¿Sabes qué pasó? Boletín Mensual de enero.
El 31 de enero se celebrará el evento de cierre del proyecto PATFox
El proyecto“Pioneering AntiSLAPP Training for Freedom of Expression (PATFOx)”, tendrá su cierre en un evento en el que los socios se reunirán para presentar los logros conseguidos.
El evento, titulado “Mejorar la defensa anti-SLAPP: Lecciones aprendidas del Proyecto PATFox”, ha sido copatrocinado por la eurodiputada Ramona Strugariu, ponente de la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, y el eurodiputado Tiemo Wölken, ponente de la Directiva Anti-SLAPP, y tendrá lugar el próximo 31 de enero de 2024 de 9:00 a 11:00 en la sede del Parlamento Europeo.
El proyecto PATFOx, liderado por FIBGAR y cofinanciado por la Comisión Europea, tiene como objetivo la difusión de habilidades para abogados que tienen como clientes a periodistas y defensores de derechos humanos que son objeto de persecución mediante juicios estratégicos contra la participación pública, conocidos como SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation).
Puedes leer la noticia completa aquí.
Nuevo proyecto de FIBGAR sobre identidad europea
El proyecto se titula, “Hacia una identidad europea: el rol de las organizaciones de sociedad civil en la promoción de políticas de memoria democrática. Un estudio comparado.” y está financiado por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Su finalidad es la recopilación, sistematización y análisis comparado de casos de participación ciudadana en la promoción de políticas de memoria democrática en diferentes países de Europa.
Teniendo en cuenta el pasado autoritario de los países europeos en el siglo XX, la sociedad civil ha jugado un papel nuclear en las reivindicaciones de memoria democrática y la construcción de la identidad europea, vertebrada en torno a los valores de la paz y la democracia. Tanto es así, que las propias instituciones europeas han venido reconociendo la relevancia de la sensibilización y promoción de la memoria histórica europea como cultura común y antídoto al resurgimiento de ideas totalitarias (Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa (2019/2819(RSP))).
Pese a lo anterior, en el campo de la investigación no se ha estudiado debidamente la cuestión desde un enfoque europeo integral, que se aproxime a las experiencias nacionales como parte de un esfuerzo común hacia la construcción de un espacio cívico europeo y analice su impacto en la sociedad europea hoy día.
En definitiva, desde FIBGAR se trabajará en el desarrollo y análisis de una investigación que nace de la actual situación de la democracia española. Contextualizando la memoria democrática española en el marco europeo en el que sucedieron los totalitarismos, se pretende entender los orígenes de la etapa dictatorial española y otorgar a las víctimas y a la sociedad en su conjunto las herramientas teóricas y conceptuales para participar directa y activamente en la creación de las políticas públicas de memoria.
Puedes leer la noticia completa aquí.
La Corte Internacional de Justicia ordena medidas provisionales en el caso contra Israel por genocidio.
El pasado viernes, la Corte Internacional de Justicia emitió su primera decisión en relación con el caso incoado por Sudáfrica, ordenando una serie de medidas provisionales.
El 29 de diciembre de 2023, Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia una denuncia contra Israel, acusándola de incumplir la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948 por actos cometidos en su ofensiva militar en Gaza contra el grupo terrorista Hamás, la cual ha ocasionado más de 26. 000 muertes, en su mayoría de civiles. Asimismo, en la demanda – a la que se han adherido alrededor de 60 estados, entre ellos los miembros de la Organización de Cooperación Islámica, Brasil, Colombia o Jordania – se solicitaban una serie de medidas cautelares, exigiendo un inmediato cese de las hostilidades.
La Convención sobre el Genocidio de 1968 califica el genocidio como “un acto cometido con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso”. En ese sentido, la magnitud de la matanza de población civil palestina por los bombardeos israelíes, así como la destrucción de infraestructura civil, el desplazamiento forzoso de millones de palestinos, la obstaculización del acceso de ayuda humanitaria o la “retórica genocida” de altos funcionarios israelíes han sido mencionados como hechos que demuestran que estamos asistiendo ante la comisión del mencionado crimen.
Ante estas acusaciones, Israel ha argumentado que la ofensiva tiene como único objetivo acabar con Hamás y que el alto coste para la población civil es, a la par que inevitable, aumentado por las acciones de Hamás.
