Líbano quiere repatriar 15.000 refugiados sirios cada mes
El gobierno libanés ha anunciado un plan para devolver mensualmente a 15.000 refugiados sirios a su país de origen.
Considerada la situación en la que se encuentra Siria, cualquier retorno forzado a dicho país equivaldría a una violación de los derechos humanos, de acuerdo con el informe del Centro de Justicia y Responsabilidad de Siria (SJAC), el cual destaca los obstáculos para un retorno seguro al país, entre ellos las detenciones arbitrarias, las ejecuciones extrajudiciales y las persecuciones que los retornados enfrentarían.
La Convención contra la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes consagra el principio de no devolución (non-refoulement) que prohíbe retornar o extraditar a personas que pudieran estar en peligro de sufrir torturas.
Obviamente, esta política de repatriación supone un incumplimiento por parte del gobierno del Líbano de sus obligaciones internacionales, además de incumplir con las prácticas de un retorno seguro del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
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Rumania abre investigación por crímenes de lesa humanidad en Ucrania
Rumania anunció este pasado lunes que investigará posibles crímenes contra la humanidad en Ucrania tras la invasión de Rusia, en virtud del principio de Justicia Universal.
La investigación se suma a un numero de iniciativas que buscan hacer justicia y luchar contra la impunidad.
A finales de marzo, con el apoyo de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Judicial Penal (Eurojust), las autoridades de Lituania, Polonia y Ucrania firmaron un acuerdo para facilitar las investigaciones sobre los crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y otros delitos presuntamente cometidos en Ucrania. En junio, las autoridades judiciales de Estonia, Letonia y Eslovaquia decidieron unirse al equipo conjunto de investigación (ECI).
Además, Bucarest ha anunciado que apoyará a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) a través de la concesión de recursos financieros y de personal que se encuentra investigando la situación existente en Ucrania desde el pasado febrero. En mayo el Fiscal de la CPI, Karim Khan, anunció el envío a Ucrania de un equipo compuesto por 42 investigadores, expertos forenses y personal de apoyo. Se trata del mayor despliegue de efectivos sobre el terreno enviado por la CPI a un país.
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Francia sentencia a ex alto funcionario ruandés por genocidio y crímenes de lesa humanidad
La semana pasada el Tribunal de Primera Instancia de París condenó a 20 años de prisión al ruandés Laurent Bucyibaruta, ex prefecto de la provincia sureña de Gikongoro, por complicidad en genocidio y crímenes de lesa humanidad cometidos en Ruanda durante las masacres de la primavera de 1994.
El 7 abril de 1994 comenzó el genocidio de la minoría Tutsi por parte del gobierno extremista Hutu, el cual en menos de cien días había terminado con la vida de más de un millón de ciudadanos. Además, no solo asesinaban de manera sistemática a todos los Tutsis, sino que también se asesinó a los Hutus moderados y a cualquier persona que mostrase abiertamente su oposición ante la masacre.
Se estima que en estas masacres 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados. Este trágico final venía precedido por años de rencor, barbarie y violencia sistemática entre las dos etnias que habitaban Ruanda, que acostumbraban a enfrentarse abiertamente en diferentes discursos de odio, mediante los que el Gobierno deshumanizaba y presentaba a la población Tutsi como el único y verdadero enemigo de la nación.
Bucyibaruta fue acusado de haber persuadido a miles de personas para que tomaran refugio en la escuela Técnica Murambi, donde, días después, miles de tutsis fueron ejecutados.
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Madrid, 18 de julio de 2022.
