban este derecho.
El caso de unos migrantes que estaban siendo deportados a Sudán del Sur, un país con una crisis humanitaria severa y en guerra, está siendo revisado por un tribunal de apelaciones, pero la decisión de la Corte Suprema da vía libre a continuar con las deportaciones.
Al mismo tiempo, se ha autorizado al Gobierno “revocar el estatus legal de 532.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que contaban con permiso de permanencia temporal, y dio luz verde para cancelar el Estatus de protección temporal (TPS) de unos 350.000 venezolanos que los protegía de ser expulsados.”
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos establece un precedente histórico al presentar una guía legal para abordar la crisis climática desde una perspectiva de derechos humanos
Con esta decisión, se establecen estándares jurídicamente vinculantes a todos los estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las obligaciones de los Estados para prevenir el daño causado por la emergencia climática, incluyendo los derechos al medio ambiente y un clima sano, el derecho a la información ambiental, la participación y consulta efectiva, el acceso a la justicia, el derecho a defender derechos, la protección reforzada a grupos en situación de vulnerabilidad y la responsabilidad común pero diferenciada entre países. Esto representa un antes y un después para la región.
Esta opinión, solicitada por Chile y Colombia, y respaldada por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), reconoce por primera vez que la emergencia climática constituye una amenaza directa, urgente y estructural para los derechos humanos de las personas y pueblos.
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Se reconoce la vulneración del derecho a la vida por la contaminación de las macrogranjas en el embalse de As Conchas
El tribunal superior ha condenado a la Xunta y la Confederación Miño-Sil por el envenenamiento del agua debido a la mala gestión de la ganadería intensiva. Las Administraciones deben pagar 30.000 euros por cada persona afectada para reparar los daños y el desastre ambiental causado.
La sentencia de la Sección Segunda del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia dice que “Se declara la vulneración de los derechos fundamentales: derecho a la vida y en su relación con el derecho a la intimidad, a la inviolabilidad del domicilio y a la propiedad”, condenando a la Xunta de Galicia y a la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y Limia por el poco control de los vertidos durante décadas.
Esta sentencia es histórica en Europa, ya que condena directamente la gestión de las macrogranjas con un enfoque en los derechos humanos, y obliga a la Xunta de Galicia y la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil a “adoptar inmediatamente cuantas medidas sean necesarias para que cesen los olores y la degradación ambiental del embalse de As Conchas y su entorno”
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La Audiencia Nacional reabre investigación contra un ciudadano español por presuntamente cometer crímenes internacionales durante la guerra civil en Sierra Leona
El 30 de junio 2025, la Audiencia Nacional ordenó la reapertura del caso para la investigación de los crímenes internacionales presuntamente cometidos por un ciudadano español durante la guerra civil de Sierra Leona entre 1991 y 2002.
Manuel Terrén Parcerisas, el investigado, estuvo presuntamente involucrado en el comercio ilegal de diamantes que financió la guerra, y participando en los delitos cometidos por el Frente Revolucionario Unido (RUF, por sus siglas en inglés).
En enero de 2025, el Juzgado de Instrucción ordenó la conclusión del sumario, determinando que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional se pronunciaría sobre la prescripción de los hechos. Sin embargo, esta misma Sala ordenó el 30 de junio “revocar el auto de conclusión de sumario y continuar la instrucción.”
Esta decisión reitera el compromiso con el derecho internacional, reconociendo la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
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Abogados presentan demanda Contra la Comisión Europea y el Consejo de Europa por inacción ante el genocidio de Gaza
Mientras se esperaba a las posibles medidas contra Israel que la Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, anunciaría el 15 de julio, los abogados de la Asociación JURDI (Abogados por el respeto del derecho internacional), han presentado una demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Luxemburgo contra la Comisión Europea y el Consejo de Europa por la “inacción” frente a los crímenes cometidos por Netanyahu en Gaza. Es la primera vez que dos instituciones europeas son demandadas ante cualquier tribunal, en este caso el de la UE, por inacción ante crímenes internacionales.
El documento de 90 páginas se refiere a la inacción por parte de la UE de no sancionar al gobierno de Netanyahu y de no adoptar una posición ante el riesgo de genocidio y crímenes documentados. A pesar de haber propuesto 18 paquetes de sanciones a Rusia por la invasión de Ucrania, la UE no ha sido capaz de hacer lo mismo con Israel.
La Comisión ha publicado un informe de seis páginas con todas las violaciones de los crímenes del derecho internacional humanitario del gobierno israelí en Gaza, territorios ocupados, cárceles y hospitales, pero sin consecuencia alguna. Por el contrario, han dicho que “no quieren castigar al gobierno israelí” y que comenzarían diálogos para levantar el bloqueo de ayuda humanitaria en Gaza.
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