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¿Sabes qué pasó?  Boletín Semanal del 26 al 29 de septiembre

Genocidio en Ruanda: comienza el juicio contra uno de los fugitivos más buscados por la Justicia internacional

La semana pasada comenzó el juicio contra el empresario Felicien Kabuga, por su papel en la financiación de uno de los capítulos más trágicos de la historia de la humanidad: el genocidio en Ruanda.

En 1994, durante apenas cien días, el gobierno, de mayoría hutu, orquestó una masacre étnica generalizada y sistemática contra la minoría tutsi. Según Naciones Unidas, alrededor de 800.000 tutsis y hutus moderados fueron asesinados a manos de milicias extremistas hutus. Unas 250.000 mujeres fueron violadas.

Esto ocurrió del 7 de abril al 4 de julio de 1994, cuando el Frente Patriótico Ruandés (FPR), insurgente tutsi, con la ayuda de las fuerzas ugandesas del Ejército de Resistencia Nacional (ERN), derrocó al gobierno hutu.

En aquel momento Felicien Kabuga, miembro del Comité de Iniciativa de la emisora Radio Televisión Mil Colinas, facilitaron la difusión mensajes incitando al odio contra los tutsis e identificaron y señalaron a personas para su posterior asesinato. Además, como jefe del Comité Provisional del Fondo de Defensa Nacional, Kabuga habría ayudado a financiar el genocidio.

Kabuga está acusado de 11 cargos: incluidos genocidio, incitación directa y pública a cometer genocidio y crímenes de lesa humanidad, entre ellos persecución y exterminio.

Ya en agosto de 1998, Kabuga fue acusado formalmente por el ahora desaparecido Tribunal Penal Internacional para Ruanda (ICTR) y al año siguiente se emitió una orden de arresto internacional contra él. Sin embargo, el 1 de agosto de 2012, el caso de Kabuga fue transferido al Mecanismo Residual Internacional de los Tribunales Penales (MTPI), creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en 2010 para asumir algunas funciones del Tribunal Penal Internacional para Ruanda una vez finalizado su periodo de funcionamiento y así continuar el proceso de rendición de cuentas.

En 2020, después de más de dos décadas de huida, Kabuga fue detenido en Francia.

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Camboya: confirmada cadena perpetua contra el último dirigente vivo de los Jemeres rojos

Las Salas Extraordinarias de las Cortes de Camboya rechazaron la apelación a la sentencia emitida en primera instancia, ratificando así la cadena perpetua de Khieu Sampha, jefe del Estado durante el régimen del Jemer Rojo.

El antiguo jefe del Estado, de 90 años, había sido condenado en 2018 por genocidio, crímenes contra la humanidad y graves violaciones de las Convenciones de Ginebra. Se trató de un fallo histórico, que reconoció por primera vez la comisión de genocidio por parte del Jemer Rojo contra las minorías vietnamita y la musulmana cham, con el asesinato de más de 100.000 personas de estas etnias.

En 1975 Khieu Sampha, junto a los otros miembros del Partido Comunista de Kampuchea, más conocido como Jemer Rojo, tomaron el poder e instauraron un régimen maoísta liderado por Pol Pot, que en apenas tres años y ocho meses acabó con la vida de entre una quinta parte y un tercio de la población camboyana. Entre 1,5 y 2 millones de personas fueron asesinadas tanto en ejecuciones masivas como en campos de trabajos forzados, donde se les sometía a hambrunas y torturas.

No obstante, solo más de treinta años después, en 2003, las Naciones Unidas llegaron a un acuerdo con el gobierno para crear las llamadas “Salas Especiales”, un tribunal hibrido, integrado por jueces y fiscales camboyanos, aunque también por otros de nacionalidad francesa, canadiense, británica, holandesa y australiana.

Con esta última decisión, se cierra el ciclo de juicios para los que fue creado el tribunal, que, si bien ha llevado a una serie de condenas (como fueron la de Kaing Guek Eav y Nuon Chea), también ha recibido críticas por su lentitud que permitió la impunidad de varios actores clave del régimen, como el propio líder Pol Pot.

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Vanuatu llama a un Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles

Durante las reuniones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Presidente de Vanuatu, Nikenike Vurobaravu, hizo un llamado histórico, convirtiéndose en el primer Estado en proponer un tratado global vinculante que busque en última instancia “reducir gradualmente la producción de carbón, petróleo y gas en consonancia con 1.5ºC, y permitir una transición global justa para cada trabajador, comunidad y nación dependientes de combustibles fósiles.”

El llamado a la adopción de un Tratado de no proliferación de Combustibles Fósiles ya ha sido respaldado por más de 65 ciudades y gobiernos subnacionales de todo el mundo, y constituye un paso fundamental hacia la construcción de apoyo diplomático formal para la propuesta.

Según Naciones Unidas, Vanuatu, nación-archipiélago del pacífico con ochenta islas, se encuentra entre los de mayor riesgo de desastres naturales, amenazado con desaparecer bajo el agua por el aumento del nivel de los océanos en no muchos años más.

Por ello, este pequeño Estado insular se ha vuelto protagonista en las batallas jurídicas contra el calentamiento y la destrucción de los recursos naturales, encabezando el liderazgo climático del Pacífico.

Además de esta iniciativa, Vanuatu está apoyando la campaña que busca lograr que el ecocidio sea reconocido como quinto crimen internacionales e incluido en el Estatuto de la Corte Penal Internacional, basándose en la definición jurídica desarrollada por el grupo de expertos independientes, del cual hace parte también el director de FIBGAR.

Por otro lado, Vanuatu ha lanzado una campaña para solicitar a la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva sobre los derechos de las generaciones presentes y futuras a estar protegidas de los impactos adversos del cambio climático.

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Madrid, 03 de octubre de 2022.