¿Sabes qué pasó? Boletín Semanal del 10 al 16 de octubre
El Consejo de Derechos Humanos rechaza debatir las violaciones de derechos humanos en Xinjiang
Con 19 votos en contra frente a 17 a favor – y 11 abstenciones – el Consejo ha declinado debatir en el próximo período ordinario de sesiones acerca de las políticas discriminatorias y represivas del gobierno chino en la región de Xinjiang.
Esta propuesta ha venido impulsada por el impacto del último informe publicado por la ya ex Alta Comisionada de Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en el que se documentaban actos sistemáticos de tortura, detenciones arbitrarias, violencia sexual y discriminación dirigidos principalmente contra uigures y otras minorías predominantemente musulmanas. En el informe se califican tales actos como susceptibles de constituir crímenes de lesa humanidad.
El resultado de esta votación ha sido calificada por organismos de derechos humanos como un auténtico fracaso y amenaza con causar al Consejo de Derechos Humanos una grave pérdida de legitimidad.
Sophie Richardson, directora de Human Rigths Watch para China, advertía de las consecuencias para la defensa de los derechos humanos en todo el mundo si se establece que “un país poderoso tiene garantizada la impunidad”.
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La ONU denuncia abusos contra migrantes que retornan a sus países desde Libia
El informe realizado por la Alta Comisionada interina de Naciones Unidas para Derechos humanos, Nada Al-Nashif, describe como, pese a que en teoría el “retorno asistido” es voluntario, los migrantes son sometidos a un régimen de detención tan abusivo que se ven obligados a volver a sus países de origen.
Estas coacciones, que en sí mismas son violaciones de derechos humanos, conllevan además que los migrantes acaben retornando a escenarios críticos para su seguridad, que es precisamente motivó su desplazamiento.
Se calcula que desde 2015, más de 60.000 migrantes en Libia han sido repatriados a diferentes países de África y Asia.
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Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Perú debe reparar a peruanos afectados por derrames
En enero de 2022 se realizó el peor desastre ecológico en la historia peruana reciente.
Un buque que descargaba crudo en la refinería La Pampilla, propiedad de la empresa española Repsol, derramó al menos 11.900 barriles de combustible en el mar frente a la localidad de Ventanilla, a unos 20 kilómetros al norte de Lima.
El vertido cubrió más de 1.400 hectáreas de mar y tierra, y 500 hectáreas de reservas de fauna marina en áreas naturales protegidas. La contaminación en mar y tierra dejó sin trabajo a miles de pescadores.
La semana pasada el primer vicepresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y relator para Perú, Edgar Stuardo Ralón Orellana, visitó el país andino como parte de una comisión enfocada en el impacto de los derrames petroleros y la situación de los derechos humanos, reuniéndose también con líderes de pueblos indígenas y comunidades de pescadores, quienes en sus testimonios denunciaron que el Estado no garantiza la reparación adecuada, ni la protección de quienes fueron afectados en sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Tras finalizar su visita, el representante de la CIDH reconoció la dramática la situación que sufren los afectados por el derrame de petróleo, sobre todo a los más vulnerables, debido a los impactos en la salud, la falta de acceso a agua potable, el riesgo en la seguridad alimentaria y la vulneración del derecho al trabajo.
Asimismo, frente a la falta de acción por parte del Estado, instó a las autoridades del país a atender con urgencia a los afectados y a poner en marcha políticas públicas y planes para atender esta crisis, entre ellos la constitución de un fondo de emergencia.
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Madrid, 17 de octubre de 2022.
