¿Sabes qué pasó? Boletín Mensual de Derechos Humanos – Noviembre 2025
La Corte Internacional de Justicia fija las obligaciones de Israel respecto a la ONU en el Territorio Palestino Ocupado
La Corte Internacional de Justicia (CIJ) publicó el 22 de octubre de 2025 una opinión consultiva sobre las obligaciones de Israel como potencia ocupante y como Estado miembro de la ONU en relación con la presencia y actividades de Naciones Unidas, otras organizaciones internacionales y terceros Estados en el Territorio Palestino Ocupado, con especial atención a la Franja de Gaza.
La Corte confirma su jurisdicción y determina que la situación humanitaria en Gaza, marcada por restricciones prolongadas a la entrada de ayuda, destrucción de infraestructuras civiles y desplazamientos forzados masivos, obliga a Israel, bajo el derecho internacional humanitario, a garantizar el acceso de bienes esenciales para la supervivencia de la población, incluidos alimentos, agua, combustible y atención médica. Asimismo, debe facilitar la entrada de operaciones humanitarias llevadas a cabo por la ONU, en particular por UNRWA, otras organizaciones internacionales y Estados donantes.
La CIJ considera que la población de Gaza está “inadecuadamente abastecida”, lo que activa las obligaciones de Israel bajo el Artículo 59 del IV Convenio de Ginebra. Subraya que UNRWA es actualmente un actor “indispensable” y que no existe evidencia de que la agencia haya violado su principio de imparcialidad. Por ello, las leyes israelíes del 2024 que buscan cesar sus operaciones no pueden justificar la interrupción de la ayuda.
Además, la CIJ recuerda que Israel debe respetar los derechos humanos de la población del Territorio Palestino Ocupado, garantizar la protección del personal humanitario, prohibir traslados forzosos, permitir el acceso del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) a detenidos, y abstenerse de usar el hambre como método de guerra.
Finalmente, como Estado miembro de la ONU, Israel está obligado a cooperar de buena fe con la Organización y a respetar plenamente sus privilegios e inmunidades. La Corte vincula estas obligaciones con la protección del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación, destacando que impedir las operaciones humanitarias socava directamente este derecho.
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La Corte Penal Internacional confirma su jurisdicción sobre Duterte y allana el camino para su juicio por la guerra antidrogas
Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazaron el 23 de octubre de 2025 un recurso presentado por el expresidente filipino Rodrigo Duterte (2016-2022), en el que su defensa sostenía que el tribunal carecía de jurisdicción para tramitar su caso. Duterte fue arrestado en marzo de 2025 y trasladado a La Haya en relación con unas acusaciones de crímenes de lesa humanidad vinculados a su violenta campaña antidrogas en Filipinas, durante la cual miles de presuntos distribuidores y consumidores de estupefacientes fueron asesinados.
La defensa sostenía que Filipinas había abandonado el Estatuto de Roma en 2019, antes de que el tribunal iniciara formalmente una investigación. Duterte argumentaba que, por lo tanto, la CPI no tenía competencia para juzgarle y su defensa alegaba, además, que su detención era ilegal. Sin embargo, la CPI consideró que sí existía jurisdicción, ya que, aunque la investigación plena comenzó en 2021, había existido un examen preliminar lo suficientemente sustancial antes de la retirada de Filipinas del tratado, lo que activaba la competencia del tribunal para los hechos ocurridos bajo su mandato.
Aún no se aborda otra petición de la defensa en relación con la aptitud de Duterte para ser juzgado, ya que tiene 80 años y alega deterioro cognitivo por su edad. Se ha nombrado un panel de expertos médicos cuya evaluación se prevé para mediados de noviembre de 2025.
El caso marca un hito importante: confirma que un Estado no puede eludir la jurisdicción de la CPI simplemente retirándose del Estatuto cuando ya estaba en marcha una investigación preliminar.
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Francia investiga a TotalEnergies por presunta complicidad en crímenes de guerra en Mozambique
El 17 de noviembre de 2025, el Centro Europeo para los Derechos Constitucionales y Humanos (ECCHR) presentó en Francia una denuncia penal contra TotalEnergies por presunta complicidad en crímenes de guerra, tortura y desapariciones forzadas en Mozambique. La acusación, dirigida en conjunto con el fiscal nacional Antiterrorista de Francia (PNAT), que también tiene mandato para investigar crímenes internacionales, se basa en hechos ocurridos entre julio y septiembre de 2021 en las instalaciones del proyecto Mozambique LNG, donde decenas de civiles habrían sido detenidos, torturados y asesinados por la Fuerza de Tarea Conjunta (Joint Task Force), una unidad creada específicamente para proteger el proyecto mediante un memorando firmado en 2020 entre la empresa y el gobierno mozambiqueño.
El caso gira en torno a la llamada “masacre de los contenedores” en las instalaciones de TotalEnergies, denunciada inicialmente por investigaciones de Politico, SourceMaterial y LeMonde. Tras ataques del grupo armado Al-Shabab en marzo y abril de 2021, las fuerzas mozambiqueñas habrían detenido arbitrariamente a civiles que huían de la violencia, encerrándolos en contenedores metálicos en la entrada de las instalaciones de TotalEnergies. Según las denuncias, muchos fueron torturados, desaparecidos o ejecutados, mientras que los últimos 26 detenidos fueron liberados en septiembre de 2021.
