¿Sabes qué pasó? Boletín Mensual de mayo
La justicia internacional aumenta la presión contra Israel por su ofensiva en Gaza
Tras meses de investigación, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido, por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, órdenes de arresto contra líderes de Hamas, así como del Primer Ministro de Israel, Benyamin Netanyahu, y su Ministro de Defensa, Yoav Gallant.
En lo que respecta a la imputación criminal de Netanyahu y Gallant, la Fiscalía considera que se dan indicios para apreciar hasta ocho conductas constitutivas de crímenes de guerra o crímenes de la humanidad, entre las que cabe destacar el sometimiento a hambruna y a ataques militares deliberados a la población civil. Desde la Fiscalía, tras describir el estado de crisis humanitaria en el que se encuentra la población gazatí, inciden en que el derecho a la defensa del Estado israelí no le exime de atender a sus obligaciones para con el derecho internacional público y humanitario.
En paralelo, además del comentado desarrollo del proceso ante la CPI – tribunal encargado de tratar cuestiones que implican responsabilidad penal individual – sigue en curso el proceso instado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), que viene a ser el órgano judicial principal de Naciones Unidades y que dirime disputas entre Estados.
En ese sentido, el caso se enmarca en torno a la aplicación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Así, la Corte ha dictado una nueva batería de medidas cautelares que pone el foco en la obligación de Israel de detener cualquier acción que amenace la destrucción física total o parcial de la población de Gaza. Para ello, insta a cesar su ofensiva en Rafah – donde se refugian 1,5 millones de desplazados – y a permitir la entrada de ayuda humanitaria.
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La Asamblea General de la ONU aprueba conmemoración del genocidio de Srebrenica
La Resolución, impulsada por Alemania, Bosnia y Ruanda, fija el 11 de julio como el día internacional de recuerdo del genocidio de Srebrenica, cometido en 1995.
Durante la guerra de Bosnia, que tuvo lugar entre 1992 y 1995, se produjo la mayor masacre presenciada en suelo europeo desde la Segunda Guerra Mundial. El asesinato de alrededor de 8.000 bosnios musulmanes que se encontraban en la ciudad de Srebrenica – considerada “zona segura” por las tropas de la ONU – fue calificado en 2007 por la Corte Internacional de Justicia como genocidio, y sus responsables fueron condenados por el Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia, creado ad hoc para enjuiciar los crímenes perpetrados en el conflicto (la Corte Penal Internacional no tenía jurisdicción para investigar tales hechos, ya que son previos a la entrada en vigor del Estatuto de Roma, en julio de 2002).
Pese a la gravedad de la matanza, todavía hoy el tema genera división, hasta el punto en el que la resolución, que pretende también condenar la negación del genocidio y a los criminales de guerra, ha encontrado cierta resistencia en Serbia. Frente a tales actitudes, deviene fundamental la dignificación de las víctimas y la promoción de la memoria como mayor garantía de no repetición.
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El mandato de prevención del genocidio, más vigente que nunca
En la Oficina de Naciones Unidades de Nairobi tuvo lugar el acto de conmemoración de los 30 años del genocidio contra los tutsis, en el que se reafirmó el compromiso de Ruanda en la lucha frente a la propagación del odio étnico en la escena regional e internacional.
Dentro de las múltiples herramientas que conforman esta labor de prevención, se incidió en la relevancia de articular marcos jurídicos que garanticen la defensa contra la apología del genocidio. No obstante, la persecución penal no fue el único ámbito aludido, siendo clave también la lucha en el ámbito educativo para, mediante la elaboración de planes de estudios apropiados, comprender el pasado y generar conciencia acerca de la necesidad de evitar que acontezcan atrocidades similares.
Por añadido, se enfatizó en la responsabilidad compartida por la comunidad internacional de combatir los discursos intolerantes que preceden a estos crímenes.
El acto también contó con testimonios directos de supervivientes del genocidio, como recordatorio más crudo de la obligación de generar mecanismos de protección que eviten su repetición.
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