¿Sabes qué pasó en América Latina? Boletín Mensual del Observatorio ALERTA Latam – junio de 2026
El PNUD alerta sobre una crisis de legitimidad en las democracias de América Latina
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó un informe en donde analiza las democracias y su desarrollo en la región latinoamericana. Para esto, el informe parte diagnosticando a América Latina como la región en desarrollo más democrática del mundo, con más de cuatro de cada cinco ciudadanos viviendo bajo gobiernos elegidos.
Sin embargo, el mayor riesgo al que se enfrentan las democracias latinoamericanas hoy no es el colapso, sino el vaciamiento. Los números que sostienen este diagnóstico hablan de que el 32,6% de la población se declara satisfecha con el funcionamiento de la democracia, en comparación con el 38,6% en el año 1995. Frente a esto, el 25,2% afirma que le da lo mismo un gobierno democrático que uno autoritario, porcentaje que aumentó casi un 10% desde 1995 también.
En consonancia, hay un desencanto con el ejercicio democrático electoral, ya que la confianza en las autoridades electorales cayó del 47% al 34% entre 2016 y 2024, y el porcentaje de quienes consideran que las elecciones en su país son fraudulentas aumentó del 48,5% al 60,6%.
A partir del diagnóstico, el informe identifica cinco presiones emergentes. La primera es la polarización política, que ha dejado de ser diferencia de opiniones para convertirse en confrontación entre un nosotros y un ellos. La segunda es el crimen organizado transnacional, descripto como un actor que disputa el monopolio de la coerción. A estas se suman la desinformación y la inteligencia artificial, la movilidad humana a gran escala, y la triple crisis planetaria (cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación).
El informe advierte que estas tendencias no han derivado en un colapso generalizado, pero sí han erosionado de manera significativa la calidad y la legitimidad de los sistemas políticos de la región. La violencia política, en este contexto, ha adoptado formas cada vez más confrontativas: cuatro de cada diez países con el mayor nivel de violencia política del mundo se encuentran actualmente en América Latina y el Caribe.
Ecuador: el asesinato de la fiscal Bravo Cedeño expone el colapso de las garantías para quienes investigan al crimen organizado
La fiscal del Ministerio Público en Manta, Gloria Alexandra Bravo Cedeño, fue asesinada junto a su hermana el 14 de junio de 2026. Gloria investigaba casos de homicidio, secuestros y crimen organizado en la provincia de Manabí. Un tiempo atrás, había expresado a Human Rights Watch los peligros de trabajar como fiscal en el contexto político y social que atraviesa el país.
Lo cierto es que el asesinato de Gloria no es un hecho aislado, más bien se trata de un patrón social en Ecuador. Es la tercera fiscal asesinada en Manta desde 2022, y desde 2020 son al menos 26 los jueces, fiscales y funcionarios judiciales muertos en todo el país. En mayo de este año, otros dos funcionarios de la fiscalía fueron asesinados y, el mismo mes, la jueza Lady Pachar también fue ejecutada.
El presidente Daniel Noboa ya ha recurrido múltiples veces, desde su asunción en noviembre de 2023, a la declaración del estado de excepción. En enero de 2024 declaró el conflicto armado interno en el país, y el mismo día en el que fue asesinada la fiscal Bravo, 16 de junio, firmó nuevamente el estado de excepción por 60 días en diez provincias del país. En el mismo decreto, el presidente señala que entre el 1 de mayo y el 12 de junio se registraron 879 homicidios.
Ecuador se encuentra atravesando una grave crisis de seguridad y violencia. En un informe 2026, Human Rights Watch señaló que la estrategia de seguridad del presidente no ha logrado contener la violencia y ha derivado en un aumento de las denuncias por violaciones de derechos humanos.
Perú: la CIDH lleva a la Corte IDH un caso contra Perú por la falta de reconocimiento de la identidad de género en el país
El 18 de junio de 2026 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de un caso contra el Estado peruano por la falta de reconocimiento legal integral de la identidad de género de Karen Mañuca Quiroz Cabanillas.
La acción se funda en las obligaciones de Perú bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos de garantizar la igualdad ante la ley, la no discriminación y el derecho a la identidad, derechos amparados en los artículos 1.1, 18 y 24 de la Convención.