El ECCHR mantiene que TotalEnergies tenía conocimiento de violaciones graves cometidas por las fuerzas armadas desde 2020, y que pese a conocer los riesgos, la empresa habría seguido proporcionando alojamiento, comida, equipos y bonificaciones a los soldados, solamente por mantener la seguridad de las instalaciones.
Hay otras investigaciones en Mozambique que están siendo llevadas a cabo por distintos periódicos, así como por agencias públicas de Reino Unido y Países Bajos, aunque aún no existe una investigación judicial europea. Organizaciones como Friends of the Earth Francia y Justiça Ambiental apoyan la acción legal, denunciando la impunidad persistente y reclamando la retirada del apoyo financiero al proyecto.
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El crimen organizado evoluciona más rápido que los Estados, alerta el Índice Global 2025
El Índice Global de Crimen Organizado 2025, presentado por la Iniciativa Global contra la Delincuencia Organizada Transnacional (GI-TOC), revela que el crimen organizado se ha vuelto más adaptable, interconectado y difícil de combatir, especialmente en aquellos Estados con instituciones debilitadas o cooptadas. El informe, basado en cinco años de análisis de los 193 Estados miembros de la ONU, compara la criminalidad en múltiples mercados ilícitos como el tráfico de armas o la extorsión, entre otros, con 12 indicadores de resiliencia estatal. Los resultados muestran un deterioro significativo: los países con alta criminalidad y baja resiliencia pasaron de 57 en 2023 a 66 en 2025.
El estudio identifica cinco transformaciones centrales. La primera es la reconfiguración del tráfico mundial de drogas, impulsada por la caída en la producción de heroína afgana, el aumento de la oferta de cocaína y el auge de opioides sintéticos y la legalización parcial del cannabis. Estos cambios fortalecen alianzas criminales transnacionales más cohesionadas, cada vez más poderosas y difíciles de enfrentar.
La segunda transformación es el aumento de delitos no violentos, como los financieros y los cibernéticos, cuyo crecimiento supera la capacidad de respuesta de muchos Estados. Los centros de estafa del sudeste asiático, especialmente en Myanmar, ilustran estas nuevas formas de explotación que combinan fraude, coerción y violencia. De los 15 mercados ilícitos analizados por el informe, el que más ha crecido en estos últimos dos años ha sido el delito financiero. Los delitos cibernéticos se encuentran menos extendidos, pero también han aumentado y experimentado un empeoramiento en 18 de 22 regiones.
La tercera tendencia es el aumento del comercio global de productos falsificados, que ya afecta sectores como el farmacéutico y el electrónico, no solo el de lujo, impulsado por plataformas digitales, criptomonedas y herramientas de inteligencia artificial.
La cuarta señala el ascenso de actores criminales extranjeros y del sector privado, cuyas redes logísticas y financieras facilitan operaciones ilícitas, desde la minería ilegal hasta el blanqueo de capitales.
Finalmente, el informe alerta sobre la creciente retirada de algunos Estados de mecanismos internacionales de cooperación, lo que podría erosionar aún más la capacidad colectiva para enfrentar economías ilícitas.
GI-TOC concluye que, para enfrentar a esta “hidra” criminal, los Estados deben comenzar por combatir la resistencia interna y los actores criminales incrustados en sus propias instituciones.
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Expertos de la ONU denuncian el uso de notificaciones rojas de Interpol para reprimir a activistas salvadoreños en España
Dos defensores de derechos humanos salvadoreños, Ivania Cruz y Rudy Joya, que han solicitado asilo en España tras enfrentar acoso legal en su país, son actualmente objeto de notificaciones rojas de Interpol solicitadas por el Gobierno de El Salvador. Estas notificaciones, que permiten localizar, detener y extraditar a personas buscadas internacionalmente, fueron calificadas por un grupo de expertos de la ONU como un acto de “represión transnacional”, al extender la persecución más allá de las fronteras salvadoreñas.
Cruz y Joya pertenecen a una ONG que también ha sido perseguida desde febrero de 2025 por apoyar a la comunidad La Floresta, afectada por intentos de desalojo forzoso desde 2024. Según los expertos, los cargos y órdenes de arresto emitidos contra ambos en El Salvador “carecen de fundamento y están directamente vinculados a su labor legítima de defensa de derechos humanos”, especialmente en el contexto del estado de emergencia declarado en 2022.
Las notificaciones rojas fueron solicitadas en mayo de 2025 y confirmadas por Interpol en julio. Para los relatores, este caso evidencia un uso indebido del sistema con fines políticos, vulnerando la Constitución de Interpol, que prohíbe actividades de carácter político y exige respeto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Además, expresaron preocupación porque Interpol facilita esta represión sin evaluar adecuadamente el contexto.
En España, Rudy Joya fue detenido en septiembre de 2025 tras ser citado en el marco de su proceso de asilo, quedando bajo supervisión judicial. Ivania Cruz también compareció ante la Audiencia Nacional, que impuso medidas cautelares a ambos: firmar ante el juzgado cada 15 días, prohibición de abandonar el país, entrega del pasaporte y obligación de informar cambios de domicilio.
Los expertos pidieron a Interpol que revocara inmediatamente las notificaciones y pidieron a España que negara la extradición. El pronunciamiento fue firmado por tres relatores especiales de la ONU y por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, pertenecientes a los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos.
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