Tal y como se comentaba, el primer pronunciamiento del tribunal -encargado de resolver las disputas entre Estados por el cumplimiento del Derecho Internacional – ha tenido como objeto dictar una serie de medidas provisionales que deben ser ejecutadas con urgencia. Entre ellas, destacan la orden de que Israel se abstenga de cometer actos previstos en la Convención sobre el Genocidio, de modo que debe hacer todo lo posible para prevenir y castigar la incitación directa y pública al genocidio, además de tomar de inmediato medidas para garantizar la llegada de asistencia humanitaria a la población civil de Gaza. No obstante, la CIJ se ha abstenido de instar a Israel a un alto al fuego, la cual era la más relevante de las medidas solicitadas, y el reclamo de gran parte de la comunidad internacional.
Desde Amnistía Internacional, se ha recordado la obligación que tiene Israel de cumplir con las obligaciones impuestas por el tribunal, cuyas decisiones – pese a no disponer de medios coactivos para su ejecución – son jurídicamente vinculantes.
Puedes leer la noticia completa aquí.
Irlanda recurre una ley de amnistía de Reino Unido ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En septiembre de 2023, el Parlamento británico promulgó la ley para la reconciliación en Irlanda del Norte – “UK Northern Ireland Troubles (Legacy and Reconciliation) Act 2023”, en inglés – con el objeto de promover la reconciliación entre las partes.
Desde el momento en que la iniciativa legislativa fuera presentada en 2021, generó una gran controversia entre asociaciones de víctimas y de derechos humanos, organismos internacionales, así como miembros de la oposición, ya que impedirá el acceso a la verdad, justicia y reparación de víctimas de violaciones de derechos humanos.
Entre los efectos jurídicos de la misma se encuentra una amnistía encubierta, mediante la concesión de inmunidad condicional para los responsables de los delitos cometidos durante el conflicto – independientemente de si los perpetradores fuesen del bando nacionalista irlandés, unionista o integrantes de las fuerzas de seguridad británicas. De acuerdo con la ley, se creará una Comisión Independiente para la Reconciliación y Recuperación de Información se encargaría de la investigación de tales delitos, de modo que a aquellos involucrados en presuntos delitos que colaboren con el órgano aportando información serán amnistiados.
Ante estas circunstancias, el gobierno de la República de Irlanda ha impugnado la ley ante el TEDH, alegando que parte de su contenido es incompatible con las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Cabe recordar que no es la primera ocasión que la República de Irlanda acude ante el TEDH para demandar a Reino Unido; en 1971, se condenó al Reino Unido por las prácticas “inhumanas y degradantes” realizadas por su fuerzas de seguridad en el territorio irlandés.
Puedes leer la noticia completa aquí.
Un tribunal francés confirma los cargos de complicidad en crímenes contra la humanidad contra Lafarge por su fábrica en Siria
Esta decisión se enmarca en el dilatado proceso judicial para la investigación – iniciada en 2016 – en Francia de presuntos hechos delictivos cometidos por la empresa cementera Lafarge S.A, debido a que, a través de su filial Lafarge Cement Syria, realizase en 2013 y 2014 pagos millonarios a grupos yihadistas – entre ellos, el Estado islámico – para poder continuar con su actividad económica en Siria, mientras que el país se sumía en el caos por la guerra.
Ante estos hechos, se ha planteado el procesamiento de la empresa por complicidad en la comisión de crímenes contra la humanidad, puesto que dichos pagos contribuyeron a la financiación de grupos terroristas, aún a sabiendas de las actividades de los mismos. También se pedía acusarla por poner en riesgo la vida de sus empleados, al mantenerles en sus puestos pese a la crisis de seguridad que experimentó el país como consecuencia del conflicto armado.
En ese contexto, el Tribunal Supremo francés ha ratificado la decisión de un tribunal de rango inferior, de modo que permite que se siga realizando la investigación por los cargos de complicidad en la comisión de crímenes contra la humanidad, mientras que no se continuará con los cargos de poner en peligro la vida de su personal.
La multinacional francesa ya fue condenada en Estados Unidos a pagar una multa de 800 millones de dólares por estos hechos.
Puedes leer la notica completa aquí.