Perú carece de una ley de identidad de género que permita el cambio de nombre y de marcadores de género en documentos de identidad por vía administrativa, debiendo hacerlo por instancias judiciales. La Corte IDH ya se ha pronunciado en el año 2017 acerca de este tipo de obstáculos en la Opinión Consultiva OC-24/17, declarándolos incompatibles con los estándares interamericanos. El acceso al reconocimiento de la identidad de género no puede estar condicionado a requisitos médicos, psicológicos ni judiciales.
Bolivia: la fractura política se profundiza
La realidad que está atravesando el conflicto social boliviano no hace más que profundizarse. Desde que comenzaron las protestas y los bloqueos en carreteras por parte de grupos sociales como sindicatos, pueblos indígenas y organizaciones campesinas, la fractura política no ha podido ser reparada.
Los reclamos convergen en el pedido de renuncia del presidente Rodrigo Paz, tras haber anunciado reformas estructurales que afectarían significativamente a estos grupos.
Asimismo, se ha gestado un malestar social significativo: ya se han declarado cinco muertos indirectos por imposibilidad de recibir atención médica ante el corte de carreteras, y los hospitales de La Paz fueron declarados en emergencia por falta de oxígeno.
En este contexto, el 28 de mayo la Oficina de ONU de Derechos Humanos en América del Sur expresó su preocupación por las personas fallecidas o heridas durante los operativos de desbloqueo, exigiendo que se realicen investigaciones independientes e imparciales.
El 19 de junio el gobierno y la Central Obrera Boliviana alcanzaron un acuerdo en el cual el Estado se comprometía a no privatizar empresas estratégicas, revisar la ley de pensiones y no criminalizar la protesta. Sin embargo, pocas horas después de la firma, Paz declaró el estado de excepción por 90 días en el territorio boliviano, desplegando fuerzas policiales para despejar las rutas.
El estado de excepción no resolverá las tensiones políticas de la política boliviana, y tampoco suspende las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos, por lo que las instancias de diálogo entre las partes no pueden perder protagonismo.
Venezuela: la CIDH condena el uso sistemático de la tortura en centros de detención venezolanos
En el Día Internacional en Apoyo de las Víctimas de la Tortura, conmemorado el 10 de junio, la CIDH condenó el uso sistemático de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas privadas de su libertad en centros de detención venezolanos bajo control de fuerzas de seguridad del Estado.
El pronunciamiento se basa en testimonios documentados por la propia Comisión a lo largo de sucesivos períodos de monitoreo, y se enmarca en el patrón estructural de violaciones que caracteriza a los centros penitenciarios del país.
En su función de garante de derechos humanos en la región, la CIDH exhortó al Estado venezolano a garantizar condiciones de detención acordes con los estándares internacionales. También instó a permitir el acceso independiente a los centros penitenciarios, y a impulsar investigaciones internas.
La crisis humanitaria se agrava en Venezuela tras los devastadores sismos del mes de junio.
Los terremotos que afectaron al estado de La Guaira, en el norte de Venezuela, durante el mes de junio profundizaron una situación humanitaria ya marcada por años de crisis económica, institucional y social. Según estimaciones de Naciones Unidas, entre 6 y 8 millones de personas podrían haberse visto afectadas por el desastre, mientras los balances preliminares contabilizan más de 1.400 personas fallecidas, más de 3.000 heridas y decenas de miles de desaparecidas, en un contexto en el que continúan las labores de búsqueda y rescate.
Las consecuencias de los sismos han puesto nuevamente de manifiesto las limitaciones estructurales del país para responder a emergencias de gran magnitud. La destrucción de viviendas, el colapso de infraestructuras esenciales, el desplazamiento de miles de familias y las dificultades para acceder a servicios básicos han incrementado las necesidades de protección y asistencia humanitaria de amplios sectores de la población.
En este contexto, organismos internacionales han advertido sobre la necesidad de reforzar la cooperación internacional y garantizar una respuesta coordinada que permita atender a las personas desplazadas, asegurar el acceso a servicios esenciales y mitigar el impacto de una catástrofe que amenaza con agravar aún más las condiciones de vulnerabilidad preexistentes en el país.
UNICEF advierte que uno de cada tres niños y niñas de la región enfrenta al menos tres peligros climáticos simultáneos
UNICEF presentó en la Ciudad de Panamá un informe sobre los riesgos climáticos para la infancia. El documento realiza un análisis detallado sobre la exposición de la niñez en la región de América Latina y el Caribe a múltiples amenazas climáticas que se combinan.
