¿Sabes qué pasó? Boletín Semanal del 27 febrero al 03 marzo
Abusos de derechos humanos a gran escala en el Salvador
Human Rights Watch ha tenido acceso a una base de datos que respalda denuncias anteriores de violaciones masivas de derechos humanos, como mostraba el informe publicado, junto con Cristosal en diciembre de 2022.
En ese sentido miles de personas han sido enjuiciadas en base a tipos penales excesivamente amplios, vulnerando el derecho al debido proceso. Por añadido, las informaciones confirman las condiciones de hacinamiento y sobrepoblación en las prisiones, así como la muerte entre marzo y agosto de hasta 32 personas encarceladas.
Estos ataques al Estado de derecho se dan en el marco de una guerra contra las pandillas, por la cual se aprobó en la Asamblea Legislativa en marzo un régimen de excepción que suspendió derechos fundamentales. Desde entonces, se han detenido a más de 61.000 personas, de las cuales 1.082 eran menores.
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Ecocidio: hacía un modelo de regulación europea
La semana pasada, en un momento clave, ya que está siendo revisada la Directiva de la Unión Europea de 2008 sobre la protección del medio ambiente a través del derecho penal, el Instituto de Derecho Europeo (ELI) ha presentado un Informe sobre el Ecocidio: Normativa Modelo para una Directiva Europea y para una Decisión del Consejo.
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Esta propuesta adecua el tipo penal a las particularidades del derecho europeo con objeto de que sea compatible con sus principios.
De ese modo, al elemento objetivo de la conducta descrita por el tipo – muy similar a la versión elaborada por el Panel Internacional de Expertos – se añade el elemento subjetivo, mens rea, por el cual el autor debe tener intención de llevar a cabo dicha conducta así como de provocar la consecuencia – daño irreparable al medioambiente – o, al menos era consciente, o debía serlo, de que podía ocurrir.
Otro aspecto clave son las previsiones para evitar la impunidad de ecocidios cuando se perpetren en el marco de actividades autorizadas. Así, por ejemplo, se analizaría si esta se ha obtenido mediante coacción o corrupción.
Esta publicación supone un apoyo más a la regulación del ecocidio a nivel europeo. Así, cabe resaltar que cuatro de las cinco Comisiones del Parlamento Europeo han expresado su apoyo a la inclusión del ecocidio en la parte dispositiva del texto
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Asesinado un líder indígena en Ecuador
Eduardo Mendúa, miembro de Relaciones Internacionales de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE), fue asesinado el 26 de febrero en la provincia de Sucumbios, en la Amazonía ecuatoriana.
Como es común en América Latina – donde en múltiples ocasiones la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y del medioambiente confluyen frente a actividades extractivistas – la CONAIE es un foco de resistencia frente a las petroleras, siendo Eduardo Mendúa uno de sus líderes.
Por añadido, el crimen se ha sucedido tras el abandono de las organizaciones indígenas de la mesas de diálogo que había impulsado el gobierno.
En caso de confirmarse la tesis de la CONAIE, que afirma que el crimen está relacionado con el conflicto petrolero, sería un caso más de asesinato de un defensor de derechos indígenas en la región.
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Se desbloquea en el Congreso la “ley de bebés robados”
La Proposición de Ley sobre bebés robados en el Estado español se comenzó a tramitar en junio de 2020con el objeto de “proporcionar los instrumentos normativos y recursos necesarios para el reconocimiento y efectividad del derecho a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las víctimas del denominado robo de bebés en el Estado español desde el 17 de julio de 1936, que es constitutivo de un delito de lesa humanidad, y facilitar las labores de investigación necesarias, regulando los procedimientos administrativos precisos, en cumplimiento de las obligaciones contraídas en los convenios y tratados internacionales ratificados por España, entre ellos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas”.
Sin embargo, su tramitación llevaba bloqueada meses, situación que provocó la protesta de organizaciones de la sociedad civil y de afectados, que presentaron en febrero más de 80.000 firmas pidiendo su desbloqueo.
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Madrid, 06 de marzo de 2023.