Las conclusiones son alarmantes: alrededor de 58 millones de niñas, niños y adolescentes de la región, aproximadamente uno de cada tres, están en riesgo de enfrentar al menos tres peligros climáticos de forma simultánea. Esto deriva en consecuencias directas a su salud, su acceso a la educación y sus posibilidades de supervivencia.
El organismo mapea la exposición a ocho amenazas: inundaciones costeras, sequías, calor extremo, incendios, olas de calor, inundaciones fluviales, tormentas de arena y tormentas tropicales. Esto se traduce a 141 millones de niñas y niños expuestos a olas de calor crecientes en América Latina, y a 118 millones que enfrentan riesgos de sequías. Mientras que, en el Caribe se concentra la mayor exposición a tormentas tropicales, sumado a la contaminación atmosférica que afecta a la totalidad de la infancia regional.
Además, las amenazas climáticas no golpean de forma uniforme, sino que agravan de manera desproporcionada las desigualdades preexistentes afectando con mayor severidad a las comunidades más vulnerables. Por esto mismo, el rol de los gobiernos de la región es central, deben fortalecer los sistemas de protección social centrados en la niñez y trabajar de manera integral en un enfoque de derechos de la infancia en sus políticas climáticas.
Colombia ante unas elecciones que definen el rumbo del proceso de paz y el modelo de seguridad
El 21 de junio de 2026, Colombia celebró la segunda vuelta presidencial con un margen electoral muy disputado. En ella, se enfrentaron el actual senador Iván Cepeda, y el empresario Abelardo de la Espriella. Ambos con visiones opuestas sobre el Estado, la seguridad y la paz.
Cepeda, por su parte, buscó representar la continuidad del proceso de paz y ser un heredero del gobierno del actual presidente Petro. En cambio, de la Espriella presentó ideas disruptivas como la construcción de mega cárceles, menos presencia del Estado y el fin de las negociaciones con los grupos paramilitares.
El contexto social en el que se desarrollaron las elecciones no es un factor menor. El conflicto armado del país no termina de ceder, de hecho se ha profundizado durante los últimos años en manos de las disidencias que, además, ampliaron su control sobre zonas rurales más vulnerabilizadas. Y es que, con estos factores endógenos influyendo en el contexto, las elecciones de segunda vuelta tuvieron la mayor participación histórica del país con un padrón del 63%.
En este marco, De la Espriella ganó la segunda vuelta por un margen de menos de un punto porcentual.
En este contexto, tanto el proyecto político del candidato vencedor, como el estrecho margen electoral con el que obtuvo el triunfo, ponen en desafío no solo su legitimidad, sino que además hacen que surjan las preguntas de cómo se reconfigurará el proceso de paz que atraviesa el país desde 2016, si continuará el compromiso asumido por el gobierno predecesor con las víctimas del conflicto, y cuál será el posicionamiento regional que tomará Colombia ante el mundo.
Argentina: una disputa sobre soberanía económica y control de recursos estratégicos
El gobierno de Javier Milei confirmó que se otorgó la concesión de la hidrovía Paraná-Paraguay a un consorcio conformado por la empresa belga Jan De Nul y a la firma local Servimagnus. Se trata de la vía navegable más importante de Argentina, que abarca más de 1.400 kilómetros, por los que circula más del 80% de las exportaciones del país.
La decisión reabrió una discusión estratégica sobre soberanía económica. La concesión se otorgó por 25 años, un cuarto de siglo, a la empresa belga que no es un nuevo actor en el Río Paraná. La corporación ya había obtenido la concesión, manejando la hidrovía por 25 años (1995-2021), con escándalos internacionales de corrupción en el medio de su gestión.
Las críticas a la decisión intentan advertir acerca de la pérdida de control estatal sobre un corredor logístico de gran importancia geopolítica en la región. Sin embargo, la discusión excede a lo logístico. Se busca enfatizar, en realidad, la concentración del negocio en compañías extranjeras en un rubro que opera en los recursos estratégicos de la región.
En un contexto geopolítico que está marcado por la competencia de control comercial y apoderamiento de recursos estratégicos, el control del Paraná en manos extranjeras se convierte en un campo de disputa de soberanía que demanda de la presencia del Estado argentino.
